La filial
de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation
pagó millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation,
propiedad de Samark López Bello, de acuerdo a lo argumentado en una
demanda hecha por una ex ejecutiva de CITGO, que alega que la empresa la despidió
por haberse negado a participar en acciones criminales ordenadas por el CEO de
la época, el fallecido Nelson Martínez.
Los
abogados de Marisol Gómez señalaron en un documento presentado ante la Corte
del Condado de Harris, en Texas, que los pagos hechos por CITGO
a Yakima totalizan USD2,378,534. 00, además de otras transacciones con dicha
empresa que desde 2017 está sancionada por la OFAC por vinculaciones con el
narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al ex
vicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El
Aissami.
En la
primera petición modificada de la demanda presentada por Marisol
Gómez contra el demandado CITGO Petroleum Corporation, la
ex Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO señala que en los meses
anteriores a la culminación de sus servicios en la petrolera, el entonces
presidente y CEO de la corporación, Nelson Martínez, quien posteriormente fue
arrestado por corrupción y robo, le solicitó a la demandante que participara en
actos criminales que se mencionan a continuación:
1)
Nelson Martínez habría solicitado a Marisol Gómez que ejecutara un
contrato de $ 1.7 millones que formaba parte de un plan de devolución
multimillonario con una compañía propiedad de su hijo, Charles Martínez, a
través del cual CITGO y una de sus filiales, pagaron a la compañía un monto
exorbitante de dinero. La referida empresa, ubicada en Miami, Florida,
"devolvió algunos de los pagos" (sobornos) a Martínez, y también
ofreció coimas a Gómez si ella aceptaba firmar el contrato el millonario
contrato.
2) Martínez
solicitó a la demandante que cambiara el Administrador del Plan de pensiones de
CITGO, para que se pudieran cambiar los términos del mismo. Si lo
hubiera hecho, habría resultado en: (1) un pago inicial del Administrador
del Plan de Martínez que normalmente iría a un fondo de caridad de la Compañía;
y (2) elevar la pensión mensual de Martínez de aproximadamente $
2,700 por mes a unos $17,300 mensuales, al tiempo que se cobraba la pensión de
una gran cantidad de empleados de CITGO.
3) Asimismo,
Martínez solicitó a Gómez aprobar un contrato de CITGO con Yakima Trading
Corporation u otra entidad de Yakima que era propiedad o estaba controlada por
un fugitivo multimillonario venezolano Samark José López Bello. López Bello es
el testaferro principal de Tareck Zaidan El Aissami, un narcotraficante
internacional quien también es el ex vicepresidente ejecutivo de
Venezuela, y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, que depende
directamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La demanda
sostiene que Samark José López Bello usó las entidades de Yakima para lavar
dinero proveniente de la droga para Tareck Zaidan El Aissami. "Esta
fue la razón por la que Gómez se negó a hacer negocios con las entidades de
Yakima, a pesar de la solicitud de Martínez para hacerlo".
Señala la
querella civil que después de que Estados Unidos acusó a Samark José López
Bello y Tareck Zaidan El Aissami de haber violado la Ley Kingpin, "López
Bello salió corriendo de EE. UU., y actualmente es un prófugo de la justicia
que escapó de las autoridades estadounidenses en la República Dominicana hace
sólo tres días".
Alegan que
"si Gómez hubiese respondido a las solicitudes de Nelson Martínez y
hubiese cometido los actos ilegales que él le pidió, ella habría violado la ley
y podría haber sido procesada en virtud de los delitos contemplados en las
leyes norteamericanas".
Gómez se
negó repetidamente a participar en las acciones criminales e ilegales que le
pedía Martínez y como resultado de esa negativa, Martínez ordenó
despedirla el 14 de marzo de 2017, "únicamente porque se negó a
cometer el delito".
Sostiene
que por las razones antes expuestas, presentó una demanda contra CITGO. Los
abogados de Gómez informaron a la corte que las evidencias
(descubrimiento) se llevarán a cabo según el Nivel 2 de la Regla de
Procedimiento Civil de Texas 190, en el que el demandante busca alivio
monetario por un total de más de $ 50,000.00.
