La Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios (AVERU), se dirige a la comunidad universitaria y al país ante
la crisis de seguridad que viene afectando el normal desenvolvimiento de las
universidades de gestión pública y privada, y en general al pueblo de
Venezuela.
A la situación de inseguridad se suma
el colapso presupuestario que ha ocasionado la falta de insumos en oficinas,
laboratorios, bibliotecas y aulas imposibilitando las labores de
docencia, investigación y extensión lo que mantiene a nuestras las casas de
estudios en un mínimo de operatividad e inexorablemente conduce a un cierre
técnico como una forma de aniquilar el pensamiento científico y humanístico de
la academia venezolana.
La seguridad como función pública por
mandato Constitucional Nacional es competencia y responsabilidad esencial del
Estado, la cual debe ser ejercida con la sociedad civil para lograr la
convivencia ciudadana en un clima de paz, justicia, y en pleno goce y
garantía de los derechos humanos, y en condiciones que promuevan el ejercicio
de los derechos en el ámbito social, político, económico, cultural, geográfico,
ambiental y militar.
Dentro del contexto jurídico nacional
compete al Ejecutivo Nacional a través de los órganos de seguridad ciudadana la
obligación de garantizar el orden público, la protección de los ciudadanos,
hogares, bienes públicos y privados, así como asegurar el pacifico disfrute de
los derechos constitucionales, función que debe ser cumplida en coordinación
con la Fiscalía General de la Republica y la Defensoría del Pueblo.
El artículo 109 constitucional
establece la autonomía universitaria como la potestad de dictar sus normas de
gobierno, funcionamiento y administración, en concordancia con el artículo 7 de
la Ley de Universidades que regula el control, vigilancia de la población
universitaria, sus bienes, y la inviolabilidad del recinto universitario. En
ejercicio de estas competencias desarrolladas en las leyes vigentes se han
interpuesto ante los distintos órganos de seguridad ciudadana, Fiscalía y
Defensoría del Pueblo todas las acciones dirigidas al resguardo y protección
del derecho a la vida y de los bienes.
Las universidades como parte de la
sociedad venezolana no están exentas de la grave situación de inseguridad que
afecta al país, los innumerables hechos delictivos dentro de los recintos
universitarios han causado un daño patrimonial de difícil o imposible
reparación debido a las limitaciones e insuficiencias de recursos
presupuestarios.
La actual crisis económica y social
ha generado miseria y pobreza en la población con la consecuente
descomposición del entorno familiar como uno de los factores sociales
determinantes de la criminalidad, en Venezuela el incremento de la violencia
está directamente asociado a la falta de institucionalidad democrática y a la
impunidad por falta de voluntad política para resolver los grandes problemas
del país.
Repudiamos los hechos de violencia e inseguridad en las instituciones de educación superior toda vez que afecta e imposibilita se cumpla con la noble y reconocida labor en la formación de los ciudadanos, y en la prestación de servicios públicos conjuntamente con instituciones del Estado que son vitales para la población, causando además la suspensión de las actividades de docencia, investigación y extensión comprometiendo la salud de nuestro pueblo el cual forma parte del derecho constitucional a la vida.
Repudiamos los hechos de violencia e inseguridad en las instituciones de educación superior toda vez que afecta e imposibilita se cumpla con la noble y reconocida labor en la formación de los ciudadanos, y en la prestación de servicios públicos conjuntamente con instituciones del Estado que son vitales para la población, causando además la suspensión de las actividades de docencia, investigación y extensión comprometiendo la salud de nuestro pueblo el cual forma parte del derecho constitucional a la vida.
Rechazamos de forma categórica la
indolencia e inactividad de los órganos de seguridad del Estado llamados a
proteger y velar por la integridad física y patrimonial de nuestras casas de
estudios, la falta de decisiones por parte de los órganos competentes es tan
dañina como los delitos cometidos en los campus universitarios y generan
impunidad que estimula nuevos hechos punibles que afectan y devastan la
academia.
Consideramos inaceptable las declaraciones emitidas en las redes sociales por el ciudadano Gobernador Rafael Lacava en contra de las Autoridades de la Universidad de Carabobo, quien recurriendo a un lenguaje soez, ofensivo y difamatorio, alega la autonomía universitaria para justificar el fracaso gubernamental en materia de seguridad ciudadana, su irresponsabilidad queda en evidencia ante la imposibilidad de explicar los índices delictivos a nivel nacional.
Exhortamos al Ejecutivo Nacional a la reinstitucionalización del país para que
los ciudadanos vivamos con dignidad y paz, asimismo hacemos un llamado a los
órganos de seguridad del Estado a implementar los mecanismos y acciones
dirigidas a corregir los índices delictivos que agobian a la sociedad civil, y
en particular a los miembros de nuestra comunidad universitaria quienes con
sentido de pertenencia y compromiso trabajan y estudian, pese a las condiciones
adversas de presupuesto, salario digno y seguridad, exaltando con
su labor la función rectora en la educación, la cultura y la ciencia al
servicio de la Nación.
La Asociación de Venezolana de
Rectores Universitarios, emplaza al Ejecutivo Nacional, a los Poderes Públicos,
Fuerzas Armadas Nacionales y Órganos de Seguridad a reconocer que se ha
quebrado el pacto social y la institucionalidad del país, comprometiendo el
normal desenvolvimiento de la Nación por lo cual exigimos solución urgente al
problema de la criminalidad y la violencia.
Caracas a los 29 días del mes de
junio de 2018.
Rectores(as) que suscriben por
AVERU.
CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ,
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
MARIO BONUCCI ROSSINI, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY, UNIVERSIDAD METROPOLITANA
JESSY DIVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE CARABOBO
MILENA BRAVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE ORIENTE
JUDITH AULAR DE DURAN, UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ENRIQUE PLANCHART ROTUNDO, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
RAÚL LOPEZ SAYAGO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
RITA ELENA AÑEZ, UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
NELLY VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
ANTONIETA ROSALES DE OXFORD, UNIVERSIDAD DE MARGARITA
JUAN PEDRO PEREIRA MEDINA, UNIVERIDAD YACAMBU
RAUL CASANOVA OSTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
FRANCISCO FEBRES-CORDERO CARRILLO, UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
MARIO BONUCCI ROSSINI, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY, UNIVERSIDAD METROPOLITANA
JESSY DIVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE CARABOBO
MILENA BRAVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE ORIENTE
JUDITH AULAR DE DURAN, UNIVERSIDAD DEL ZULIA
ENRIQUE PLANCHART ROTUNDO, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
RAÚL LOPEZ SAYAGO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
RITA ELENA AÑEZ, UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
NELLY VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
ANTONIETA ROSALES DE OXFORD, UNIVERSIDAD DE MARGARITA
JUAN PEDRO PEREIRA MEDINA, UNIVERIDAD YACAMBU
RAUL CASANOVA OSTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
FRANCISCO FEBRES-CORDERO CARRILLO, UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
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