Las importaciones masivas para suplir la caída de
la producción nacional carecen de evaluaciones de control de calidad y registro
sanitario
Aunque pasaron de ser entregados en una bolsa a venir
dentro de una caja de cartón, los 12 productos que distribuyen los Comités de
Locales de Abastecimiento y Producción no equivalen en espacio ni siquiera a la
mitad del tradicional carrito de mercado. La idea de personas recorriendo
pasillos para decidir qué producto y en qué cantidad comprar ya estaba
descartada con el creciente desabastecimiento pero quedó totalmente abolida con
la implementación de los CLAP.
En Hogares de la Esperanza, un centro dedicado a la
atención de los hijos de mujeres presas, ubicado en San Antonio de Los Altos,
en Miranda, han tenido que reinventarse para mantener las tres comidas diarias
y que sigan siendo balanceadas. “Empezamos a hacer arepas de zanahoria y
remolacha. Ya teníamos dos semanas en ese plan y un día la hicimos de yuca con
crema de arroz. Uno de los niños me dijo ‘tía, gracias por la comida, pero yo
quiero una arepa de verdad”, cuenta la hermana María José González, directora
administrativa del hogar. La escasez ha cambiado la dieta.
“No es que no busquemos alternativas, estamos
haciéndolo y con asesoría nutricional, pero la crisis nos está cambiando el
tipo de comida que consumimos. Hace tiempo que en el hogar no podemos hacer
pabellón, por ejemplo. Cuando hay arroz, no hay carne, cuando hay carne no hay
caraotas. Es inaceptable que la gente no pueda comer su comida, porque mientras
estemos pensando en conseguir los alimentos no vamos a pensar en nada más”,
dice González.
Los patrones alimentarios definen a las
poblaciones. Son una representación de su cultura, nacionalidad, selección
natural e incluso evolución. “Cuando el patrón se altera eso es una violación a
la seguridad alimentaria. Aquí se altera el patrón alimentario de una forma muy
dramática no porque el venezolano lo decida sino porque no tiene acceso a alimentos
que le son totalmente afines”, explica María Soledad Tapia, profesora del
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de
Venezuela.
La última Encuesta de Condiciones de Vida,
realizada en 6.413 hogares de todo el país por la UCV, la Universidad Simón
Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, refleja que las preferencias de
compra han cambiado en la población. Desde 2016 las hortalizas y los tubérculos
se encuentran en los primeros lugares de la lista de productos que las personas
adquieren, por encima de la carne o el pollo que quedan relegados a la sexta y
séptima opción. Las primeras siguen siendo harina de maíz, arroz y harina de
trigo. Según ese sondeo, 48,7% de la población cree que su dieta es monótona o
deficiente.
“Uno de los principios de la alimentación es que la
persona coma lo que quiere. El Estado se lleva eso por delante al no
garantizar la producción de alimentos y con la implementación de los CLAP. Cómo
obligas a alguien a pagar por un frasco de mayonesa si quizás una familia
prefiere comprar un paquete de harina que necesita más y le rinde más”, critica
Susana Raffali, nutricionista experta en seguridad alimentaria en situaciones
de emergencia y desastres.
El gobierno nacional asegura que se está beneficiando
a 25% de los venezolanos con la distribución de productos. Sin embargo, lo que
trae la caja dura entre 5 y 10 días. “Es un fracaso masivo desde el punto de
vista de las garantías de seguridad alimentaria”, señala Raffali.
El contenido de la caja no es balanceado, no
incluye productos frescos como frutas y hortalizas, por ejemplo, no es uniforme
pues no todas contienen lo mismo, y no es regular en la entrega. Pero además de
eso, como la producción nacional no es suficiente, el gobierno ha optado por
importar alimentos de países como Colombia, Brasil, Panamá y México para
distribuir a través del CLAP. Esos productos no siempre cumplen con las normas
venezolanas y la mayoría no cuenta con registro sanitario nacional señalado en
el empaque.
El 20 de agosto de 1992 se publicó en Gaceta
Oficial el decreto presidencial N° 2.492 para el enriquecimiento de la
harina de maíz precocida, luego de que estudios nacionales indicaran que había
déficit de vitamina A, hierro y vitaminas del complejo B en la población. Los
expertos determinaron en ese momento que la harina era el vehículo idóneo para
aportar esos nutrientes por su fácil acceso, amasado, preparación, cocción
rápida, amplio consumo y precio asequible entre los venezolanos. “Esa acción
ayudó a reducir los niveles de anemia en el país. Pero los reportes del
programa de vigilancia de fortificación de harina que llevaba el Instituto
Nacional de Nutrición dejaron de publicarse”, indica Raffali.
El diputado Carlos Paparoni, vicepresidente de la
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denuncia que las harinas
importadas para los CLAP no cuentan con enriquecimiento “La harina mexicana es
para hacer tortillas y no para arepas, por lo que no tiene fortificación.