Sostiene la
demanda que CITGO es una refinería, transportista y comercializadora de
combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y otros
productos industriales, propiedad de CITGO Holdings, Inc., una subsidiaria
indirecta, propiedad absoluta de Petróleos de Venezuela, S.A. y tiene un
patrimonio neto de miles de millones de dólares.
Marisol
Gómez trabajó para Petróleos de Venezuela por más de 25 años. A partir del 1 de
noviembre de 2014, PDVSA la designó como Vicepresidente de Recursos Humanos de
CITGO en Houston, Texas, con salario anual de $ 431,500. Además de su
salario, Gómez tenía derecho a un incentivo anual en efectivo a corto
plazo.
En 2016, su
último año completo con CITGO, la compensación en efectivo total de Gómez fue
de $ 1,028,638.86. Gómez también participó en una amplia gama de programas de
salud, bienestar y beneficios de pensión patrocinados por CITGO.
Como
vicepresidente de Recursos Humanos, Gómez le debía a CITGO un deber legal de
no robar a la empresa, no permitir conscientemente que otros robaran y no
participar en cualquier esquema por el cual los fondos de CITGO (o sus
afiliados) fueran malversados.
El
documento destaca que Nelson Martínez fue presidente y director ejecutivo de
CITGO durante un período de tiempo relevante y en el momento en que Gómez
comenzó a trabajar para CITGO en noviembre de 2014, ocupaba la más alta
posición. Martínez se unió a PDVSA en 1980 y supervisó las oficinas de la
compañía en Gran Bretaña, Argentina y Ecuador antes de ser nombrado Presidente
y CEO de CITGO en junio de 2013. Martínez ocupó esos cargos hasta enero de
2017, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo
nombró Ministro de Petróleo y fue en esa época que Martínez se trasladó a
Venezuela.
Le
sustituyó en el cargo José Pereira quien "reportó y fue la marioneta
de Martínez en CITGO" por aproximadamente dos meses antes de que
Gómez fuera despedida en marzo de 2017.
En el
documento se señala que en noviembre de 2017, Martínez fue arrestado y
encarcelado por actos de corrupción, robo y criminalidad relacionados con
CITGO.
Esquema de
corrupción de Martínez
La demanda
explica que Nelson Martínez ejecutó el esquema de corrupción ilegal
con la empresa GFC, una compañía registrada con su amigo y propiedad de su hijo
Charles Martínez.
Durante el
transcurso de sus actividades como presidente, Martínez contrató y pagó a GFC
Consultores L.L.C. para robar dinero de un afiliado de CITGO, PDV USA. y CITGO.
Posteriormente, la empresa "le devolvía a Martínez parte del dinero que
CITGO y sus filiales le habían pagado a GFC, una corporación de Florida
registrada por Gustavo Felice (amigo de Martínez) y como copropietario de
Charles Martínez, (hijo Martínez)".
Destaca que
"PDV USA. carecía de controles, o de un comité de cumplimiento, y que
nunca fue se hizo una auditoría. "Era una "caja
negra" que se utilizaba para canalizar el dinero con fines corruptos e
ilegales aun hasta la administración de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo
Chávez quien ocupó la presidencia hasta marzo de 2019".
Sostiene la
demanda que "la empresa GFC fue contratada para proporcionar
múltiples servicios para CITGO, con costos inflados y fraudulentos, que usó
para compensar las "comisiones" sobre los pagos por esos
"servicios" a su co-conspirador en el esquema fraudulento, Nelson Martínez".
GFC era una
"Agencia de Logística Intermediaria" entre CITGO y el gobierno
comunista de Nicolás Maduro. Bajo la dirección de Martínez y otros, CITGO
otorgó contratos a empresas que beneficiaban a Martínez, al gobierno venezolano
del presidente Maduro y a sus secuaces, incluidas entidades de propiedad o
controladas por un líder del ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual
ministro de Industrias y Nacionales. Producción, Tareck Zaidan El Aissami
Maddah, quien es un capo del narcotráfico internacional".
Martínez había
contratado y pagado a GFC a pesar de que los departamentos de adquisiciones,
crédito, legales o de cumplimiento de CITGO no habían aprobado a GFC para
realizar el trabajo para CITGO, como exigían los protocolos de la
corporación.
