Los niveles de deterioro alcanzado por Venezuela en todos los órdenes del quehacer ciudadano, asombran a los observadores tanto nacionales como internacionales. No existe referente para intentar evaluar, ponderar y cuantificar el naufragio revolucionario. En las mesas técnicas hay propuestas realizadas por entes de cooperación financiera internacional como el BID y el FMI, para buscar la salida a la crisis socioeconómica que padece la Nación. Iniciativas que aspira reencauzar al país por la senda de un crecimiento económico sostenido, incorporando sectores críticos cuando las condiciones políticas lo permitan. Las acciones incluyen arbitrajes para mejorar el ingreso y la nutrición de la población, el acceso a la salud y educación, garantizar un servicio mínimo de electricidad, agua y transporte. En términos generales, la adopción de reformas que faciliten el retorno de la inversión privada y la dinamización de la economía.
En este marco la privatización florece como una estrategia legítima para generar condiciones favorables para la inversión privada. Obviamente esta opción requiere de un marco legal que garantice condiciones para los inversionistas. El aumento desmesurado de la fuerza laboral en el sector público, tanto de la administración pública como de las empresas del Estado, no se ha traducido en un aumento proporcional de la provisión de productos y/o servicios. Este aumento del personal y baja notable en la productividad del Estado, en conjunto con la percepción de los crecientes niveles de desvío de recursos y otras formas de corrupción, apuntan a que, con intención, se ha agrandado y fortalecido el Estado centralizado-corporativo-
Lamentablemente fracasó la política de promoción de cooperativas y de empresas de producción social; todas están en el suelo, entre el barro, sin poder izarse orgullosamente: la bandera del socialismo flamea como la decepción económica productiva. El problema no estuvo en el diseño, ni tampoco en el financiamiento, ya que se realizaron esfuerzos en ambos sentidos; por el contrario, abundaron los créditos que contribuyeron al saqueo de las arcas nacionales. Las empresas públicas son afectadas igual que las privadas por condiciones macroeconómicas hostiles para la inversión en el mediano y largo plazo. Cuando compiten en el mercado por cuotas y precios se comportan exactamente igual y no puede ser de otra manera. Así, si las condiciones macroeconómicas son deficientes para el sector privado también lo serán para el sector público. Las empresas nacionalizadas, expropiadas o de nueva creación requieren de condiciones favorables y estables para desarrollarse, mayores que las iniciativas en marcha. Cómo va a producir una empresa nacional, si hay una importación errática, descoordinada, por parte del gobierno. Cómo van a producir las empresas nacionales, si el tipo de cambio del régimen cambiario favorece la importación. La volatilidad de la economía, la insostenibilidad fiscal, la incertidumbre sobre las políticas económicas, la falta de reglas de operación, la hiperinflación, las restricciones erráticas y burocráticas de divisas, la inseguridad jurídica y personal afectan a todas las empresas, sean privadas o públicas.
La privatización produce una reducción de los gastos gubernamentales y evita las distorsiones generadas en el mercado por la participación del Estado en la actividad empresarial. La realidad venezolana es concluyente, los servicios prestados por el Estado muestran una situación deplorable en lo operativo, financieramente quebradas imposibilitadas para realizar las inversiones requeridas por actualizaciones tecnológicas. En conclusión, somos los ciudadanos los afectados por las incapacidades, que se expresan en servicios en malas condiciones de prestación. En estas circunstancias es imposible generar ambientes adecuados para el desarrollo del país.
La Tiranía inepta, por su posición revolucionaria y delictiva pretendió torcer las dinámicas que impulsan los entornos económicos, los resultados los observamos en: desabastecimiento de alimentos y medicamentos, inseguridad con niveles de tasa de homicidios vergonzosos, servicios públicos en decadencia, tejido empresarial en la ruina, subordinación institucional al poder ejecutivo y violación sistemática de derechos humanos. Estos son elementos que evidencian la existencia de condiciones de crisis humanitaria compleja en lo social. En lo político la limitación en el ejercicio de la Libertad y la erosión del Estado de Derecho.
La privatización será una necesidad urgente para buscar el saneamiento de las cuentas fiscales y la promoción de la inversión tanto nacional como extranjera en Venezuela, en el marco de los ajustes requeridos para salir del hueco en el que estamos sumergidos. Obviamente con reglas claras y soporte legal para darle transparencia al proceso. En estas condiciones el cuerpo legislativo debe abordar una ley especial de privatización, bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y garantía de la soberanía nacional. El régimen en los últimos días toma decisiones de “supuestas privatizaciones”, en procesos oscuros y arreglados. Eliminan las concesiones para el despacho de combustible, entregándolas a dedo a integrantes de la banda de delincuentes. Acciones nada novedosas, en el pasado realizaron proezas similares que significaron el beneficio de unos pocos, y la ruina de toda la Nación, como la venta de los activos de PDVSA en el extranjero, ejecutadas por Rafael Ramírez.
@germanrodri
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Comunicacion Continua
https://comunicacioncontinua.com/privatizacion-emergencia-legislativa-de-transicion/
02 de Noviembre del 2020
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