Además, se gasta más harina en la preparación. Un kilo de harina venezolana
alcanza para hacer 20 arepas, mientras que 1 kilo de harina mexicana rinde para
15 a 17 arepas. La leche en polvo tampoco viene enriquecida con proteínas y
minerales como la nuestra y muchas veces ni siquiera es leche sino producto a
base de lactosa”.
Riesgos a granel
El distintivo nacional de las cajas CLAP es la
etiqueta en la que aparecen las caras del presidente Nicolás Maduro y del ex
presidente Hugo Chávez. Tienen mensajes que aluden al poder popular, la
contraloría social y la producción local. El contenido, sin embargo, no tiene
nada de patriótico. Aunque uno de los objetivos de la Gran Misión de
Abastecimiento Soberano y Seguro era “disminuir paulatinamente la dependencia
de abastecimiento externo de productos estratégicos”, desde que fueron
publicados los lineamientos de la misión en el decreto presidencial N° 2.367 en
la Gaceta Oficial N° 40.941, el 11 de julio de 2016, la presencia de alimentos
importados se ha incrementado en el contenido de las cajas.
“Al consumir este producto, usted apoya el
desarrollo del campo mexicano”, dice la bolsa de caraotas, por ejemplo.
Mientras tanto, los productores venezolanos mantienen una deuda de 1.500
millones de dólares con proveedores internacionales de materia prima por falta
de liquidación de divisas por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior,
Cencoex; los ganaderos abastecen apenas 25% del consumo nacional de carne y 40%
del de leche, según datos de Fedenaga; y la producción agrícola de 2017 solo
podrá cubrir 30% de la demanda del país, de acuerdo con Fedeagro.
El decreto presidencial, además, faculta al Comando
para el Abastecimiento Soberano para la “simplificación y agilización de
trámites administrativos para la procura y nacionalización de productos
estratégicos” para sectores de la agroindustria e industrias vinculadas con la
salud, la producción de bienes para la higiene personal y aseo del hogar.
La flexibilización de normas de importación supone
evaluar el riesgo-beneficio asociado. Los alimentos, explica el profesor Amaury
Martínez, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCV,
pueden contaminarse con micotoxinas que tienen efectos cancerígenos a largo
plazo. “Una crisis como la nuestra es una triada: problema político, económico
y social. Hay que jugar con el riesgo-beneficio. Algunas de estas micotoxinas
que vienen con el maíz pueden generar cáncer a largo plazo, pero con la
importación resuelves el problema inmediato de la población”.
Por eso, señala el experto, es necesario que se
cumplan los rigurosos pasos de control de calidad. Los procedimientos de
importación de alimentos establecen que un funcionario del Ministerio de
Alimentación debe ir al país al que se le va a comprar comida a evaluar el
producto. “Puede pedirse que cada hora se tome una muestra de los paquetes de
harina, por ejemplo, luego mezclas todas esas muestras y sacas otra más pequeña
que es la que se analiza”, señala. Lo mismo debe repetir el Instituto Nacional
de Higiene cuando la carga llega al país.
La laxitud en el control de calidad se traduce en
otra preocupación: las importaciones que se hacen a granel, pues no se conocen
las condiciones de los depósitos en los que se acopian los alimentos antes de
ser empaquetados. La única información al respecto, que proporciona la página
web de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa, es que
cuentan con ocho centros operativos para el almacenamiento seco de los
alimentos que tienen capacidad para guardar hasta 23.420 toneladas. Aunque no
señalan la ubicación de cada centro, a Raffali le preocupa que no se cumplan
con criterios de seguridad e inocuidad. “Hay normas mínimas que la industria
venezolana ha sabido llevar con rigor y confiabilidad. La sustitución que han
hecho los CLAP de la industria alimentaria está llena de riesgos. No
necesitábamos perder el sistema habitual de distribución de alimentos”, critica
la nutricionista.
Además advierte que con algunos de los productos
empaquetados que se traen del exterior se están violando normas de etiquetado,
pues vienen en otros idiomas y no garantizan que los usuarios entiendan el
contenido de lo que están consumiendo.
“Para importar cualquier tipo de alimento preparado
o materia prima, tiene que existir una certificación del ministerio que
compruebe que el producto es alimenticio, que está libre de riesgos, que es
inocuo y que cumplen normas de calidad. Eso es sometido a la dirección de
Contraloría Sanitaria, que recibe todos los recaudos y emite un veredicto, hace
la aprobación y da un registro sanitario, indispensable para importación,
distribución y consumo”, agrega José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad.
El costo de las pruebas de inocuidad varía entre
150.000 y 200.000 bolívares dependiendo de su nivel de especificidad. Se
desconoce si se están realizando, pero hay antecedentes que levantan
suspicacias.
En 2015, un grupo de investigadores publicó en el
número 46 de la Revista del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” los
resultados de los análisis de muestras de alimentos importados y vendidos a través
de Mercal en el estado Nueva Esparta entre 2006 y 2014. La investigación
verificó 101 lotes con 370 unidades de muestras, recolectadas por inspectores
públicos, de alimentos envasados como harina de maíz, leche en polvo, pasta
alimenticia, mortadela, salchicha cocida, carne congelada, pollo congelado,
leche, atún enlatado y carne de almuerzo. De los 101 lotes, 54 procedían de
Venezuela, 24 de Brasil, 9 de Ecuador, 6 de Argentina, 5 de Nicaragua, 1 de
Colombia, 1 de Italia y 1 de Uruguay.
