Sexto año consecutivo de contracción
económica
2018 registra el peor desempeño de la economía
venezolana en muchos aspectos. La economía se redujo en 18% según el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Para la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), fue del 15%. Ha sido el sexto año
consecutivo de contracción, arrojando una caída del ingreso por habitante en
torno al 50%, el peor desempeño conocido para un país no incurso en una guerra.
El hecho de corresponder con el período íntegro de gobierno de Nicolás Maduro
no es coincidencia, sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas
adversas al bienestar de la población, cuyos efectos negativos se hicieron aún
más visibles una vez retrocedieran los precios internacionales del crudo desde
los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014. Estas políticas han desatado
una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a
la inmensa mayoría de los perceptores de ingreso. En consecuencia, han
producido un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, con sus trágicas
secuelas de hambre, enfermedades y muertes.
A lo largo de este período, la ANCE, por su cuenta o
acompañada por las otras Academias Nacionales, ha hecho numerosas
recomendaciones al gobierno, instándolo a rectificar y a instrumentar un
conjunto de acciones y medidas para superar el grave deterioro en las
condiciones de vida de la población. Asimismo, calificados economistas han
reiterado tales señalamientos en presentaciones diversas y entrevistas. El
gobierno, no obstante, ha insistido en mantener sus políticas, lo que lleva a concluir
que persigue deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores
mayoritarios de la población.
La hiperinflación
El problema crucial que hoy aqueja a los venezolanos
en lo económico es el de la hiperinflación. El año que culmina registra un alza
general de precios de casi 1.700.000 % según la Asamblea Nacional, único órgano
oficial que publica cifras al respecto. Ello es resultado del desequilibrio
abismal entre una demanda por bienes y servicios producida por políticas
fiscales y monetarias que multiplicaron los dineros del público varios
centenares de veces durante el año1, y una oferta que caía estrepitosamente2.
Además, al entrar la economía en hiperinflación en noviembre de 2017,
desapareció toda confianza en el bolívar: la urgencia por gastarlo
cuanto antes multiplicó su velocidad de circulación, impulsando aún más la
vorágine de los precios en ascenso y retroalimentando las expectativas
hiperinflacionarias.
Trágicamente, el gobierno se limitó sólo a quitarle
cinco ceros a la moneda para conformar, a comienzos de septiembre, una nueva
unidad monetaria. Al no rectificar sus políticas, la hiperinflación venezolana
se convirtió en una de las más prolongadas, magnificando sus estragos sobre la
población y reduciendo la capacidad de compra de la nueva moneda al cerrar el
año a apenas un 2% de cuando se emitió. Desde que el país entró en
hiperinflación, el salario mínimo, incluyendo bono de alimentación, vio
contraer su poder adquisitivo en más de 96%, a pesar de haberse incrementado en
cinco oportunidades.
1 Hasta el 28 12 2018, la liquidez monetaria se había
incrementado 650 veces, la base monetaria 423,7 veces.
2 Las importaciones se mantuvieron estancadas en
niveles inferiores a la quinta parte de las del año 2012.
Una gestión pública violatoria del
ordenamiento constitucional
En la génesis de tal disrupción se encuentra una
gestión pública caracterizada por gastos muy por encima de los ingresos,
arrojando déficits superiores al 20% del PIB. Por el lado de los ingresos, la
hiperinflación desatada redujo significativamente el valor real de la
recaudación tributaria (efecto Olivera- Tanzi). A ello se añade la exoneración
por decreto a PdVSA y las demás empresas mixtas3 del pago del impuesto sobre la
renta para el ejercicio fiscal 2018. La brecha entre los disminuidos ingresos y
un gasto en expansión se cubrió con financiamiento monetario –el llamado dinero
“inorgánico”. Éste aumentó más de 9.000 veces durante el año con la complicidad
de un Banco Central que violó abiertamente su objetivo fundamental, establecido
en el artículo 318 de la Constitución Nacional, que se expresa en “lograr la
estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad
monetaria.”4
Tampoco la gestión presupuestaria nacional observo el
ordenamiento jurídico que debía regirla. El presupuesto para 2018, al igual que
el del año anterior, no fue sometido a la consideración de la Asamblea
Nacional, como pauta el numeral 6 del artículo 187 y el artículo 313 de la
Constitución5. Los créditos adicionales, inflados por la hiperinflación,
tampoco fueron aprobados por el órgano legislativo, como contempla igualmente
el artículo 187. Alegando un “estado de excepción”, el Ejecutivo aprobó un
decreto de emergencia económica, sin la autorización de la Asamblea Nacional
estipulada en el artículo 339 de la Carta Magna, que ha prolongado
indefinidamente, en desapego a la limitación que impone su artículo 3386.