Asegura la
demanda que "las facturas falsas de GFC reflejaban cargos por banquetes,
eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los
empleados, regalos y otros gastos personales e injustificados,
significativamente inflados, falsos y fraudulentos para los ejecutivos de CITGO
y PDVSA y sus familias. Sin embargo, con pleno conocimiento de esto, millones
de dólares de pagos fueron autorizados por escrito por Martínez, Pereira y otro
vicepresidente ahora encarcelado".
"El
Presidente y CEO de CITGO entre finales de 2017 y principios de 2019, estaba
aterrado de lo que encontraría el gobierno de los Estados Unidos si alguna vez
se auditara PDV USA", añade la demanda".
Durante el
tiempo relevante, su administrador fue Krizia Gravina, cuyo padre, Alfonso Gravina,
era un íntimo confidente de Martínez. El 10 de diciembre de 2015, Gravina se
declaró culpable de conspiración para lavar dinero y por hacer declaraciones
falsas en de impuestos federales en Estados Unidos.
En 2018,
Gravina se declaró culpable como parte de una investigación más amplia y en
curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluido
Gravina, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de
culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación ligada
al caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera.
La demanda
dice que bajo la administración de Nelson Martínez, GFC recibió pagos totales
de $ 6,164,823 desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017, que consisten en
$ 4,576,784 de PDV USA y $ 1,588,039 de CITGO.
Otros altos
pagos fraudulentos fueron aprobados por la alta gerencia utilizando las cuentas
de PDV USA. Como resultado, debido al esquema de corrupción de Martínez con
GFC, PDV USA y CITGO pagaron muchos millones de dólares a GFC basándose en
pretensiones falsas y fraudulentas. Como se señaló anteriormente, GFC devolvió
parte de ese dinero a Martínez.
En resumen,
dice el documento, "durante su tiempo como CEO de CITGO, y después,
Martínez participó en múltiples conspiraciones criminales para estafar a CITGO
y PDV USA, y para lavar las ganancias del fraude, de varias maneras. Martínez
conspiró con su hijo Charles Martínez, y Gustavo Felice, para dirigir millones
de dólares en pagos por cuenta propia a GFC".
La
solicitud de Nelson Martínez, a mediados de 2016, para que participara en el
esquema de corrupción ilegal con GFC, a lo cual se negó Gómez, conllevó a que
fuera despedida, sostiene la querella.
Martínez
quería que Gómez se involucrara en actos criminales para promover su esquema de
devolución ilegal con GFC. A mediados de 2016, Martínez le pidió personalmente
a Gómez que aprobara y firmara un contrato en nombre de CITGO con GFC, según el
cual GFC proporcionaría a CITGO un curso de liderazgo ejecutivo de
aproximadamente tres días para doce empleados de la petrolera en Arizona por
unos $ 1.7 millones, dice los documentos federales.
GFC no
tenía experiencia, ni antecedentes impartiendo cursos de liderazgo ejecutivo.
Destaca el documento que Gómez investigó los costos de tales programas de
proveedores calificados, y eran una pequeña fracción de la cantidad que GFC
buscaba cobrar a CITGO.
En la
demanda se asegura que Gustavo Felice viajó a Houston, Texas (desde Florida) y
le dijo a Gómez que si ella aprobaba y firmaba el contrato para el curso de
liderazgo ejecutivo provisto por GFC, él: (1) le proporcionaría comida a su
familia de Venezuela como un regalo, y afirmó que estaba haciendo lo mismo para
el entonces Embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, en Nueva York,
Rafael Ramírez, y su esposa, Beatrice Sansó de Ramírez (y que la comida era
entregada en Venezuela, llevada desde Nueva York a través de un jet privado
propiedad de CITGO), esta información fue confirmada a Gómez por el entonces
Gerente de Aviación de CITGO, Álvaro Maldonado; y (2) le daría un reloj y/o
teléfono como regalo de GFC. De este modo, Felice le ofreció a Gómez su
propio soborno si aprobaba y firmaba el contrato en cuestión.
