La crisis venezolana conducirá, eventualmente, a un
significativo cambio político. El actual orden desaparecerá y un nuevo orden
surgirá. Este cambio, como sucede con los procesos históricos, tendrá un
carácter contingente y no dará forma, necesariamente, a un orden social
determinado.
Es cierto que la mayoría de los venezolanos rechaza el
conflicto político, el control económico o la corrupción e ineficiencia
estatales, pero de ello no se deriva que esa mayoría coincida, automáticamente,
en los principios que deberán sustentar un nuevo orden social. En realidad, una
gama de posibilidades, que van desde la restauración de antiguas dinámicas
políticas hasta la reinvención de nuestras instituciones, se abre ante los
venezolanos. Cuál de ellas predominará dependerá de una «constelación» de
factores: la manera en la que el régimen socialista acabe, las decisiones que
los agentes transformadores adopten, la nueva estructura de poder que se
conforme, la influencia que la movilización social y la opinión pública
alcancen, entre otros (Urbaneja, 2018). En esta encrucijada histórica tendrán
especial relevancia las ideas que, sobre la economía y la política, posean
quienes deban adoptar decisiones en los altos niveles del Estado y de la
sociedad.
En este breve ensayo presento un esquema conceptual y un
conjunto de ideas que, tal vez, sean de utilidad en el debate que, sobre un
nuevo orden social, los venezolanos debemos sostener. Al estar inmersos en la
lucha por recuperar la libertad y la democracia, ese debate ha tenido poca
relevancia. Podría argumentarse que tal hecho resulta conveniente pues una
prematura discusión pública sobre la forma del porvenir haría aflorar, desde
ahora, antagonismos entre sectores que hoy están alineados frente a la tiranía
socialista.
Pienso, por el contrario, que hay que dedicar tiempo, en
el exigente presente que hoy vivimos, a debatir sobre los principios
ordenadores de la sociedad que tendremos que reconstruir. De no ser así podrá
ocurrir que, ante el previsible fin del orden socialista, actores que debaten
poco pero que actúan resuelta y estratégicamente vayan tomando control de
procesos decisorios clave y acaben así configurando un orden social alejado de
las esperanzas de libertad, bienestar y justicia que muchos hoy tenemos. No
sería la primera vez que, en la historia latinoamericana, algo así aconteciese.
I
Sobre instituciones
Las instituciones son, de acuerdo a una concepción
ampliamente compartida, las reglas que limitan ciertas conductas y promueven o
habilitan otras. Las instituciones se manifiestan así en patrones estables y
predecibles de comportamiento, simplificándonos la realidad en la que debemos
actuar y disminuyéndonos a todos el costo asociado a la incertidumbre en
nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Sin instituciones,
entendidas de esta manera, una sociedad humana es simplemente imposible.
La presencia de las instituciones en cualquier sociedad
es amplia y diversa. Pueden tener una expresión formal, como una ley o una
política pública, pero también pueden manifestarse de manera informal en
numerosas normas sociales. El conjunto de instituciones que existe en una
sociedad, en un momento dado, es en realidad un complejo producto histórico y
está lejos de conformar un sistema coherente. Las instituciones de una sociedad
se solapan entre sí, se refuerzan mutuamente, compiten entre ellas, se
contradicen. Decía Tocqueville, por ejemplo, que «las leyes son siempre
vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres; las costumbres forman el
único poder resistente y duradero del pueblo» (Gomá, 2016). Por esta y otras
razones no es sino arrogancia suponer que un grupo pueda construir un orden
institucional perfectamente funcional.
Algunas instituciones pueden favorecer el interés general
(varios autores las denominan «inclusivas», aunque quizás baste con
calificarlas como justas). Otras instituciones, por el contrario, benefician a
algunos sectores en perjuicio de otros y se les ha dado en llamar instituciones
«extractivas» (Acemoglu y Robinson, 2012). Estas últimas son denominadas así en
alusión a la conducta orientada a extraer rentas, esto es, beneficios
particulares derivados de la capacidad para influir en centros decisorios estatales.
