Una característica central de la
democracia es que la soberanía reside en el pueblo. Éste puede ejercerladirectamente según
circunstancias que pueda pautar la Constitución y la ley, “e indirectamente, mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” (art. 5, CRBV). El Poder Público que
representa (mediante el sufragio) la pluralidad de preferencias que resume
tal soberanía es, a nivel nacional, la Asamblea Nacional. En nombre del
pueblo que la eligió, toca a la Asamblea –entre otras cosas- velar por la
administración adecuada de los recursos que, en ejercicio de su soberanía, el
primero entrega al Estado para que éste atienda sus intereses colectivos como
Nación. El instrumento mediante el cual ello debe ocurrir es la Ley de Presupuesto,
que debe ser aprobada, junto con todo crédito adicional, por parte de la
Asamblea Nacional (art. 187 y
313). La Constitución es tajante al afirmar que no puede ejecutarse ningún
gasto “que no esté previsto en la Ley de Presupuesto” (art. 314).