Gómez sabía
que este contrato no sería para gastos legítimos, sino para llenar más
aun los bolsillos de Martínez y sus co-conspiradores. Por ello, Gómez
recibió información de otros empleados dentro de CITGO (incluidas Patricia
Milano y Adriana Santaella) que verificaron que Martínez y GFC estaban
orquestando un esquema de corrupción ilegal, por el cual Martínez y sus
secuaces robaron millones de dólares de las arcas de PDV USA y CITGO a través
de contratos falsos que otorgaban a GFC y por los cuales la mencionada
firma hizo poco o nada para PDV USA o CITGO, pero en cambio devolvió parte del
dinero que recibió a Martínez.
En el
documento dice que si Gómez hubiese aprobado y firmado personalmente los
contratos para que GFC pudiera obtener los aproximadamente $ 1.7 millones, a
sabiendas que Martínez estaba robando ese dinero de PDV USA y CITGO y
enviándolo a GFC por poco o ningún valor, y luego recibiendo un premio
financiero de GFC (y Gómez misma hubiese recibido los regalos de los sobornos
de GFC por jugar su parte) - ella habría estado cometiendo un crimen
contemplado en muchas leyes penales de los Estados Unidos.
La
demandante dice que viajó a Caracas, Venezuela, y advirtió a la Junta
Directiva de PDVSA de lo que Martínez le había pedido que hiciera e informó que
el alto ejecutivo estaba tratando de cometer un "crimen", porque
equivalía a robar los beneficios de pensión de un gran número de empleados de
CITGO para beneficiarse así mismo y a un pequeño puñado de sus compinches. El
Controlador de CITGO en ese momento, John Butts, analizó la propuesta y estuvo
de acuerdo con Gómez.
Dicen los
documentos que el director financiero de CITGO en ese momento, José Pereira,
dijo que "todos iremos a la cárcel" si la propuesta se implementaba.
Martínez,
enojado y profanamente, atacó a Gómez por no apoyar su plan. Justo después que
despidieron a Gómez, Martínez le ordenó a Trina García que volviera a presentar
el cambio propuesto para su aprobación en la sede de PDVSA en Caracas,
Venezuela. Guillermo Blanco, Vicepresidente de Refinación y Director de PDVSA,
llamó a Gómez, quien para entonces era una ex empleada, para comprender la
propuesta. Blanco le dijo a Gómez que sentía que García le estaba ocultando
información y fue cuando Gómez explicó por qué adoptar la propuesta sería un
delito y, en última instancia, la propuesta no se implementó.
En la
demanda se reitera que el 13 de febrero de 2017, la OFAC determinó que las
empresas contratantes preferidas de Nelson Martinez y CITGO, como Yakima
Trading Corporation, formaban parte del vasto imperio de narcotraficantes y
actividades de lavado de dinero de un narcotraficante internacional, razón por
la cual Gómez rechazó la solicitud de Martínez de aprobar un contrato entre
CITGO y una entidad controlada por El Aissami.
Nelson
Martínez le pidió a Gómez que aprobara un contrato de CITGO con Yakima Trading
Corporation u otra entidad de Yakima que fuera propiedad de o estuviera
controlada por Samark José López Bello.
López Bello
posee o controla varias compañías, incluidas las entidades de Yakima, como
parte de una red internacional de lavado de dinero que abarca a los británicos.
Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela. Como se
explica en el documento, Martínez le solicitó a la Gómez que aprobara un
contrato con una entidad de Yakima controlada por López Bello como parte de un
plan de lavado de dinero criminal internacional, y ella se negó a hacerlo.
El 30 de
julio de 2015, Yakima fue creada por Joel Rutledge, un agente de Compras
Corporativo en el sistema CITGO SAP, bajo el proveedor #1116949. Antes de
configurar a Yakima como proveedor en el sistema CITGO, Iván Parra, Gerente de
Proyecto de CITGO para el proyecto de actualización de Aruba, y Gustavo
Cárdenas no realizaron la debida diligencia normal de los proveedores en
Yakima; nadie lo hizo.
Señala la
demanda que "Iván Parra presentó a Yakima ante el Comité de Adquisiciones
de CITGO (CPC), y falsamente informó a los miembros del CPC que el premio
directo y urgente era la obtención de servicios de consultoría especializados.