Me parece mejor, sin embargo, hablar de instituciones «excluyentes» como
concepto general y considerar a las instituciones «extractivas» como la
expresión de aquéllas en la dinámica económica.
En el ámbito económico el respeto a los derechos de propiedad,
la libertad de contratos o la promoción de la competencia, por ejemplo, son
instituciones «inclusivas» que no solo protegen la libertad individual sino
que, además, han demostrado su capacidad para incentivar las conductas que
explican el desarrollo, es decir, el emprendimiento, la productividad, la
innovación.
En ese mismo ámbito son reglas «excluyentes» las políticas
proteccionistas, los privilegios fiscales o la creación de monopolios, reglas
que benefician a determinados grupos o sectores y perjudican, directa o
indirectamente, al resto de los ciudadanos. En la esfera política, de modo
equivalente, los derechos al voto, a la participación o a ser electos a cargos
de representación pública son instituciones «inclusivas» mientras el voto
censitario, las limitaciones a la libertad de expresión o ciertas formas de
cabildeo son instituciones «excluyentes».
En términos muy esquemáticos podemos caracterizar a los
sistemas políticos y económicos con base en el predominio en ellos de
instituciones «inclusivas» o «excluyentes». Así, la democracia es un sistema
político basado en instituciones «inclusivas» y el autoritarismo un sistema
político constituido por instituciones «excluyentes». De modo semejante, una
economía competitiva o la competencia, a secas, es un sistema económico que
opera en el marco de instituciones «inclusivas» mientras el rentismo lo hace en
el de instituciones «excluyentes».
II
Cuatro modelos «puros»
Para fines analíticos resulta interesante, a partir de
las nociones presentadas, imaginar cuatro órdenes económico-políticos «puros»:
1. La coexistencia de un sistema político plural y
una economía basada en la competencia son dos de los rasgos que definirían, por
ejemplo, a la economía social de mercado (Casanova, 2016).
2. El pluralismo, asociado a una dinámica en la cual
el poder político y el poder económico, en búsqueda de beneficios grupales, se
potencian mutuamente, caracterizaría a una democracia rentista (modelo
que se correspondería, en parte, con el hoy llamado «crony» capitalism).
3. El autoritarismo orientado a garantizar la
existencia de una economía de mercado libre y competitivo daría forma a una
suerte de «liberalismo» autoritario. Vale advertir que las comillas son
importantes pues el liberalismo, en un sentido amplio, incluye las libertades
políticas.
4. El autoritarismo y un Estado intervencionista
constituirían las bases de regímenes patrimonialistas, un tipo de orden
que tendría en el socialismo burocrático y dictatorial una de sus
manifestaciones extremas.
Hay buenos argumentos para afirmar que, teóricamente, dos
de estos órdenes tienden a ser estables y otros dos, no (Acemoglu y Robinson,
2012). El pluralismo, en la medida en que dificulta la concentración del poder
político, obstaculiza también que éste sea utilizado por los actores económicos
para eludir la competencia mediante el logro de privilegios; visto de otro
modo: la competencia impide la concentración del poder económico y disminuye el
riesgo de que grupos de interés influyan en el proceso político. En tal
sentido, la economía social de mercado supone el mutuo reforzamiento
entre competencia y pluralismo y la activación de un «círculo virtuoso» de
desarrollo. Tal modelo es doblemente opuesto al patrimonialismo.
En efecto, la concentración del poder político y su
ejercicio autoritario por parte de una élite le permite a ésta influir en el
proceso económico y otorgarse a sí misma ⎯y a
grupos aliados⎯
privilegios generadores de rentas; la concentración de poder económico que esta
dinámica supone hace más fuerte la posición de la élite que ejerce el poder
político. Estamos así ante un régimen patrimonialista en el cual
quienes detentan el poder no sólo utilizan activos bajo su mando en su favor
sino también las instituciones y políticas públicas que puedan crear.
Autoritarismo y rentismo se potencian uno al otro, generando un «círculo
vicioso» de atraso y corrupción.
