El derecho a la universidad forma parte de la herencia que la última década de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales nos dejó, y que continúa gravitando –pesadamente, desde el punto de vista de quienes procuran desembarazarse de ella– en nuestra actualidad. La brutal contradicción entre un proyecto político que intentó ampliar progresivamente el campo de los derechos y un programa cuyo signo distintivo es la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, se despliega en estos días en nuestro país con el desarrollo de una creciente conflictividad social que aún espera encontrar su cauce político. Rápidamente quedó en evidencia, en estos primeros doce meses del gobierno de la Alianza Cambiemos en Argentina, el rol decisivo del Estado en la determinación del rumbo del proceso social, y la importancia de la orientación política de su intervención, imprescindible para expandir el territorio de la igualdad o, contrariamente, para facilitar la concentración de la riqueza y la reproducción de los privilegios oligárquicos.
La apropiación de los resortes del Estado por parte de los sectores dominantes –nunca dispuestos a autolimitar su histórico desprecio por la institucionalidad y la regla republicana– ha producido ya un viraje radical en la dirección de la política pública, con un impacto nefasto en las condiciones de vida de los sectores populares y, sobre todo, con un efecto altamente destructivo sobre el horizonte de previsibilidad y expectativa de progreso que dificultosamente había podido construirse para una parte importante de la población trabajadora. Esta expectativa no estaba ligada exclusivamente a la aspiración de una continua mejora en las condiciones materiales de la vida personal o familiar en el marco de cierta estabilidad económica asegurada por la protección estatal, aun cuando dicha aspiración no fuera irrelevante, ni plenamente fundada. Potencialmente mucho más inquietante que el deseo de acceder a algún grado de bienestar material –y, en este sentido, mucho más movilizador– resulta la conciencia de derechos recuperada, renovada, acrecentada, que pudo desarrollarse en nuestra sociedad en estos años. La mejor prueba de ello reside en el énfasis con que las usinas ideológicas del establishment trabajan para instalar como sentido común la idea de que todo aquello fue un engaño: nos engañaron cuando nos decían que se trataba de construir una patria para todos y todas; nos engañamos cuando creímos que podíamos ser iguales. Un combate encarnizado contra el principio de la igualdad erige al mérito como una explicación de los logros individuales y, sobre todo, de los fracasos. Una no por conocida menos eficaz diatriba contra lo público y la acción igualadora del Estado, insiste en la competencia como mecanismo natural de asignación de las oportunidades y distribución de los bienes.
La universidad pública es, también, blanco de esta campaña. Junto al rápido proceso de desfinanciamiento de las instituciones, se despliega desde hace un año una propaganda inocultablemente destinada a asociar a las universidades públicas con la corrupción, la ineficiencia y la arbitrariedad. La descalificación de las universidades de reciente creación, particularmente aquellas situadas en el Conurbano bonaerense, expone sin ambages la motivación de esta operación ideológica, porque ellas representan –incluso más allá de la efectividad de sus acciones institucionales y del alcance real de sus compromisos– la afirmación del derecho a la universidad como objetivo de una política de Estado. La existencia misma de estas universidades se ha convertido en la prueba irrefutable de que hubo un tiempo en que se pensó que todos y todas (pobres, negros y negras, trabajadores y trabajadoras, sus hijos e hijas, habitantes de provincias, inmigrantes, personas con identidades sexualmente diversas, y un etcétera tan amplio como la condición humana) podían acceder a la formación superior y participar de la producción social del conocimiento, en la medida en que se destinara parte del esfuerzo común a sustentar el desarrollo y la expansión del sistema universitario público. El ataque a la universi- 17 dad pública es un ataque contra todo el sistema, pero encuentra en este objeto predilecto de denostación la clave del desprecio que anima a sus promotores.
La pelea en defensa de la universidad pública es, ante todo, una lucha por el sentido que en estos años nos permitió conquistar ─aun como un desiderá- tum─ la afirmación de este derecho. Pero hay que estar alertas: la contracara de la democratización de la universidad no es solamente su elitización, sino también su mercantilización. La restricción de las oportunidades de acceso a la universidad, que se puede prever como resultado del desfinanciamiento del sistema y del empobrecimiento general de la población, y que sin dudas sería un efecto inmediato de la imposición de dispositivos excluyentes en el ingreso, no es la única manera de negar el derecho a la universidad. La introducción de la lógica mercantilizadora en el funcionamiento de las instituciones y el reforzamiento de dinámicas competitivas, individualistas, de subordinación de metas educativas y de investigación a las exigencias y prioridades de financiadores privados, destruyen la lógica colaborativa y el sentido de lo público que se requieren para respaldar, además de la igualación de condiciones, la vinculación de la actividad académica a la demanda democrática en la formación de profesionales, en la creación de conocimientos, y en la producción cultural. Será preciso, en adelante, prestar mucha atención, tanto a las reformas que puedan promoverse para las universidades desde un Estado ahora sometido al interés de las corporaciones, como a las dinámicas que, previsiblemente, desatará o favorecerá en las universidades públicas la situación de déficit presupuestario a la que han sido velozmente conducidas. Que la educación superior se haya convertido en un mercado millonario a nivel global no es un dato menor, incluso en un país como el nuestro, en el que la legitimidad social de un extenso sistema educativo público parecería preservarnos de esos males. Aún si nuestras elites transitan circuitos alternativos para la formación de sus cuadros dirigentes, o precisamente por ello, la universidad ofrece un preciado terreno para quienes logren convertir el derecho en un bien transable.
Como puede verse, este libro, al igual que varias de nuestras más recientes publicaciones, se construyó en la bisagra de un tiempo histórico acelerado por la lucha de clases, que en esta zona del mundo sigue siendo una batalla atravesada por la dimensión del coloniaje, la dependencia, la persistente y siempre renovada vocación de nuestras elites de someter el destino de las mayorías a las condiciones de su peculiar modo de asociación con el proceso de expansión del capitalismo global. La defensa de un concepto novedoso, que se torna principio rector de una política una vez que se afirma como “derecho”, en un momento en que está en juego el “horizonte de época” que dio sentido y oportunidad a su enunciación, constituye un desafío propio de esta hora. Se trata, precisamente, de reafirmar el carácter inconcluso de aquel proceso de cambios, no a partir de la fácil constatación de la medida de lo no logrado, sino a partir de la voluntad de asegurar su continuidad. Continuidad que, sin dudas, deberá proyectarse como horizonte y apuesta colectiva, para nutrir una resistencia que aspire a preservar, recreándola, la potencia transformadora de la aspiración igualitaria.
Prólogo Yamile Socolovsky // Directora del IEC-CONADU
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