Tres señales que transmitían por Internet las manifestaciones de la
oposición han sido bloqueadas, pero los medios intentan superar la censura con
alianzas no convencionales
El
régimen de Nicolás Maduro está decidido a imponer la hegemonía del pensamiento
único. Las señales de las páginas web de Vivo Play, VPI Televisión y Capitolio
TV, que se transmiten a través de Internet, no pueden ser vistas en Venezuela por
decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo
rector del sector. Dos empresas que proveen el servicio de Internet en el país
sudamericano han confirmado a EL PAÍS que la medida está vigente desde el
viernes.
La
medida ha dejado en ascuas a una población ya sometida a un
apagón informativo de facto desde
hace cuatro años. Estas tres señales eran las únicas que transmitían en directo
las actividades de la oposición y tenían equipos en la
primera línea de las manifestaciones. Al régimen, que no ha
confirmado la medida, parece haberle disgustado que la población haya
sobrepasado sin mayores contratiempos la presión que ejerce sobre las televisiones
locales para que censuren cualquier contenido que visibilice a la oposición.
La
televisión venezolana libre se acabó en 2013. Ese año la estación Globovisión,
hasta entonces la bestia negra del Gobierno de Hugo Chávez, fue
adquirida por el inversionista Raúl Gorrín, muy
cercano al chavismo, quien reorientó la línea editorial a la medida de los
intereses del régimen. Globovisión seguía así el camino de Venevisión
(propiedad del grupo Cisneros) y Televen, dos canales que, después de la
victoria de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio de 2004, abandonaron la
confrontación que mantenían con el Gobierno. En los meses siguientes limitaron
los comentarios críticos de los informativos y elaboraron una programación con
predominio de telenovelas y programas de variedades.
Pero
Nelson Hullet, cofundador de Vivo Play y vicepresidente de mercadeo en la
televisora, no parece dispuesto a aceptar la censura, ni a sumarse a ese grupo.
“El Gobierno no nos ha informado siquiera si tomó la medida y si existe una
investigación contra nosotros”, afirma en diálogo telefónico con este
periódico. Hullet ha confirmado que el bloqueo solo rige para quienes visitan
la página web (www.vivoplay.net)
desde Venezuela, pero la señal puede ser sintonizada en el país a través de una
aplicación que funciona para todas las plataformas, entre ellas Android e IOS.
Para
enfrentar ese inconveniente, desde el viernes su equipo difundió a través de
las redes sociales otros dos modos de burlar el bloqueo dispuesto por Conatel.
La información se viralizó de inmediato. Los interesados podían escoger entre
cambiar los parámetros del protocolo DNS en la conexión wifi de los ordenadores
o navegar por la página a través de una aplicación VPN, que enmascara la
dirección donde se encuentra el terminal.
Más
arriesgado que difundir las formas de superar el bloqueo ha sido ceder su señal
para que sea difundida en diez portales venezolanos más visitados. Vivo Play es
una plataforma de paga fuera de Venezuela. De momento ha sido un éxito. El
sábado, cuando la oposición volvió a la calle para manifestarse contra Maduro,
la marca alcanzó casi 25 millones de reproducciones. A principios de semana
tenían 250.000 suscriptores y unos cinco millones de usuarios si se suman las
personas que los siguen en las distintas redes sociales. “Nuestro objetivo es
mantener abierta esta ventana de información”, explica Hullet.
La
apuesta de Vivo Play demuestra hasta qué punto los medios digitales venezolanos
están dispuestos a dejar de lado las rivalidades para vencer la censura. Es una
experiencia novedosa para enfrentar lo que se considera como una arremetida sin
precedentes contra el derecho de recibir información oportuna, establecido en
el artículo 58 de la Constitución. “Es muy difícil impedir que la información
circule en estos tiempos, cuando las comunidades controlan la difusión de los
contenidos”, razona Hullet. Pero el Gobierno seguirá intentándolo.
A. M.
La
jornada de protestas del sábado se extendió en todo el país por casi doce
horas. Al mismo tiempo que se conocía del incendio en una oficina vecina a los
cuarteles generales del líder opositor Henrique Capriles, se supo de una
explosión en la planta baja del edificio de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, una dependencia del Tribunal Supremo de Justicia.
El
ministro del Interior, Néstor Reverol, responsabilizó a la oposición de los
daños y ha dicho que los responsables ya están identificados. El Supremo ha
sido asociado por los manifestantes como el causante del recrudecimiento del
conflicto venezolano. Su Sala Constitucional emitió hace dos semanas dos
sentencias que bloquearon al Parlamento y desconocieron la inmunidad
parlamentaria de los legisladores.
En la
madrugada del domingo la policía científica, en un operativo desmesurado, según
los presentes, visitó el edificio donde despacha Capriles. Sus compañeros de
partido temieron por su detención. Sin embargo, los funcionarios inspeccionaban
el local afectado por las llamas.
No
sólo se protestó contra el régimen en Caracas, sino en San Cristóbal (andes
venezolanos), en Barquisimeto (centro occidente del país), en Maracaibo (occidente)
y en otras cinco provincias. Entrada la noche se contabilizaban unos 52
detenidos, según la organización Foro Penal Venezolano. Esta semana han sido
arrestadas unas 164 personas. De ellas aún permanecen detenidos 71.
Maduro, en un programa de la televisión venezolana el pasado 2 de abril. AFP / ATLAS
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