Los otros dos modelos resultan incoherentes en algún
sentido y, por tanto, tienden a evolucionar hacia alguna de las dos formas
estables descritas. En la democracia rentista el pluralismo político
hace difícil que sólo unos pocos grupos consigan sesgar a su favor las
instituciones y las políticas públicas, sin desencadenar reacciones negativas
por parte de otros grupos o de la ciudadanía en general. Esta situación se
resuelve bien sea por el avance hacia la competencia (lo cual lleva al sistema
hacia la economía social de mercado) o por la pérdida del pluralismo
(empujando al régimen hacia el patrimonialismo). La inestabilidad de
la democracia rentista podría atenuarse durante algún tiempo si
ocurriese, como en el caso venezolano, que la abundancia de recursos fiscales
provenientes de una fuente diferente a los impuestos permitiese la
democratización, por así decirlo, de la captura de renta.
En el caso del liberalismo autoritario, la
concentración del poder político genera fuertes incentivos para alterar la
dinámica de la competencia en favor de algunos grupos poderosos. La estabilización
de este orden pasa por su evolución hacia un esquema pluralista (esto es,
mutando hacia una economía social de mercado) o, alternativamente, hacia
la destrucción de la competencia (lo que implica su transformación en un
régimen patrimonialista).
Se trata, insisto, de una clasificación conceptual muy
simple. Aunque puede ser útil como herramienta heurística, generadora de
conjeturas razonables para explicar situaciones reales. En la práctica, lo más
probable es que nos encontremos con casos híbridos, en los cuales algunos o
todos los modelos están presentes en diversos grados, interactuando de
distintas formas.
No está demás decir que este ensayo es un alegato en
favor de una economía social de mercado, basada en la competencia y el
pluralismo. Este es un modelo que, en mi opinión, lograría enrumbarnos hacia el
desarrollo integral, con libertad e inclusión social. Sobre ello he
escrito en otras ocasiones, por ejemplo: «Una visión de centro para la
reconstrucción»
III
El desafío de la reconstrucción
La reconstrucción de la sociedad venezolana será
compleja. El colapso del sistema económico, la destrucción de las instituciones
democráticas y liberales, las apremiantes demandas sociales, la persistencia de
ciertos modelos mentales, el reacomodo en las estructuras de poder y de las
relaciones internacionales, entre otros factores, conformarán un enmarañado
marco para el proceso decisorio. La creación de un orden institucional capaz de
garantizar la libertad, el bienestar y la justicia será un gran desafío a la
inteligencia colectiva de los venezolanos.
Una parte importante de los problemas a resolver es
evidente, en un sentido general. Se trata de reconstruir instituciones que
cualquier sociedad moderna da hoy por sentadas, como también lo hacía la
venezolana hasta hace dos décadas. Entre ellas, el Estado de derecho como
sistema de reglas, el sistema electoral, la administración de justicia, el
monopolio estatal del uso de la fuerza, la autonomía del Banco Central o la
unidad del Tesoro. En estos asuntos contamos con una Constitución que, a pesar
de los cuestionamientos que puedan hacérsele, define los parámetros básicos
para esta parte de la tarea reconstructora.
Pero esa tarea abarca muchos otros temas. Los Poderes
Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional, deberán responder a una
formidable cantidad y variedad de problemas.
Un listado incompleto pero
ilustrativo de tales problemas incluye: el levantamiento de controles de todo
tipo, la concreción de un nuevo paradigma de política social, el diseño de
adecuadas políticas industrial y agrícola, la creación de una moderna
regulación para el sistema financiero, el desarrollo de eficaces políticas
educativas y de salud, la implementación de un sistema sostenible de seguridad
social, la ejecución de planes para recuperar y mejorar las infraestructuras,
la privatización de numerosas empresas estatales, la definición de una política
tributaria justa, la renegociación de la deuda externa y la reinvención de la
Administración Pública. En todos estos asuntos deberán diseñarse reglas frente
a las cuales la Constitución, por su propia naturaleza, solo puede ofrecer
lineamientos generales.