Arbitrariamente se arrogó la potestad de ejecutar gastos al margen de los
mecanismos constitucionales de control y supervisión, sin rendir cuentas y en
ausencia total de transparencia, práctica que se ha prestado a todo tipo de
irregularidades en contra de los intereses de la Nación.
Un artilugio que retroalimenta la
hiperinflación
El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea
Nacional rompe con el equilibrio de poderes, consustancial a la República. El
Ejecutivo se arroga potestades legislativas, conformando para sí una especie de
“ley habilitante” permanente que ampara gastos sin control ni freno alguno, apoyándose
a
veces en una “asamblea constituyente” írrita y/o en un
Tribunal Supremo viciado. Durante 2018 fue imposible disponer de información
clara y oportuna de la ejecución presupuestaria, ni conocer las bases de su formulación para 2019. En tal contexto, el
Ejecutivo asumió compromisos sin plan ni concierto ante el agravamiento de las
penalidades de la población causado por sus políticas. Multiplicó dádivas,
bonos y transferencias en especies a través de un programa discrecional de
reparto sujeto a la posesión de una tarjeta de racionamiento llamada “carnet de la
patria”, un sistema de control social --clientelar en extremo— que busca evitar protestas ante la
disminución estrepitosa de la remuneración real de los venezolanos. Se
instituyó así un círculo vicioso en el que el mayor gasto del gobierno no puede
sino financiarse con la emisión de dinero sin respaldo, alimentando aún más la
dinámica hiperinflacionaria.
La asfixia de las fuerzas productivas
A la par que el gobierno avivó el alza general de precios
en 2018, continuó con sus políticas de acoso al sector privado a través de
controles de precio y con normativas que regulan y restringen la producción y
comercialización de bienes y servicios. El empeño en perpetuar precios
controlados en hiperinflación es absolutamente inviable, aun flexibilizándolo a
través de precios supuestamente “acordados” con el 3 Decreto 3.569, Gaceta
Oficial N° 41.452 del 2 08 2018.
4 El aumento del salario mínimo más de 34 veces
y el “bono de adaptación” al nuevo cono monetario que se introducía decretados el 17 de agosto, multiplicó por 15, en una
sola semana, la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV.
5 El Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la
aprobación del presupuesto de 2017. El de 2018 fue aprobado por una asamblea
constituyente írrita.
6 Su duración será de sesenta días, prorrogable una
sola vez por igual lapso con aprobación del cuerpo legislativo nacional. sector
empresarial, e incide en una mayor escasez. Además, sujetar el margen de
beneficio en 30%, como dicta la Ley Orgánica de Precios Justos,
incentiva la inflación artificial de costos para justificar mayores ganancias.
Asimismo, políticas de control y regulación inhiben la inversión y la
iniciativa privada, rezagando mejoras en el aparato productivo en detrimento de
la calidad de vida de los venezolanos. A ello es menester añadir el efecto
pernicioso de haber congelado durante años el decreto de estabilidad laboral,
que ha socavado la capacidad de respuesta empresarial ante las oportunidades y
desafíos que pudieran presentarse, impidiendo posibilidades de generar empleo
productivo mejor pagado. En contraste, políticas que hubieran promovido la
competencia y liberado a las fuerzas productivas habrían contribuido a contener
los precios y a promover empleos cada vez mejor remunerados.
