En la sabiduría popular venezolana existe un refrán que señala algo barato o de poco valor como: a precio de gallina flaca.
Esta expresión proviene de la experiencia del pueblo acumulada a través de los siglos. La inútil e incapaz ANC, antes de morir de mengua promulga la Ley Antibloqueo, bodrio que crea el centro internacional de inversión productiva, como organismo supervisor de los acuerdos y medidas para eludir las sanciones estadounidenses, pero en el fondo busca eludir lo establecido en la Constitución, referido a los contratos de orden público y la administración del patrimonio nacional. La norma establece una subordinación completa del ordenamiento legal y sublegal a un instrumento, que le concede al poder ejecutivo amplios poderes y adicional crea un sistema de reserva de la información sobre las operaciones que autoriza la propia norma. Provocando un manto de opacidad, incertidumbre institucional y un riesgo patrimonial para la República. En otras palabras, una norma al margen de la Constitución con la finalidad de rematar lo poco que queda de valor en el país.
El remate de la Nación realizada por la banda de delincuentes, es un proceso sin subasta, sin competencia y en el completo secreto. Las negociaciones se ejecutan con la objetividad e imparcialidad del dedo del poder, lejos de un proceso financiero ordenado para obtener divisas requeridas en este momento con urgencia. Derivado del manejo improvisado de la gestión económica, las fluctuaciones del mercado petrolero dejaron al país es una situación delicada, sin ahorros para hacerle frente a la coyuntura. Como consecuencia de esa ineptitud, se realizaron operaciones financieras para levantar fondos, que terminaron de resquebrajar la frágil estructura patrimonial de soporte. Ante la estreches de las finanzas públicas actuales, la Dictadura clavo una lanza en todo el territorio nacional y procede a la adjudicación directa de las pocas riquezas que quedan, como pillaje de guerra, obviando todos los procedimientos establecidos en el marco constitucional. La guerra que ocurre en la frontera con Colombia, específicamente en el estado Apure en este momento, es la consecuencia de la entrega a dedo de un territorio previamente asignado a otro grupo de delincuentes.
La entrega del territorio para construir fidelidades políticas y bélicas, dejando a la población abandonada a merced de los enfrentamientos de los grupos de bandoleros, que lucha por el control financiero del territorio. Cesión que ocurre en tanto en el ámbito rural como urbano. Desde las leyes habilitantes, pasando por estados de emergencia económica, estados de excepción producto de la pandemia y la ley antibloqueo, la Tiranía ha instrumentado un marco legal despótico para echarle mano a todo resguardo económico, sin restricciones de ningún tipo. El componente militar asume el control sobre el territorio, con poder de decisión sin la voluntad del soberano real. Venezuela fue abordada por un grupo de sicarios y forajidos, quienes realizan un robo programado de la nación, agregando en su ratería la destrucción total del país. La población indefensa ante la actuación de este conjunto de malandrines, quienes con licencia para saquear y robar ejecutan todo tipo de fechorías consentidas por el régimen, la actuación de las FAES es la prueba fehaciente de la resabiada.
Las riquezas gruesas que quedan las reparten a los colaboradores internacionales, y las migajas a la casta gobernante sobre todo a la uniformada. Personajes siniestros deambulan por la geografía nacional, como carroñeros realizando todo tipo de travesuras. Todos ellos tienen algo en común: su inmensa codicia y su total ignorancia. El remate interno de la Nación se evidencia en la distribución desproporcionada de los recursos, los cuales se asignan con criterios divorciados de la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. El sector militar es beneficiado en la asignación en comparación con otros sectores que contribuyen en la reducción de la pobreza, como la salud y la educación. En tiempos de revolución en Venezuela la acumulación de capital se concentra, en manos de privados conectados con el régimen que mantiene el poder, lo que produce desigualdad, por otra parte, lo que si es cierto es que la concentración de la riqueza inevitablemente se encuentra cada vez más en menos manos.
La Tiranía de forma enfermiza y terca sigue en su camino de imponer a trocha y mocha su modelo, en contra de la gran mayoría de los venezolanos que no perciben la solución de sus problemas presentes. La estructura de propaganda del régimen mantiene su libreto, de imponer realidades inexistentes y construir enemigos tanto internos como externos responsables de los problemas. El enemigo individual es desplazado de acuerdo a las circunstancias políticas presentes en el escenario, el discurso agresivo y desafiante es una práctica común de Maduro y sus lacayos, las descalificaciones pasan a amenazas instrumentadas por la estructura de represión del Estado. Pretender impulsar el desarrollo nacional y la protección de los derechos humanos con normas al margen de la constitución, como la utopía del poder comunal, es una artimaña que no tendrá reconocimiento tanto nacional como internacional. Los inversionistas exigen condiciones para invertir y los derechos humanos exigen el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la comisión especial de la ONU. Independientemente que existan carroñeros, con capitales golondrinas y fondos buitres dispuestos a asumir riesgos para realizar inversiones a precios de gallina flaca, en una Nación en la devastación total.
@germanrodri
Comunicacion continua
https://comunicacioncontinua.com/a-precio-de-gallina-flaca/
11 de Abril del 2021
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