2 lotes de leche y 2 de carne congelada presentaron
cantidades superiores a las permitidas de aerobios mesófilos, un indicador de
calidad microbiológica, en alguna de las unidades analizadas. 3 de los 9 lotes
de salchichas cocidas incumplieron alguno de los requisitos recomendados de
calidad; así como 5 de los 16 lotes de harina de maíz mostraron recuentos de
mohos por encima de la norma y 10 de los 17 de leche en polvo presentaron
recuentos de esporas termófilas, identificadas más frecuentemente en los
últimos 4 años de la investigación. La conclusión del INH es que había fallas
de control durante la cadena de producción, reenvasado, almacenamiento a
temperaturas adecuadas o comercialización de materias primas o productos
terminados.
“Por leyes internacionales, ningún país debe enviar
cargamentos con alimentos que excedan sus normativas locales, pero igual muchos
lo hacen porque los productos que no aceptan en un país se envían a países con
normativas más laxas”, advierte Martínez.
El negocio
de la caja
Las
denuncias del diputado Paparoni asociadas a la importación de productos para la
distribución a través de los CLAP señalan a Samark López, dueño de la empresa
Postar Intertrade Limited —y supuesto socio del vicepresidente Tareck el
Aissami y sancionado recientemente por Estados Unidos— como uno de los
beneficiarios del sobreprecio de 337,5% que se le carga al Estado y de 2.814% a
los consumidores. La caja cuesta 8 dólares, pero Venezuela la paga en 35
dólares (con divisas aprobadas por Cencoex a tasa preferencial de 10 bolívares
por dólar) y luego los usuarios la adquieren en 10.200 bolívares y no en 350
bolívares que sería el precio al cambio oficial.
Las
acusaciones no han tenido respuesta oficial. En la página web del Servicio
Autónomo de Contraloría Sanitaria, las últimas noticias son una réplica contra
el contralor del estado Bolívar a quien se le acusó de desmantelar la sede de
esa entidad, una jornada de inspección en plantas purificadoras de agua, y una
jornada especial de tramitación de licencias para trabajadores de la
institución de la sede central. La falta de importancia que le dan a las
denuncias de Paparoni se repiten en los sitios web de otros entes como el
Ministerio de Alimentación, de Salud, el INH y el INN.
Aunque el
gobierno asegura que sus acciones apuntan a resolver la crisis alimentaria del
país, solo 0,9% de las personas dice que los CLAP son su fuente de
abastecimiento principal. “Lo que se necesita para restaurar la seguridad
alimentaria es restablecer la industria alimentaria nacional, y restituir las
formas de procesar, distribuir y vender nuestros productos habituales”, asegura
Raffali.
Se duplican brotes de enfermedades transmitidas por
alimentos
La vigilancia del número de brotes y casos
relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos —infecciones o
intoxicaciones— puede funcionar como indicador de la inocuidad de los productos
que se están consumiendo en el país. De acuerdo con los Boletines
Epidemiológicos elaborados por el Ministerio de Salud, en la última década ha
habido cambios en el comportamiento de este tipo de patologías: durante el
primer quinquenio, de 2007 a 2011, se produjeron 137 brotes de enfermedades
transmitidas por alimentos, con un promedio de 37,4 brotes anuales; mientras
que entre 2012 y 2016 se duplicó la cantidad de brotes a 279, con un promedio
de 55,8 brotes anuales.
Representado en número de casos también hubo un
aumento. En el primer período se registraron 3.873 casos (774,6 casos anuales)
y durante el segundo período ocurrieron 4.040 casos (808 casos anuales). “Una
de las explicaciones para este ascenso podría vincularse con la calidad de los
alimentos que consumimos en Venezuela, especialmente aquellos que carecen de
garantías de inocuidad”, señalaron en un comunicado la Sociedad Venezolana de
Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología.
Por lo tanto, instaron al gobierno nacional y al
Ministerio de Salud a aclarar si se están cumpliendo a cabalidad las
disposiciones obligatorias para el consumo y comercialización del Reglamento
General de Alimentos del ministerio y sus normas complementarias.
Sin versión oficial
Con el fin de conocer los procesos de control de calidad de los alimentos que se importan y consumen en el país, El Nacional, visitó las sedes del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y del Instituto Nacional de Nutrición. Ningún funcionario proporcionó información. También se solicitaron entrevistas a través de los correos electrónicos del Ministerio de Alimentación y del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. No se obtuvo respuesta.
El contenido de la caja dura entre 5 y 10 días
By MARÍA EMILIA JORGE M. MJORGE@EL-NACIONAL.COM
26 DE FEBRERO DE 2017 12:05 AM | ACTUALIZADO EL 26 DE FEBRERO DE 2017 11:28 AM
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