Varios países de la región se presentan convulsionados,
bajo una creciente polarización y agitación social; con altos niveles de
corrupción y desgaste de los políticos y los partidos; empero, y
paradójicamente, en algunos de los casos de mayor tensión, como Perú y Ecuador,
la institucionalidad democrática pareciera estable, tanto el poder judicial,
como las instituciones electorales, se presentan relativamente autónomos y
eficientes, todo lo contrario, al caso venezolano.
Ahora bien, en la medida que la crisis se incremente,
pude abrir espacios a los proyectos radicales que, en buena medida, están
promoviendo la crisis, para abrirse camino al poder, manipulando a la población
y aprovechando las bondades de la institucionalidad democrática.
Los casos recientes de Perú y Ecuador resultan
significativos y sorprenden por lo repetitivo de los escenarios. En el caso
peruano impacta que todos los Expresidentes vivos son objeto de investigaciones
judiciales, algunos en prisión, otros fugitivos e incluso, previó a su detención,
se suicidó el veterano aprista Alan García, quien ejerció la Presidencia en dos
oportunidades. Pero el poder judicial se mantiene firme, las fuerzas
armadas ocupando su lugar y respetando la institucionalidad.
El enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y
legislativo peruanos no es nuevo, pero ha llegado en estos días a un nivel
extremo, al utilizar el Presidente Martin Vizcarra, la atribución
constitucional que le permite disolver al Congreso y convocar a elecciones
parlamentarias. El Congreso, por su parte, reaccionó de inmediato, suspendiendo
al Presidente y designando provisionalmente a la Vicepresidenta, Mercedes
Aráoz, como encargada.
Sorprende como se repite el escenario, pues el Presidente
Vizcarra llegó al poder, producto de una crisis previa, en la que el Presidente
electo, P.P. Kuczynski, se vio obligado a renunciar y se encuentra bajo
investigación judicial.
Pareciera que en la esencia del conflicto de poderes en
el Perú, destaca la arrogancia del fujimorismo y sus aliados, que controlan el
Congreso, y desde allí aspiran controlar del resto de las instituciones, en
particular del Tribunal Constitucional. Pero la jugada no está resultando
exitosa. La OEA ha declarado de forma adecuada y conveniente y se espera
que el orden constitucional se imponga. En consecuencia, el país se debe
preparar para nuevas elecciones, un reto complicado, pues la maquinaria
fujimorista está bien organizada y el resto de los partidos fraccionados y
enfrentados. Lo admirable del caso peruano es que la institucionalidad
democrática prevalece, se impone y se consolida.
Ecuador nos evoca un Déjà Vu, pues la protesta social,
particularmente indígena, ya ha generado graves crisis políticas y algunas han
desembocado en la salida de Presidentes en ejercicio; al respecto, nos
podríamos remontar al caso de Abdala Bucaram en 1997, luego la renuncia de
Jamil Mahuad, por las protestas debido a la dolarización del país en el 2000 y
posteriormente a la “rebelión de los forajidos”, contra Lucio Gutiérrez en el
2005.
Pudiéramos pensar que faltó manejo político y
sensibilidad social, para adoptar las necesarias reformas económicas aprobadas
por el Presidente Lenin Moreno, lo que a todas luces resulta evidente, es la
participación en la protesta de los grupos radicales, fieles intérpretes del
Foro de San Pablo. En esta oportunidad la situación se empeora, por la
presunta participación de grupos militares favorables al radicalismo. Estos
son los típicos grupos que promueven la violencia, aprovechando la democracia y
manipulando el discurso, para llegar al poder y, al lograrlo, inician el
desmantelamiento de la institucionalidad y la violación de los derechos
humanos, para perpetuarse en el poder.
El caso ecuatoriano se pudiera complicar con la
participación de apoyos extranjeros para los radicales, de allí la necesidad
que la comunidad internacional democrática mantenga su atención y participación
preventiva. Es un tema que se debería abordar en la OEA a los fines de proceder
bajo el sistema de la alerta temprana y evitar que la situación se desborde.
Para la lucha democrática venezolana, estos dos
conflictos son preocupantes, entre otros, en alguna medida debilitan la
fortaleza del Grupo de Lima, complican la agenda. Ahora bien, convendría que
este mecanismo se reúna de emergencia, para evaluar las posibilidades de su
participación, con el objeto de cuidar por la paz, la convivencia y la
estabilidad de la democracia.
Digalo Ahi Digital
http://www.digaloahidigital.com/articulo/regi%C3%B3n-agitada-%C2%BFpero-estable
24 de Octubre del 2019
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