"No es por 30 pesos, es por 30 años".
Esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que
estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de
emergencia.
Es una oración que, sin duda, explica parte del profundo
malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas durante el fin de
semana en el país sudamericano.
Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la
tarifa del metro en 30 pesos fue solo la "gota que rebalsó el vaso".
Prueba de ello es que el anuncio este sábado del presidente Sebastián Piñera de
suspender el incremento en el precio del transporte público, no calmó en lo más
mínimo a los manifestantes.
Al contrario, las protestas se tornaron más violentas,
con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y
buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.
Muchos chilenos dicen sentirse "abusados" por
un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad
"justa".
Pero ¿cuáles son estas "deudas sociales" por
las que reclama parte de la sociedad chilena?
1. El sistema de pensiones
Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos
años en Chile.
El sistema de pensiones que actualmente rige en ese
país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto
Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y
también defendido por otros.
En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es
suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son
instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de
cuentas individuales de ahorros para pensiones.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus
ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.
Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de
los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar "pensiones
dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la
desigualdad del ingreso.
Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer
mandato en 2013, dijo: "Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que
se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el
70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo".
Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente,
fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado
ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en
contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que
exigían el fin de las AFP.
Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se
llama "No+AFP". Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile
"son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro
país". "(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan
expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos",
dicen.
Bettina Horst, subdirectora del centro de estudios
chileno Libertad y Desarrollo, no comparte esta consigna aunque reconoce que
efectivamente se ha instalado un discurso en contra de las AFP.
"Cuando se habla de que las AFP nos están robando
los recursos, no es así; ni una AFP ha robado ni un peso . Pero está instalado
de que las AFP nos roban", explica a BBC Mundo.
Por su parte, la cientista política y presidenta de la
fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que
ver con que "las personas en este país pueden trabajar toda su vida,
cotizar toda su vida, y recibir una miseria".
"El 80% de las personas en Chile recibe pensiones
que son menores al sueldo mínimo", le dice a BBC Mundo.
Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el
Parlamento de Chile.
El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de
Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar
el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y
mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores.
La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones
como "No+AFP" y en sectores políticos de oposición.
"La reforma de este gobierno no soluciona el
problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Debemos actuar
hoy para los nueve de cada diez pensionados que reciben menos de 300.00 pesos
como jubilación", dijo el diputado del partido Revolución Democrática,
Giorgio Jackson.
Para De la Fuente, estas últimas manifestaciones
representan un "punto de inflexión" y, por lo mismo, la discusión en
torno a las pensiones va a tener que cambiar.
"Si antes estaba centrada en si manteníamos o no el
sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo hacemos para que las personas se
jubilen de una manera digna", dice.
Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de
los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.
"En este país, la política redistributiva no logra
romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el calculo que hacen
varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las
personas más ricas", explica De la Fuente.
2. Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo
de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA
(Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE
(Instituciones de Salud Previsional).
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que
las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.
Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los
últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.
Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas,
la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de
reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi
dos millones de personas.
Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver
con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las
preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.
En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que
"más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la
gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello".
"Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a
cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar",
agregó.
Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado
descontento.
"En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por
una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse
a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque
tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y,
además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida",
explica Gloria de la Fuente.
Bettina Horst, en tanto, asegura que aunque en Chile se
han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los
mejores. "Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día,
porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, no se controlan
bien los insumos, etc", dice.
3. Transporte público: un problema sin resolverse
La red de transporte "transantiago" (hoy
renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 añoscon la
promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin
subsidios estatales.
Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas
que enfrenta la capital de Chile, Santiago.
Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de
transporte nunca ha dejado de recibir críticas.
Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007
el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de
validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el
sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.
En definitiva, el "transantiago" tenía
problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total
del transporte público.
Y las culpas políticas de un lado a otro entre los
gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—,
y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron
.
A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de
recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo
largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera
eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.
Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a
demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta
buena parte de la población.
Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio
de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países
alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función
del ingreso medio de sus habitantes.
Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones
de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el
segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.
"Estructuralmente, la política pública implementada
por Michelle Bachelet fue un error y hoy día estamos pagando las
consecuencias", dice la subdirectora de Libertad y Desarrollo.
Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento
social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30
pesos.
4. Privatización del agua
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre
varios chilenos es el Código de Aguas.
El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera
polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce
el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o
privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de
carácter perpetuo.
Además, se alega que es un sistema "absolutamente
privado".
Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua
la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el
cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía
sino "saqueo
".
Para él, los privados hacen un
"aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer
al resto de la población.
"Chile es el único país del mundo que mantiene
privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura", dice. El activista
agrega que "aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar
agua".
Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el
Parlamento, sus críticos dicen que no es suficiente.
Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar
este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el
artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.
Sin embargo, para hacer una reforma a la Constitución en
Chile se necesita la aprobación de dos tercios del Senado. