De las 576
empresas estatales que han sido identificadas en el inventario realizado
durante 2018 por la ONG TRANSPARENCIA Venezuela, al
menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones,
nacionalizaciones y re-estatizaciones.
La mayoría de
ellas, están dirigidas por uniformados tanto en nóminas de empleados como en
cargos directivos. Sin embargo, para septiembre de 2018, de las 576 empresas
estatales monitoreadas por la ONG, sólo se pudo comprobar el funcionamiento
de 512 y, en 342 de ellas, no se logró
identificar el presidente, los directores ni la junta Directiva de las mismas.
En la segunda
fase de la investigación TRANSPARENCIA Venezuela analizó 576
Empresas Propiedad del Estado EPE, y se estudiaron especialmente 160 de cuatro
sectores que impactan la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario,
hidrocarburos, minería y metalurgia y servicios públicos. El resultado arrojó
que 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas.
La falta de
mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales,
la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad,
el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un
sistema de control independiente, son prácticas comunes en las Empresas
del Estado (EPE) que han causado la destrucción de la
competitividad y la caída de la producción de las empresas en Venezuela.
¿Qué
es la Cleptocracia?
Según
TRANSPARENCIA Venezuela, la Cleptocracia se refiere al sistema de gobierno que
en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento de sus
propios dirigentes con recursos públicos. Es aceptado también como el
establecimiento y desarrollo de poder basado en el robo de recursos públicos,
institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el
clientelismo político y el peculado.
El modelo
cleptocrático que se ha potenciado con las leyes habilitantes desde
1999 -2000 y 2000 -2006, decretos de estado de emergencia económicas y leyes de
emergencia, ha encontrado los mecanismos legales para facilitar las compras sin
procesos licitatorios para cometer así numerosos actos de corrupción de los que
se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas
proveedoras.
Durante el
gobierno del ex presidente Hugo Chávez, se dictaron tres leyes
habilitantes que otorgaron al Presidente poderes extraordinarios. En el marco
de dichas leyes, declaró la emergencia del sector eléctrico, lo que permitió
a CORPOELEC, PDVSA y al Ministerio del Poder Popular
para la Energía Eléctrica MPPEE, realizar adquisiciones
de generación, mediante contratación directa sin pasar por ningún tipo de
controles.
En el decreto
de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, se le
permitió a CORPOELEC, PDVSA y al
Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. La
investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$
37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y
construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio
de US$ 23.033 millones.
Éstos actos,
obedecen a comportamientos criminales colectivos, con estrategias que se
realizan de forma sistemática. Es un modelo en el cual hay complicidad de
personas del alto gobierno y se organiza de manera coordinada para
enriquecerse y utilizar los dineros públicos, apropiados
ilícitamente, para mantenerse en el poder. En Venezuela se ha venido
conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y características particulares.
Las empresas propiedad de Estado no escapan a esa manera de manejar los
recursos y el patrimonio público.
La mayoría de
las empresas del Estado, tienen conflictos laborales relacionados con
incumplimiento de la contratación colectiva, violación de derechos laborales y
sindicales, bajos salarios, carencias de insumos para el funcionamiento de las
empresas y problemas de seguridad industrial. Estos conflictos laborales se han
presentado con mayor frecuencia en PDVSA, CORPOELEC, Empresas
básicas de Guayana, Metro de Caracas y CANTV.
Muchas otras
empresas manejadas por el Estado y que hoy funcionan a media máquina,
permanecen quebradas y cerradas. Uno de los motivos se debe a que el gobierno
del presidente Nicolás Maduro y miembros de
la FANB, han estado encargados del manejo del sistema
de control de cambio y la asignación de las divisas preferenciales, de la
importación de alimentos y otros insumos.
¿Qué
pasó con Lácteos Los Andes?
Está adscrita
al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación como Lácteos
Los Andes C.A. Fue registrada el 17 de diciembre de 1984
para dedicarse a la pasteurización de leche, fabricación de queso y otros
derivados lácteos, así como jugos naturales, bebidas y alimentos. Pero no es
sino en 2008, cuando se expropia a la antigua empresa PARMALAT y
se instala Lácteos Los Andes, ésta “fue comprada” a la PARMALAT en
marzo de 2008 a través de PDVSA por 201 millones de
dólares.
El grupo
empresarial de Lácteos Los Andes estaba integrado por 45
sociedades comerciales entre las que destacaban dos
plantas procesadoras de leche cruda y productoras de derivados lácteos,
néctares y jugos, una planta de quesos y mantequilla, una comercializadora de
leche cruda, tres centros principales de distribución y dos mini holding de
transporte y servicios. Tenía registradas las marcas comerciales Los
Andes, Frutel, Ella, Bio y Cebú. Apenas un año después de
la estatización de Lácteos Los Andes, los trabajadores iniciaron reclamos por
presuntas limitaciones a la participación en la gestión y al ejercicio de
contraloría social.
El 19 de
octubre de 2018, los medios de comunicación reseñaban el quiebre de la
empresa Lácteos Los Andes del
municipio Machiques de Perijá en el Estado Zulia después de
conocer que “(…) no está procesando ni un litro de leche”, según la denuncia
formal de Víctor Ballesteros, quien se identificó como luchador social, y como
luego corroboraron los medios de comunicación.
Hasta 2015, la
empresa producía leche de larga duración, formula infantil, leche descremada,
mantequilla y leche condensada. Sin embargo, la industria que fue reconocida
por procesar más de 1.400.000 litros se presenta en quiebre.
Ballesteros
declaró a la prensa en 2018, que luego de que la empresa fuera expropiada por
el gobierno de Hugo Chávez, “(…) su situación
actual es de precariedad y de absoluta quiebra, (…) una planta que está
diseñada para pulverizar la materia prima hoy día no está procesando ni un
litro de leche, además de denunciar “(…) un grave deterioro en la
maquinaria de la planta” debido a las deudas con los productores zulianos a
quienes “(…) duraban hasta dos meses sin pagarles a los ganaderos y por ello,
dejaron de entregar la materia prima”.
El resto de
las sedes de Lácteos Los Andes, se
mantienen operando con pocos recursos que registran la merma de su producción
de alimentos en un 76%. De allí que muchos
de los productos hayan desaparecido de los anaqueles de los supermercados en
Venezuela. Los perfiles de las redes sociales de la empresa no registran ningún
tipo de información relacionada con la empresa, sólo se avocan a la promoción
de propaganda del Estado.
“Exprópiese”
La empresa
norteamericana Cargill Inc., fundada por Willian
Cargill en 1865, llegó a Venezuela en el año 1986 alimentando
a todas las localidades en las cuales se encuentran las plantas y sucursales de
la empresa que no sólo se dedican a satisfacer las necesidades de sus clientes
a través de sus actividades comerciales y productivas, sino que además
funcionaba como instrumento para organizar y canalizar las donaciones que Cargill
hacia varios sectores del país como el agroindustrial y pecuario, consumo
masivo, macro industrias, franquicias y panaderías en toda la nación, generando
además numerosas fuentes de empleos.
A través de la
medida publicada en la Gaceta Oficial 39128 del 2 de
marzo de 2009, se ordenó a todas las empresas agroindustriales
producir 80% de arroz regulado, de lo contrario, serían sancionadas como lo
establece la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y
Servicios. Con esta excusa, el gobierno nacional expropió la planta de Cargill
procesadora de Arroz Parboiled ubicada en Píritu estado Portuguesa porque “(…)
violaba lo dispuesto de procesar 80% de arroz blanco de mesa al precio
regulado”, resultando amenazado principalmente el sector productivo venezolano.
Muchos rubros
en el sector de alimentos desaparecieron de los abastos y supermercados
- Aceites: El Rey, Vatel, Deleite, La Española y
la manteca Los Tres Cochinitos
- Harinas: Blancaflor
- Pastas: Milani y Ronco
- Salsas: Ronco
- Néctares: Tropimax
- Productos para mascotas: Dogui, Gati, Robustin
y Perrovita
Para el 4 de
marzo de 2009, el presidente Hugo Chávez exigió una
investigación judicial contra la empresa porque presuntamente acaparaba arroz y
fabricaba el tipo parboiled que se vendía a un precio superior. Luego de
un año de la expropiación, la afirmación del ministro de Comercio siguió
vigente, y la empresa en manos del Gobierno no procesó más ni un gramo de arroz
regulado
En 2018, en
lugar de elevarse la capacidad de producción de arroz en el país, éste se
reportó en una reducción de 50%, incluso el procesamiento de la variedad
parboiled también ha caído en más de 66%. De 2.400 toneladas de arroz empacado
vaporizado que distribuía la empresa al mercado nacional, para marzo de 2009,
en 2010 a manos del socialismo, apenas llegaba a 800 toneladas.