Por otro lado, el dominio que ejerce la Fuerza Armada
sobre sectores crecientes de la economía va acorralando a la iniciativa
privada, en desmedro de la eficiencia y la reactivación económica. Que este
sector monopolice la importación de alimentos, medicamentos y otros artículos,
y domine de manera excluyente todo lo concerniente a la explotación de recursos
minerales del subsuelo, no contribuye al bienestar de la sociedad. Las FANB
están al frente de las llamadas “empresas básicas” del estado, incluyendo PdVSA,
y controlan servicios públicos, amén de puertos, aeropuertos, fronteras y
carreteras. Ello ha facilitado su intervención en actividades comerciales, que
suele derivar en prácticas de extorsión y otras corruptelas. Su presencia en la
gestión de empresas de servicios públicos tampoco ha sido conveniente. Muy por
el contrario, hoy más que nunca se precisa trasladar esas responsabilidades a
manos civiles, profesionales y competentes. Todo esto lleva a concluir que la
preponderancia militar en la economía responde a objetivos encontrados con
criterios de eficiencia o de solvencia técnica.
La crisis de la industria petrolera
Desafortunadamente, la ausencia
de transparencia y de rendición de cuentas
del sector público venezolano se traslada también a la empresa
principal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), que no publica
informes de sus actividades desde 2016. Fuentes secundarias recogidas por la
OPEP señalan que para noviembre la producción había disminuido más de 500 mil
barriles diarios desde comienzos del año, para colocarse en sólo 1 millón 137
mil b/d. Cifras del gobierno presentan una caída menor. Aunque el precio del
barril de crudo venezolano en los mercados externos subió con relación a 2017,
para finales de año se encontraba en descenso. Según el Ministerio de Petróleo
y Minas, promedió unos $63. Al sustraer el consumo doméstico, puede estimarse
ingresos por exportación petrolera entre 23,5 y 26,3 millardos de dólares para
2018. Pero de haber persistido reembolsos a China con petróleo y entregas a los
países miembros de PetroCaribe similares a los existentes en 2016, los ingresos
efectivos podrían haber descendido a la mitad. Cabe señalar, además, que PdVSA
debió importar crudo liviano y refinados debido a la reducción de su capacidad
productiva local, por lo que los ingresos netos, disponibles para atender los
compromisos externos del país, habrían sido aún menores.
Lo anterior refleja una muy desacertada conducción de
la industria petrolera, fuente casi única de divisas de que dispone Venezuela.
Ello es tanto más grave por la dependencia excesiva que había adquirido el país
de las importaciones, dada la destrucción de capacidades productivas domésticas
de bienes transables, así como por los compromisos de pago de la deuda pública
externa, concentrados entre los años 2017 y 2027. Cabe señalar que desde hace
más de un año ocupa la presidencia de PdVSA el general de la Guardia Nacional,
Manuel Quevedo, sin experiencia previa en la industria, quien ha venido
colocando cuadros militares en posiciones de mando en la empresa. En atención a
los resultados mostrados, preocupan las amplias facultades que le han sido
otorgadas para reorganizarla.
La precariedad del sector externo
Ante la reducción en las divisas provenientes del
petróleo, el gobierno ha ofrecido a países considerados amigos recursos del
llamado Arco Minero del Orinoco, bajo control de la Compañía Anónima
Militar de Minería, Petróleo, Energía y Gas (CAMIMPEG). Afianza así el
modelo extractivista, con una minera rudimentaria del oro, coltán, diamantes y
de otros minerales del subsuelo guayanés, que amenaza con provocar grave daños
ecológicos en tan importante reserva natural.
Las consecuencias de una menor capacidad de obtener
divisas exportando crudo se agravan por el cierre de los mercados financieros
internacionales, tanto para la República como para PdVSA. Tampoco China ni
Rusia, tenidos por el gobierno como países amigos, parecen dispuestos a otorgar
más dinero. Según algunos analistas, la deuda externa venezolana habría
superado los $155 millardos para finales de año, sin incluir los litigios
contra el país por incumplimiento de contrato o por confiscación de activos, ni
las deudas comerciales pendientes. Este monto representa una cifra más de seis
veces superior a las exportaciones totales del año. PdVSA y la República
debieron pagar en 2018 más de 8 millardos de dólares por servicio de su deuda
externa. No obstante, salvo la cuota del bono PdVSA 2020, que buscó proteger la
propiedad sobre CITGO, nada fue cancelado. El país, incluyendo a la empresa
petrolera, está de hecho en situación de impago, ante lo cual sus acreedores
principales ponderan acciones a emprender para recuperar sus inversiones. En
previsión de escenarios que podrían significar la confiscación de activos, el
Ejecutivo debería negociar cuanto antes la restructuración de tan cuantiosa
deuda, preferiblemente con auxilio de organismos financieros multilaterales.
