Jefes del hampa sustituyeron los
señuelos de poder o de lujo por la de alimentos básicos y préstamo de dinero
para incorporar a los muchachos al mundo delictivo, según el OVV en su estudio
2017
Las
organizaciones delictivas encontraron tierra fértil en la crisis económica y en
la pobreza generalizada en el país para fortalecer su estructura. El informe
correspondiente a 2017 del Observatorio Venezolano de Violencia señala que las
técnicas de reclutamiento empleadas generalmente por estos grupos criminales
para la conquista de “miles de jóvenes”, que anteriormente estaban basadas en
el poder y el lujo, entraron en desuso en 2017 frente al hambre y la necesidad,
de acuerdo con los datos recabados por sus equipos en siete estados que
concentran 49% de la población nacional.
“Las
bandas delictivas brindan apoyo material a quienes identifican como pobres o
vulnerables, regalándoles comida, prestándoles dinero, lo que les permite la
captación de muchachos para quienes estos jóvenes armados son “buenas” personas
a quienes les “gusta ayudar” y hasta aconsejar en casos de necesidades y problemas”,
indica el estudio que afirma que las tres cuartas partes de las víctimas que
mueren por la violencia tienen menos de 30 años de edad y por ese motivo
también las tres cuartas partes de los que asesinan tienen también 29 años de
edad o menos.
“Los
grupos delictivos están avanzando con la conquista de miles de jóvenes que
incursionan en la violencia y cuyo destino está siendo la muerte, la cárcel y
la frustración de tantos sueños y esperanzas forjados por sus familias y
comunidades”.
Frente
a esta realidad, la OVV constató el aumento de la inseguridad personal ante el
deterioro de policías, tribunales y cárceles, componentes indispensables del
sistema de justicia penal para la contención del delito, en 2017.
Destacó
el importante retroceso en la pérdida de funcionarios que padecieron
los cuerpos policiales en 2017. “Durante todo el año fueron continuas las
renuncias de los agentes, que abandonaron sus puestos de trabajo para buscar
empleo y mejores salarios en el sector privado o para emigrar del país. Eso ha
llevado a una reducción del pie de fuerza de las policías que limita las
funciones preventivas y el servicio a la ciudadanía”, indica.
Los
investigadores señalan que la sustitución de este personal por las nuevas
promociones formadas de manera exprés “no pueden garantizar ni el personal
idóneo ni su capacitación adecuada para cumplir las importantes funciones que
se les encomiendan”.
Las
intervenciones de las policías municipales y regionales ocurridas durante todo
el año, con una clara motivación político-partidista después de las elecciones
regionales, “crearon una imagen negativa y parcializada de los policías ante la
población y una desmoralización entre los propios funcionarios, nuestros
estudios muestran que se sienten fichas del juego político y no servidores de
toda la comunidad”, expresa la OVV en el informe.
“La
implicación de los funcionarios policiales y militares en la comisión de robos,
secuestros, tráfico de drogas y homicidios constituye una grave pérdida para la
sociedad. La denuncia pública de la fiscal general de la República que 20% de
los homicidios en el país; es decir, uno de cada cinco, son cometidos por
funcionarios policiales, es de suma gravedad”, apunta y agrega que los estudios
realizados por los observatorios regionales reportaron que 19,5% de todos los
delitos violentos conocidos por la sociedad durante el año 2017 “tuvieron como
autores a funcionarios policiales militares”.
El
estudio hizo mención a la situación de las cárceles convertidas en “clubes
sociales del crimen y centros para la planificación y ejecución de delitos
fuera del recinto penitenciario”. “Esto constituye la mayor afrenta posible al
sistema de justicia penal”, advierte y le recuerda al Estado que es el
responsable de ejecutar políticas adecuadas y planes eficaces para la
prevención del delito y ofrecerles seguridad a las personas y a sus bienes.
Por OLGALINDA PIMENTEL R. | ROSIBEL GONZÁLEZ
03 DE ENERO DE 2018 01:15 AM
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