En 2010, la
empresa Cargill Inc, publicó a
la opinión pública los resultados de la expropiación: “(…)el producto, con la
marca Arroz del Alba Parbolizado, llega a los supermercados PDVAL y
Bicentenario a 4,40 bolívares el kilo, 20,2% más caro que el regulado que se
vende en 3,66 bolívares. En letreros puestos en los supermercados del Gobierno
se indica que el arroz parboiled socialista es más barato que “el capitalista”,
que cuesta entre 5,60 y 8,30 bolívares el kilo”.
El Ejecutivo
admite que “(…) los costos de producción de esta variedad son elevados y
sobrepasan los 3,54 bolívares por kilo. En el sector privado las procesadoras
de arroz dejaron de colocar en el mercado el parboiled, por las restricciones
impuestas. Sólo una empresa saca una pequeña cantidad que no alcanza 5% de su
producción.”
Café
Fama de América
Hasta 1998
Venezuela Café Fama de América no solo
cumplía con la demanda al 100% del consumo interno,
sino que exportaba un excedente equivalente a 450 mil quintales o 13
millones 800 mil kilos de granos listos para ser molidos.
Para 2015, solo se cosechaba 22,5% de la necesidad del mercado nacional,
representado en 450 mil quintales, de dos millones que se requerían.
El problema
comienza en noviembre de 2009, cuando el
entonces presidente Hugo Chávezdecidió firmar un
decreto en donde se contemplaba la expropiación de las procesadoras de
café que estaban intervenidas desde agosto de 2008 por supuestos
incumplimientos de las leyes venezolanas, que representaban 80% de la
producción del rubro.
Se estableció
la nacionalización total de Fama de América, incluyendo sus
plantas en Caracas y en los estados de Carabobo y Táchira. Lo mismo
pasó con El Peñón y Café Madrid, ahora
son producidas como Café Venezuela. Todos
los bienes inmuebles pasaron a manos del Gobierno, así como los centros de
distribución, almacenes, puestos de compra, maquinaria, equipos industriales y
de oficina.
Dioleglis
Páez,directora de café y cacao de la Confederación de Asociaciones de
Productores Agropecuarios FEDEAGRO, aseguró
recientemente ante lo ocurrido durante todos estos años con las empresas, “El
Gobierno nos ha tenido como esclavos”.
Agropatria
por Agroisleña
Agroisleña era dirigida por Enrique Fraga Afonso. Fue fundada
en 1958 por inmigrantes españoles y se
convirtió en la llamada “4ta República” en la empresa
líder en productos agrícolas en Venezuela porque contaba con 60 sucursales
en todo el país.
Fue acusada de
abusar de “su posición dominante” en el mercado el 4 de octubre de 2010
por el presidente Hugo Chávez, allí comenzó su
expropiación. En mayo de 2015, la Confederación de Asociaciones de Productores
Agropecuarios FEDEAGRO, denunció que AGROPATRIA “ejercía
una posición de monopolio en el mercado de suministro de suplementos
agrícolas al abastecer cerca del 95% del mercado, más del doble que la
participación de AGROISLEÑA al momento de ser
expropiada. Además, de que AGROPATRIA contaba con
privilegios a la hora de acceder a divisas para la importación de materiales agrícolas,
en detrimento del disminuido sector privado.
Cuando AGROISLEÑA,
fue expropiada estaba en capacidad de responder aproximadamente a 70 % del
mercado nacional. Ya en octubre de 2016, AGROPATRIA no
respondía ni al 40 % de la demanda en el país por lo que existía un
desabastecimiento de 95 % de las semillas de hortalizas.
AGROISLEÑA tenía
59 tiendas en áreas agrícolas, realizaba más de 800 mil operaciones comerciales
por año, atendía una cartera de clientes que superaba los 207 mil ganaderos y
agricultores y empleaba a más de 2.250 trabajadores directos antes de su
expropiación. En 2016 AGROPATRIA no lograba ni
cubrir 40 % de la demanda de insumos en el país, con aproximadamente 7.000
empleados, llenó una burocracia oficial sin dar respuestas precisas.
AGROPATRIA recibió 750.000.000 de dólares en
auxilios financieros y ya en octubre de 2016 estaba quebrada, según relató el
ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez, decano de la Facultad de Agronomía de
La Universidad del Zulia LUZ. El experto agrícola
expresó que, a seis años del acto que más marcó la destrucción de la
agricultura venezolana, la expropiación de Agroisleña, el aparato productivo
nacional estaba estancado.
Para Werner
Gutiérrez, el consorcio AGROISLEÑA con 52 años en
Venezuela, estaba constituido por 10 empresas que distribuían semillas,
agroquímicos, maquinarias, repuestos agrícolas. Ofrecía asesoría técnica con un
personal especializado en cada rubro, en cada área y con permanente presencia
en el campo, tenían insumos, equipo técnico y no le cobraban al productor. Al
momento de su expropiación, satisfacía los ciclos de siembra, y a
principio de año los agricultores ya tenían las semillas y fertilizantes para
comenzar la siembra en marzo y abril.
Pero “(…) a
raíz de la expropiación, como empresa estatal no puede tener el ritmo de
distribución, por un manejo ineficiente que no presta atención en distribución
de insumos ni asesoría técnica y hoy todo el equipo está desmantelado”, lamentó
Gutiérrez.
El agrónomo
citó un trabajo hecho por la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia
en la Cuenca del Lago de Maracaibo, donde 80 % de los productores afirmó que
para 2017, no recibieron asesoría técnica del uso de agroquímicos.
Recordó que los técnicos con los que contaba AGROISLEÑA eran
los de más alto nivel que existían en Venezuela y que a partir de esta ausencia
es que se ha producido la caída en la producción nacional.
Ahora no
llegan las semillas a tiempo, ni agroquímicos. En caso de los rubros arroz y
maíz existe alto desabastecimiento de semillas y herbicidas, mientras que 95 %
de las semillas de hortalizas que llegan al país son importadas, por eso este
año se sembró apenas 25 % de la superficie de
hortalizas. AGROPATRIA ha creado un
mercado negro, de “bachaqueo” de productos agrícolas y los productores que les
tienen que pagar 10 y 12 veces más, por ello, también los productores han
dejado de sembrar.
Para la
ONG, TRANSPARENCIA Venezuela “(…) Las acciones
contra la propiedad privada se intensificaron en los llamados gobiernos
revolucionarios y el aparato productivo interno no pudo acompasar el ritmo de
las importaciones. Los casos emblemáticos de AGROPATRIA,
AgroFANB, Pedro Camejo, Arroz del Alba, Pescalba Y Cuspalca, ponen
en evidencia el perfil que caracteriza las empresas del Estado: militarización,
ineficiencia, cleptocracia y deterioro de las
infraestructuras en Venezuela.
Expropiaciones
acabaron con las empresas privadas
Para la
ONG, TRANSPARENCIA Venezuela “(…) Las acciones
contra la propiedad privada se intensificaron en los llamados gobiernos
revolucionarios y el aparato productivo interno no pudo acompasar el ritmo de
las importaciones. Los casos emblemáticos de AGROPATRIA,
AgroFANB, Pedro Camejo, Arroz del Alba, Pescalba Y Cuspalca, ponen
en evidencia el perfil que caracteriza las empresas del Estado: militarización,
ineficiencia, cleptocracia y deterioro de las
infraestructuras en Venezuela
Fama
de América, productora de café, fue
expropiada en 2009. En 2016 trabajaron a 10% de su capacidad por falta de
materia prima y hoy en 2018, rara vez el producto se consigue en el mercado. En
2010 el tsunami de expropiaciones también arrasó con las cadenas de
supermercados CADA y ÉXITO, que fueron
reemplazadas por la Red de Abastos Bicentenario. Jorge
Lastra, directivo del sindicato de RABSA, afirmó que cuando esos
supermercados eran privados los anaqueles siempre estaban llenos y ofrecían
varias marcas. Pero después, cuando pasaron a manos del Estado, comenzaron a
escasear los productos y ahora, en 2018, si se consiguen hay que comprarlos a
precios exorbitantes.
“Abastos
Bicentenario se pudrió”,
expresó Maduro en febrero de 2016 y
ordenó una reestructuración de la red. Tras la medida, más de 10.000
trabajadores fueron despedidos. Las liquidaciones a los empleados han
continuado en las sucursales que cierran para convertirse en los llamados
programas de alimentos CLAP. Paparoni: Importación de CLAP atenta contra el aparato
productivo nacional
El aparato
productivo está en grave riesgo de quiebra por la forma en cómo el jefe de
Estado, Nicolás Maduro, está implementando las medidas que no generan, sino una
gran incertidumbre en el país.
Carlos
Larrazábal, Fedecámaras
Fuentes:
TRANSPARENCIA VENEZUELA/ http://Crisis venezolana
está estrechamente relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las 576
Empresas Propiedad del Estado
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