Yakima Trading Corp brindaría apoyo para la debida diligencia de producción y
logística de petróleo crudo (upstream). Partiendo de la práctica habitual, Iván
Parra, Gustavo Cárdenas, José Pereira y los gerentes de proyecto no solicitaron
la revisión por parte de los Departamentos legal y de crédito de CITGO o
cumplimiento antes de agregar este proveedor a la lista maestra de proveedores
aprobados. Además, nuevamente a partir de la práctica normal, no se realizaron
evaluaciones técnicas y comerciales".
El 23 de
septiembre de 2015, una excepción a la competencia competitiva
("CBE") fue aprobada por José Pereira, CFO de CITGO; Gustavo
Cárdenas; Iván Parra y José Zambrano, gerentes generales de la oficina central
recomendaron no realizar un proceso de licitación competitiva y seleccionar a
Yakima como un "proveedor único / proveedor preferido" para este
contrato.
El 25 de
septiembre de 2015, CITGO y Yakima Trading Corp. (una compañía
establecida bajo las leyes de Panamá) firmaron un contrato de servicio. El CPC
estimado para su aprobación fue de $1 mil millones.
El 4 de
abril de 2016, CITGO había realizado pagos a Yakima de $ 2.4 millones en solo
seis meses, 140% sobre la cantidad inicial aprobada.
Dada la
persistencia y la presión de Martínez para asignar el contrato a Yakima y la
violación de los controles internos, Gómez informó los hechos irregulares al
Departamento de Auditoría Interna para que Yakima pudiera ser investigada.
Específicamente, en mayo de 2016, Gómez ordenó una investigación de Yakima y a
López Bello, a cargo de Franklin Domond, Auditor General de CITGO. La auditoría
interna de Domond: (a) detectó y notificó deficiencias de control interno
durante el proceso de contratación de Yakima e identificó más de 56 entidades
principales utilizadas por López Bello para hacer negocios con CITGO, PDVSA y
otras instituciones gubernamentales venezolanas; y (b) reveló que López Bello
era propietario o controlaba las entidades de Yakima, y era un
narcotraficante y lavador de dinero internacional que usaba a las entidades de
Yakima para lavar dinero ilegalmente (no por casualidad, Martínez y CITGO
despidieron a Domond poco después de que Gómez fuera despedida).
En ese
momento, fue claro para Domond, el entonces Contralor de CITGO, John Butts, y
el entonces Vicepresidente de Asuntos Legales, Jeff Bednar, que López Bello era
un lavado de dinero, traficante de drogas y delincuente, que utilizó a las
entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente.
Sin embargo
-dice la demanda- Nelson Martínez, muy probable bajo la dirección del
Presidente y vicepresidente ejecutivo de Venezuela, El Aissami, insistió en que
Gómez aprobara un contrato entre CITGO y una entidad de Yakima que estaba
controlada por López Bello.
El contrato
en cuestión era para que Yakima proporcionara al personal en Houston y Aruba,
un proyecto de mejora en la isla caribeña a un costo por encima del mercado,
inflado e injustificable para CITGO. Gómez le informó a Martínez que
CITGO ya tenía empleados en el personal que podían hacer ese trabajo, y se negó
a aprobar el contrato, porque era parte de la red ilegal de lavado de dinero de
López Bello. Martínez se enojó con Gómez y decidió sacarla de todo lo
relacionado con el proyecto de actualización de Aruba y asignó ese aspecto de
su trabajo a su subordinada maleable, Trina García.
La demanda
dice que "hay fuertes razones para creer que López Bello y sus compañías
fueron favorecidas por Nicolás Maduro, porque el vicepresidente venezolano las
utilizó para traficar drogas ilegales y lavar dinero". En esa línea, el 1
de agosto de 2016, un Tribunal de Distrito de EE. UU. anunció el procesamiento
de Néstor Reverol, actual ministro del interior de Venezuela, acusado de
participar en una conspiración internacional de tráfico de
cocaína. Asimismo, en diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Nicolás
Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores,
fueron condenados en el tribunal federal de Estados Unidos por tráfico de
drogas.
El 14
de marzo de 2017, Gómez estaba fuera de la ciudad con su esposo e hijos
en unas vacaciones de primavera. Recibió una llamada telefónica de Gustavo
Cárdenas y José Pereira. Cárdenas le dijo que Martínez había decidido
unilateralmente terminar su empleo. Pereira le informó que no estaba de acuerdo
con la decisión, ya que causaría enormes problemas a CITGO. Tres semanas antes,
Martínez había consolidado su poder de tal manera que entonces tenía la
capacidad unilateral de despedir a Gómez (un poder que le había faltado
hasta ese momento).
