El 21 de mayo de 1986, la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE)[1]presentó al entonces
presidente Jaime Lusinchi un documento en el que planteó una serie de reformas
políticas inmediatas que, como señaló el propio documento, fue producto de una
amplia consulta realizada tanto en la capital como en el interior de país, en
la cual participaron personalidades representativas de todos los sectores
políticos, sociales y profesionales.
Esas reformas políticas inmediatas que la
COPRE hace 30 años presentó al Presidente Lusinchi fueron las siguientes:
El 21 de mayo de 1986, la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE)[1]presentó al entonces
presidente Jaime Lusinchi un documento en el que planteó una serie de reformas
políticas inmediatas que, como señaló el propio documento, fue producto de una
amplia consulta realizada tanto en la capital como en el interior de país, en
la cual participaron personalidades representativas de todos los sectores
políticos, sociales y profesionales.
Esas reformas políticas
inmediatas que la COPRE hace 30 años presentó al Presidente Lusinchi fueron las
siguientes:
Profundización de la
democracia en los partidos políticos.
Reformas de la Ley Orgánica
del Sufragio.
Elección popular, directa y
secreta de los gobernadores de las entidades federales.
Reformas a la Ley Orgánica
del Régimen Municipal.
Financiamiento de los
partidos políticos.
La COPRE, con aquél
documento, puso en la agenda la necesidad de profundizar la democracia en el
régimen de los partidos políticos con la finalidad de contribuir a un elevado
funcionamiento democrático intrapartidista, buscando elevar de manera notable
la calidad de la representación partidista, coadyuvando la preservación y
desarrollo de los partidos políticos, por ser factores esenciales de la vida
democrática.
Ese debate sobre los
partidos políticos llevó a concretar la tarea de reformar la Ley de Partidos
Políticos de 1965 a través de un proyecto que fue debidamente consignado en el
año 1988 ante el entonces Congreso Bicameral de la República de Venezuela.
La reforma no lograba ser
sancionada y el tema de reformar el sistema de partidos políticos, nuevamente
aparece entre las propuestas que 25 destacados venezolanos, entre académicos e
intelectuales, presentaron en 1990 al entonces Presidente Carlos Andrés Pérez,
en un documento en el que exhortaron a una urgente Reforma de Estado[2].
Y ese mismo año, 1990, el
Gobierno de Carlos Andrés Pérez logró un compromiso con los partidos políticos
a través del Pacto para la Reforma[3], firmado en diciembre de 1990, en cuyo
contenido se propone una agenda legislativa para el año 1991, en donde se
destaca la necesidad de reformar la Ley de Partidos Políticos de 1965.
Para esa fecha la Cámara de Diputados ya había aprobado el proyecto de
reforma y faltaba la Cámara del Senado.
En 1991 el proyecto de
reforma fue aprobado por la Cámara del Senado, pero lo hizo con observaciones y
por lo tanto el proyecto regresó a la Cámara de Diputados para considerar esas
observaciones. Al final el proyecto de reforma no logró ser sancionado por el
Congreso y la causa de ello, como lo afirmó Joaquín Marta Sosa en 1993, estuvo
en las fuerzas contrarias al proyecto y las diferencias existentes entre
quienes apoyaban la reforma propuesta[4].
Joaquin Marta Sosa reconoce
en 1993 que para entonces la reforma del sistema de partidos políticos era una
de las propuestas que más largo tiempo había estado en el debate político. La
imposibilidad de reformar de manera efectiva la Ley de Partidos Políticos de
1965 contribuyó a debilitar la credibilidad de los partidos políticos que,
según Marta Sosa, se presentaban para 1993 como unas estructuras que se habían
convertido en:
Máquinas electorales.
Simples surtidores de
relaciones clientelares.
Constructores de redes del
sistema de corrupción.
Obturadores de las demandas
sociales.
Espacios vacíos de
ideología, doctrina, valores y programa.
El autor señalado calificó a
los partidos en 1993 como organizaciones cerradas, centralistas al modo
leninistas, fines de sí misma, con una tendencia perniciosa a “parecerse todos
entre sí”, lo cual exterminaba al partidismo como sistema de alternativas y
para explicar las razones argumentó lo siguiente:
Cuando una sociedad, como
sucedió con la venezolana, que ve crecer en términos casi exponenciales su tasa
de modernización en paralelo con una alta estabilidad y permanencia de
relaciones democrática, va sintiendo que los partidos reducen su tejido
democrático interno y se rezagan en su modernización, se produce un punto
determinado en ese proceso, donde la sociedad civil rebasa en la cantidad y
calidad de sus demandas a la capacidad de respuesta de dirigentes y de
partidos.
El indicador de que algo
estaba pasando con el sistema de partidos políticos se evidenció con la
participación electoral, específicamente en elecciones municipales. Venezuela,
según informe de Datanalysis en 1989, venía acostumbrada a bajos niveles de
abstención: desde 1958 y hasta 1988 se registró en promedio 9,8%.
Ese promedio contrastó de
manera muy clara, advirtiendo la necesidad de estudiar la realidad y proponer
reformas urgentes, cuando en las elecciones municipales de 1979, según
Datanalysis, la abstención se situó en 27,1%, aumentando en la elección
municipal de 1984, cuando se ubicó en 40,71%, y la misma no se detuvo para las
elecciones municipales de 1989 cuando llegó a ubicarse en 54,8%[5].
Los estudios para comprender
esa conducta del elector venezolano, llevaron a identificar que 48,7% de los
electores que se abstuvieron lo hicieron por razones políticas, fundamentada
principalmente por la desconfianza hacia los partidos políticos; un 16,7%
simplemente afirmó no tener interés en política y en actos electorales y 34,5%
argumentó una razón involuntaria. Este y otros datos más advertían una clara
ruptura en la confianza de los venezolanos en el sistema de partidos que hasta
ahora venía desarrollándose en el país.
Han pasado 30 años de aquél
documento que la COPRE entregó al Presidente Jaime Lusinchi, y la realidad que
tenemos es dramática, pues somos testigos directos del intento del régimen por
acabar definitivamente con el deteriorado sistema de partidos políticos en
Venezuela a través del proceso de legalización que han impulsado el CNE y el
Tribunal Supremo de Justicia, pues no hay duda que el mismo amenaza la propia
existencia de esos actores que hace 30 años eran reconocidos por la COPRE como
la fuerza central en la instauración, preservación y desarrollo del sistema
democrático.
[1] COPRE. Propuesta para reforma políticas
inmediatas. En: Reformas para el Cambio. Las transformaciones que la democracia
reclama. Capítulo II. Caracas, 1993. P. 35
[2] Idem. Pacto para la Reforma. P 265-268
[3] COPRE. Pacto para la Reforma. Un programa de
acción a corto y mediano plazo. Diciembre 1990.
[4] Joaquín Marta Sosa. Para la reconversión de los
partidos y la posibilidad de nuevos movimientos. En: Reformas para el Cambio.
Las transformaciones que la democracia reclama. Capítulo X. COPRE. Caracas,
1993. Pp. 283-315
[5] Datanalysis. La abstención electoral en 1989.
En: Reformas para el Cambio. Las transformaciones
que la democracia reclama. Capítulo V. COPRE.
Caracas, 1993. Pp. 182.
Artículo escrito para Politika Ucab , 3 de marzo de
2017
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