Así aliviaría los compromisos concentrados en los próximos años y liberaría
divisas para importar y para reinsertar a Venezuela en los mercados financieros
mundiales. Pero salvo un anuncio unilateral al respecto por parte de Maduro a
finales de 2017, nada se ha avanzado en este sentido.
La hiperinflación ha impulsado la devaluación
acelerada del tipo de cambio, tanto en el mercado oficial como en el llamado
mercado paralelo. Cabe recordar que la cotización oficial la determina las
asignaciones a través del sistema DICOM (divisas complementarias). El 5 de
febrero de 2018 ésta fue devaluada significativamente, pasando de BsF. 3.345/$
a BsF. 25.054/$, tasa que se fue deslizando progresivamente hasta alcanzar
248.832 BsF/$ (2,5 BsS) para mediados de agosto. Con la introducción del nuevo
cono monetario se aplicó una fuerte devaluación, llevando el precio oficial del
dólar a BsS. 60. Esta cotización se fue devaluando aceleradamente hasta
terminar el año en BsS. 638,8/$, cercano al precio registrado en el llamado
mercado paralelo. En total, desde comienzos de febrero el precio oficial de la
divisa se encareció en 254.621,8% y, en el mercado paralelo, en 65.447,9%.
Es menester señalar que la devaluación en ambos
mercados ha sido significativamente menor a la inflación, por lo que se ha apreciado
en términos reales la moneda nacional. Un eventual programa de transición que
estabilice las variables macroeconómicas, entre éstas, el tipo de cambio,
unificándolo en un mercado de libre concurrencia, implicaría su devaluación,
incluso desde su cotización en el mercado paralelo. Su efecto sobre los precios
(pass-through) será adverso, obligando a instrumentar mecanismos de
compensación a los sectores más vulnerables ante tal ajuste. A comienzos de año
se estimaba más bien la posibilidad de apreciar el bolívar en el mercado
paralelo, que hubiera evitado tal impacto negativo.
La precariedad del sector externo acarrea fuertes
restricciones a la importación, tanto de bienes de consumo final, como de
insumos, maquinaria y equipos para la actividad productiva. Repercute muy
desfavorablemente en el bienestar de los venezolanos. Lamentablemente, las
políticas oficiales nada han contribuido para revertir esta situación. Al
contrario, llama la atención el monto tan bajo de divisas canalizadas a través
del sistema DICOM para importar. Sólo fueron adjudicados durante el año $192,8
millones, poco más del 60% de éstos al sector empresarial. Esto significa
que el grueso de las importaciones hechas por el sector privado fue realizada a
la tasa paralela, bastante superior durante buena parte del año, lo que tuvo un
impacto alcista sobre los precios internos. Adicionalmente, obliga a indagar
sobre el uso dado por el gobierno a las divisas restantes por concepto de
exportación petrolera. Si no fueron a pagar el servicio de la deuda que vencía
este año, ni tampoco se destinaron al pago de importaciones, y con reservas
internacionales que variaron muy poco, ¿a dónde fueron a parar? Se trata de una
cifra que probablemente superó los $ 10 millardos. La opacidad y falta de rendición
de cuentas de la gestión pública en nada contribuyen a disipar temores acerca
de su aprovechamiento indebido.