Es alto el riesgo de que en la toma de decisiones se
incurra en desviaciones que, incluso sin proponérselo los agentes sociales,
conduzcan a la restauración del modelo democrático rentista. Las altas
expectativas de diversos sectores con respecto a la rápida mejora de sus
condiciones de vida serán una fuente constante de presión sobre los decisores,
obligándoles a conciliar posiciones y establecer prioridades en un incierto
manejo de intereses y tiempos. Si a ello se agrega que los restos del régimen
revolucionario configurarán, seguramente, una oposición desleal, el contexto de
acción del gobierno de reconstrucción se entrevé aún más complicado.
No sería sorprendente, entonces, que, ante la necesidad
de alcanzar éxitos tempranos, predomine una perspectiva cortoplacista. No sería
raro tampoco que uno de los vicios del presidencialismo, la discrecionalidad
ejecutiva, se intensifique en un contexto en el cual el análisis y la
concertación impondrían lapsos que los decisores considerarían inmanejables. En
este entorno es previsible, además, la aparición de nuevos centros
extra-institucionales de poder y el desarrollo, por parte de diversos grupos,
de estrategias de cabildeo para defender y promover sus intereses. De hecho, es
probable que eso ya esté sucediendo.
Debe tomarse nota, como referencia, que
estos fenómenos ⎯cortoplacismo,
discrecionalidad, «decretismo»⎯
estuvieron presentes, por razones semejantes a las mencionadas, en varias
experiencias poscomunistas, a fines del siglo pasado. Aprender de ellas es
fundamental.
La reconstrucción requiere contar con ciertos principios,
reglas y mecanismos capaces de: crear una estrategia de desarrollo y adecuados
planes de acción, minimizar los riesgos de una nueva captura del Estado,
garantizar la transparencia y la participación democráticas y promover el
necesario aprendizaje social sobre la experiencia vivida. Al respecto, la
noción de gobernanza puede resultar útil.
IV
La gobernanza de la reconstrucción
La noción de gobernanza ha sido utilizada de diversas
formas por distintos autores. Aquí la entenderé como el «arte» de concertar y
respetar principios, reglas y mecanismos que sirvan para que gobiernos,
sociedad civil, empresa privada y ciudadanos en general puedan tomar decisiones
sobre asuntos públicos clave, de manera democrática, transparente y
responsable. En este sentido, la gobernanza de la reconstrucción deberá
incluir, al menos: a) la definición de los principios y reglas a seguir en la
creación del nuevo orden institucional; b) el diseño de una estrategia nacional
de desarrollo, y c) la creación de un sistema de diálogo democrático.
Entro ahora, para finalizar, en terreno propiamente
normativo, proponiendo algunas ideas para conformar la gobernanza de la
reconstrucción venezolana.
1. Principios ordenadores
Un nuevo orden social debe tener como uno de sus
principios cardinales el logro y mantenimiento del apoyo popular a un
genuino sistema de libertades. Sostengo que tal sistema de libertades tiene que
ser popular o no será.
En consonancia con ese principio, la regla general que
debe guiar la toma de decisiones debe consistir en crear, en todos los casos
posibles, oportunidades para todos sin conceder privilegios a nadie. Ello
significa, fundamentalmente, depurar nuestro sistema jurídico para garantizar
la existencia de leyes auténticas –generales y abstractas– y la supresión de
leyes espurias, meros instrumentos al servicio de grupos o sectores
específicos.
2. Estrategia nacional de desarrollo
La reconstrucción venezolana requerirá el diseño y
ejecución de planes en diferentes esferas y planos. Estos planes tienen que ser
concebidos como expresiones de una estrategia de desarrollo más amplia, que
defina las grandes metas y los ejes de acción de la transformación que la
nación deberá experimentar. Esa estrategia, en conjunto con los principios y
reglas antes comentados, permitirá evaluar la pertinencia de los diferentes
planes particulares así como sus procesos de ejecución.
