El primer Consejo Universitario
del año 2017 realizado este lunes 16 de enero, se trató como tema principal lo
referido a la medida que tomó el Gobierno Nacional, a través de la Opsu, de
pasar la cobertura básica del seguro del personal universitario, a la empresa
Seguros Horizontes. Para ello, el Consejo contó con la visita del presidente y
tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula),
Virgilio Castillo y Rómulo Bastidas, respectivamente, para que expusieran la
situación que se está generando por esta decisión, ya que ésta ha generado
muchos rumores y malestar dentro de la comunidad universitaria y sin haber una información
formal al respecto.
Como es bien sabido
por la comunidad universitaria y en general, dada la incapacidad que tiene el
gobierno para proveer los centros de salud de los recursos necesarios para
atender a las enfermedades de larga data y las emergencias, los universitarios se
han visto en la necesidad de proteger su salud y de sus familiares, contratando
pólizas de seguros para que, en el caso de un siniestro, alguien responda y no
tenga que pagarlo de sus propios bolsillos.
En ese sentido hay
una serie de iniciativas por parte de la universidad y de los gremios para proteger
tanto al personal administrativo, técnico y obrero como a los profesores. Existe
un seguro básico que corresponde a 200 mil bolívares por cada trabajador el
cual, en el caso de los profesores, lo venía gestionando el Instituto de Previsión
Profesoral (IPP) y que tiene, aparte de esa cobertura básica, una cobertura
ampliada por la cual los profesores, dependiendo de su grupo familiar, paga una
cierta cantidad, lo que es muy importante hoy en día dado lo costoso que es la
atención en una clínica.
“Para activar estas
pólizas complementarias, el trabajador necesita que alguien active la cobertura
básica de 200 mil bolívares, el año pasado el gobierno, a través de la
universidad, enviaba a los diferentes gremios los recursos y, en el caso del IPP,
cuando había un siniestro se activaba el seguro básico y se pagaba hasta la cobertura
que tuviera la persona. El gobierno decidió, como siempre lo suele hacer,
primero de manera inconsulta y arbitraria y segundo de manera irresponsable,
seleccionar una compañía de seguros que tiene una mala reputación en la zona
andina y en el contexto de los trabajadores de los Andes, como lo es Seguros Horizontes.
Nosotros tuvimos una póliza con ellos hace tiempo atrás y funcionó tan mal que
el mismo gobierno decidió pasar eso a otro seguro, que era Seguros Federal y que
funcionó bien por un tiempo y luego comenzó a presentar problemas y que radican
en que el número de clínicas que en el país aceptan esos dos seguros es muy
pequeño, en el caso de Mérida, según la información dada por el presidente de la
Apula, apenas son dos clínicas las que reciben a los agremiados, lo que lleva a
que esas clínicas no tengan la capacidad operativa para atender todas las
necesidades de los trabajadores universitarios”, dijo el profesor José María
Andérez, secretario de la ULA.
El Consejo discutió
que los recursos que se aprueban y que están en el presupuesto no se pueden
mover y ningún funcionario del gobierno puede decir que se agarre parte de los
recursos del seguro básico y se le pase a una empresa de seguros y menos, si ésta
ha presentado problemas con los cumplimientos y no son recibidos en las
clínicas. Es por ello que el Consejo aprobó generar un comunicado público sobre
el malestar que esto causa en la comunidad universitaria así como exhortar a la
Apula para que haga una consulta entre sus agremiados acerca de esta situación en
materia de salud; solicitar a la Opsu que a la ULA se le derogue esa medida y
que permita seguir ejecutando el seguro como se venía haciendo hasta el año
pasado; acompañar a los gremios en aquellas medidas que decidan tomar dentro de
lo que compete el ambiente constitucional, medidas de protesta pacíficas,
porque la salud es un problema de todos y es un derecho fundamental.
“Esperamos que el
gobierno recapacite y que a través de la Opsu, podamos dejar que los universitarios
decidan cómo van a manejar sus pólizas de seguros, porque en el caso de la ULA tanto
Ofiseula como el IPP, pueden dictar cátedra de cómo manejar y autoestimar los
seguros. Hay una preocupación evidente y debe ser escuchada y todos debemos
expresarnos como universitarios a través de nuestros gremios, porque hemos
llegado a la mala costumbre de que solo las juntas directivas de estos deben
actuar y eso no es así, debe haber más conciencia social y más en algo que toca
un derecho humano como lo es el derecho a la salud”, dijo finalmente el
profesor Andérez. Golfredo Lobo / Prensa ULA / CNP 14.293
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