Poco
después de que Gómez fue informada de su despido, recibió una llamada
telefónica de los miembros de su equipo en el departamento de recursos humanos
de CITGO en Houston, quien le señalaron que su oficina estaba siendo invadida,
registrada y que se incautaban materiales. Gómez llamó al ex ministro de
Petróleo de Venezuela y luego al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, para
quejarse y Pereira desde Hawai. Pereira primero negó que su oficina estuviera
siendo invadida y registrada, y los materiales incautados, pero luego admitió
que era cierto.
La demanda
sostiene además que Pereira estaba molesto y animado cuando habló con
Gómez y le aseguró: (1) que Martínez había ordenado que su oficina fuera
invadida y registrada, y que se incautaran materiales, porque él (Martínez)
creía que ella tenía pruebas de sus planes ilegales y conducta en su oficina; y
(b) Martínez le dijo que no quería a Gómez en ningún lugar cerca de CITGO,
porque ella era la única barrera entre él y todas las actividades ilegales que
él estaba haciendo y quería seguir haciendo en CITGO. Pereira también le afirmó
que fue "injusto" por parte de Martínez despedirla, y que no fue una
buena idea, porque ella podría hacer fuertes reclamos contra CITGO.
Eulogio del
Pino ordernó a Pereira que permitiera a Gómez regresar a CITGO para recoger sus
pertenencias personales. Esto ocurrió después de regresar de Hawaii. La mujer
fue a su oficina a buscar sus cosas verificó que la misma había sido
violada, y que todos los materiales habían sido incautados. Mientras Gómez
esperaba que sus pertenencias personales, otros empleados de la gerencia de
CITGO se lamentaron de lo estúpido e injusto que fue despedirla. A todos les
quedó claro que lo ocurrido se debió a su negativa a cometer actos
ilegales ilegales. Desde ese entonces Gómez ha estado desempleada.
Aproximadamente
en agosto de 2017, el presidente Maduro trasladó a Eulogio del Pino a otro
puesto y lo reemplazó conMartínez. Como tal, en ese momento, Martínez se
convirtió en el presidente de PDVSA.
Posteriormente
el presidente Maduro anunció que había varios arrestados por corrupción,
entre ellos Martínez, y los calificó de "traidores corruptos y
ladrones".
El 9 de
noviembre de 2018 o alrededor de esa fecha, Gómez presentó un informe escrito
en el que exponía algunas de las conductas ilegales de Martínez en CITGO al
entonces Presidente y CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez, su Vicepresidente
Ejecutivo, Frank Gygaz, su Director de Estrategia, Rick Essser, y su
Vicepresidente Legal, Alejandro Escarrá Gil.
En
diciembre de 2018, Martínez murió mientras aún estaba bajo custodia del Estado
venezolano.
En marzo de
2019, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industrias y
Producción Nacional, El Aissami, y su testaferro, López Bello, el
multimillonario narcotraficante internacional y lavador de dinero que era
propietario y operaba en las compañías, a las que Martínez había insistido en
entregarle contrato de CITGO - fueron acusados de violaciones
criminales de la Ley Kingpin y actualmente son fugitivos de la justicia
norteamericana.
Hace apenas
unos días, López Bello escapó a la captura. Específicamente, el domingo 12
de mayo de 2019, las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos allanaron
dos villas en Cap Cana, en el este de la provincia de La Altagracia de la
República Dominicana, en busca de López Bello, quien fue descrito con precisión
en el canal de noticias Dominica Today como "un fugitivo internacional
presuntamente vinculado con el lavado de dinero y el tráfico de drogas".
Durante la
redada cerca de la playa Juanillo, los agentes también registraron dos villas
de un complejo turístico en el municipio de Verón, Punta Cana, supuestamente
propiedad de López Bello, y se apoderaron de $ 25,000 dólares estadounidenses ,
8,000 euros, tres SUV y más de 30 relojes.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
+12.22.08+a.+m..png){kind=link}
+12.31.43+a.+m..png){kind=link}
No hay comentarios:
Publicar un comentario