El llamado Plan País, dado a conocer hace unos
meses, es un significativo avance pues supone el acuerdo entre especialistas y
políticos con respecto a un conjunto de medidas y políticas para enfrentar la
emergencia humanitaria, estabilizar la economía y comenzar algunos cambios
estructurales (Asamblea Nacional, 2019). La ampliación y profundización de ese
plan continúa, pero está pendiente, sin embargo, el diseño de la referida
estrategia de desarrollo. Esa estrategia no puede ser la simple sumatoria de
los numerosos planes particulares, si se quieren evitar la incoherencia del
proceso de reconstrucción y la generación de resquicios a través de los cuales
diferentes grupos de intereses puedan
penetrarlo.
3. Sistema de diálogo democrático
El logro de un gran acuerdo político y social en torno a
los principios del nuevo orden y a la estrategia de desarrollo será
imprescindible. Dicho acuerdo, en consonancia con el sistema de libertades que
se aspira a crear, deberá basarse en un diálogo capaz de convocar a la mayor
parte de los sectores del país. Aquí sólo me referiré, brevemente, a cuatro
iniciativas para materializar dicho diálogo:
1. Crear, considerando la experiencia de la Comisión
para la Reforma del Estado (COPRE) y otras iniciativas internacionales,
la Comisión Nacional para la Reconstrucción Venezolana. Tal organización
se dedicaría a estudiar, proponer y concertar proyectos de gran alcance y
estaría integrada por un grupo plural de prestigiosos venezolanos.
2. Desarrollar los mecanismos digitales para
organizar el debate público en torno a proyectos de leyes y propuestas de
políticas públicas y, de resultar aprobadas, para evaluar su desempeño.
3. Convocar a Asambleas de Ciudadanos para
debatir sobre cada proyecto de ley o propuesta de política pública; estas
Asambleas estarían conformadas por, digamos, cien ciudadanos seleccionados al
azar del Registro Electoral Permanente y sesionarían durante varios días con el
debido apoyo financiero y técnico. Estas instancias no tendrían, desde luego,
carácter vinculante, pero serían un mecanismo para hacer transparente y para
validar importantes decisiones estatales.
4. Solicitar regularmente a centros de investigación
y organizaciones civiles, evaluaciones económicas, sociales y jurídicas de
proyectos de leyes y de propuestas de políticas públicas.
V
Una sociedad inteligente
Estos planteamientos, pienso, podrían ser compartidos por
diversos actores políticos moderados, ubicados a lo largo del espectro
doctrinario. En este sentido, el nuevo orden social implicaría la
reconstrucción del centro político, es decir, esa «zona» de valores y
principios compartidos por los actores políticos y sociales relevantes.
Nuestro reto es crear una sociedad inteligente, una
sociedad capaz de comprender sus problemas, evaluar sus opciones y decidir
colectivamente por la mejor de ellas. Es vital entender que la reconstrucción
abrirá para Venezuela una oportunidad histórica. Podría ser un tiempo de
cambios profundos y benéficos, impulsados por la esperanza y el esfuerzo de
muchos venezolanos, dentro y fuera del país, apoyados por ciudadanos de otros
lugares «compelidos a participar de esa extraordinaria experiencia del siglo
XXI que puede ser la reconstrucción de Venezuela» (Torres, 2019).
El saldo de esos años de movilización creadora podría
ser, entonces, un nuevo orden institucional dentro del cual los venezolanos
podamos, libre y responsablemente, desarrollar nuestras capacidades para vivir
de acuerdo con nuestros particulares proyectos de vida.
Bibliografía
Acemoglu, Daron and James Robinson. Why nations
fail: the origins of power, prosperity and power. New York, USA: Crown
Publishing Group, 2012.
Asamblea Nacional, República Bolivariana de
Venezuela. Acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso
económico [en línea] Punto de Corte, 31 de enero de 2019. Disponible
en: http://puntodecorte.com/tag/acuerdo-politico-para-rescatar-a-venezuela-del-colapso-economico/ [Consulta: 10/04/19]
Casanova, Roberto. Libertad, emprendimiento y
solidaridad. 10 lecciones sobre economía social de mercado. Madrid, España:
Unión Editorial, 2017.
Elster, Jon; Claus Offe, and Ulrich K. Preuss. Institutional
Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge, United
Kingdom: Cambridge University Press, 1998.
Digalo Ahi Digital
04 de Octubre del 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario