Gobierno nacional está obligado a respetar trabajo de la prensa en la Toma de Venezuela

Los sectores de la oposición venezolana han convocado a una nueva movilización masiva: la Toma de Venezuela. Este acontecimiento posee un elevado carácter noticioso por darse en el contexto actual de conflicto político que se resume en: suspensión del derecho al voto, falta de independencia de los poderes públicos y desconocimiento del Poder Legislativo. Entre enero y septiembre de 2016, Espacio Público ha registrado 240 violaciones a la libertad de expresión. Durante este período, el gobierno es responsable de las 87 violaciones que han ocurrido solo en el marco de las coberturas de manifestaciones públicas y movilizaciones políticas en el contexto del referéndum revocatorio. En lo que va de año y en este mismo contexto, la organización ha contabilizado 99 víctimas: 61 periodistas, 27 reporteros gráficos, 7 medios de comunicación, 2 infociudadanos, 1 camarógrafo y 1 directiva de medio. Estas cifras revelan una violencia institucionalizada que busca mermar la discusión democrática y, en consecuencia, silenciar la crítica. Los casos se han registrado en 13 estados del país y el Distrito Capital. Ante estos antecedentes, Espacio Público considera prioritario garantizar las condiciones para que los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, productores, y trabajadores de la prensa en general que se dispondrán a realizar esta cobertura, puedan realizar su trabajo sin ser agredidos, censurados, atacados, amenazados, retenidos u hostigados. Espacio Público exige a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana, así como al gobierno nacional en su conjunto, que brinden garantías para el pleno desarrollo del ejercicio periodístico. El Estado en sus diversas instancias: sistema de justicia, tribunales, cuerpos de seguridad, funcionarios administrativos; están en la obligación de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, entre ellos la libertad de expresión, que comprende la posibilidad de buscar, recibir y difundir información. La omisión en la comisión de delitos no exime al Estado ni a sus funcionarios de la responsabilidad, lo que empeora cuando tal omisión se traduce en impunidad y facilita las agresiones, los robos y las amenazas contra la prensa. Esto impacta no solo en el desempeño periodístico y el goce del derecho al trabajo de los comunicadores, sino en la posibilidad de que la sociedad esté informada, que tenga acceso a diversas fuentes de forma oportuna sin limitaciones, pueda crear su propia opinión y ser parte de la discusión y solución de los problemas.   Las restricciones hacia los periodistas implican una violación generalizada del derecho a la libre expresión de la ciudadanía en su conjunto, lo que genera daños irreparables para la auténtica dinámica democrática de debate público, de allí que las consecuencias de su violación –directa o indirecta- constituyan delitos penales que no prescriben.