Deterioro del bienestar del venezolano
Los resultados preliminares de la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida 2018 (ENCOVI), realizada entre
investigadores de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela
y Simón Bolívar, complementan el cuadro de deterioro en el bienestar de los
venezolanos que se recoge en este balance económico del año. La pobreza, medida
por ingresos, se incrementó a 94% de los hogares encuestados, desde un 87%
correspondiente a 2017. En el primer año que se efectuó la ENCOVI (2014), su
nivel era del 48,4% de los hogares. La encuesta recoge, asimismo, datos que
revelan un incremento en la precariedad de la protección social como en la
prestación de servicios: 25% de los hogares declararon que el servicio
eléctrico se interrumpía diariamente por varias horas, 14% que llegaba el agua
a su casa una vez por semana y otro 14% una vez cada dos semanas. En materia de
educación, disminuyó la asistencia escolar de la población entre 3 y 24 años a
sólo 70%, fundamentalmente entre jóvenes de 18 a 24 años. Entre los factores
que explican la inasistencia a clase de la juventud escolarizada, en un 28% fue
por fallas en el servicio de agua (19% en 2017); 22% por falta de comida en el
hogar (12% en 2017); 13% por falta de comida en el plantel (7% en 2017); y 11%
por inasistencia del personal (4% en 2017). La encuesta registra, a su vez, una
disminución de la población económicamente activa (PEA), particularmente por el
incremento de personas jubiladas y pensionadas. El desempleo aumenta en uno por
ciento para llegar a 10% de la PEA, a pesar de los decretos de estabilidad
laboral. Finalmente, la ENCOVI registra, con base en estimaciones de la Organización
Internacional de Migraciones (OIM) un aumento de los migrantes
venezolanos fuera del país a 2,3 millones. En 2017 era de 1,622 millones.
Por otro lado, se registra un aumento de hogares
receptores de las misiones sociales, fundamentalmente de los alimentos
repartidos por el sistema CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).
Según datos ofrecidos por el gobierno, pasó de 6,7 millones en 2017 a 7,3
millones. El número de hogares con algún miembro poseedor del “carnet de la
patria”, aumentó también de 5,8 millones a 6,9 millones. Todo esto es síntoma
de una precarización económica continuada de los hogares venezolanos.
Comentarios finales
No se exagera al afirmar que 2018 fue un año terrible
para la gran mayoría de los venezolanos. Es una obligación encontrar vías para
superar perentoriamente los estragos causados. Es reprobable que las
autoridades públicas, cobijándose en una retórica primitiva, pretendan
escabullir sus responsabilidades inventando enemigos a quienes echar la culpa
en vez de tomar cuanto antes las medidas exigidas. Esta postura ha fomentado el
quebrantamiento del orden institucional propio de una economía mercantil sana,
competida, capaz de dinamizar el desarrollo en beneficio de las grandes
mayorías. Ampara, por el contrario, una economía de expoliación, en la cual la
ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas permite a quienes
ocupan posiciones de mando en la jerarquía de poder aumentar su usufructo de la
renta y de la riqueza social que todavía logra generarse. Ha dado lugar a la
constitución de una nueva oligarquía que parasita de los esfuerzos, esperanzas
y aptitudes de los venezolanos. Los programas de control social a través
del reparto buscan legitimar este proceder.
La ANCE se ve compelida, por tanto, a reiterar los
señalamientos hechos en anteriores oportunidades sobre la necesidad ineludible
de implantar un programa de estabilización que liquide, cuanto antes, la
devastación producida por la hiperinflación. Para ello es imperativo sustituir
el financiamiento monetario por financiamiento internacional, sanear las
cuentas públicas, rendir cuentas de la gestión fiscal y monetaria, y
estabilizar un mercado cambiario único y funcional. Tal programa requerirá de
un generoso financiamiento de los organismos multilaterales, un programa de
atracción de inversiones productivas y el levantamiento de los controles y
medidas punitivas que aplastan la iniciativa privada e impiden la competencia y
la mejora en la productividad. Al liberarse las fuerzas productivas y
aprovecharse la enorme capacidad no utilizada de las empresas, podrá abatirse
el desabastecimiento, aumentar el empleo y mejorar su remuneración.
El año 2018 fue el último año del período
constitucional de Nicolás Maduro. En condiciones normales, los ciudadanos, en
ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, hubieran elegido un nuevo
gobierno que instrumentara rápidamente las soluciones a los terribles problemas
que padece. Desgraciadamente, quienes usufructúan el poder pretenden, por
artimañas violatorias de la constitución y de los derechos legítimos de los
venezolanos, perpetuarse más allá de la fecha del 10 de enero cuando les toca
entregar el mando. Esto es inadmisible, tanto por razones de orden
constitucional y republicano, como humanitarias. Condenará a la población a
privaciones y penurias aún mayores. Oponerse a ello y luchar por restablecer las
garantías del orden constitucional democrático
es, por tanto,
un compromiso ineludible.
En Caracas, a los ocho días del mes de enero de 2019,
Humberto García Larralde
Presidente
Sary Levy Carciente
Secretaria
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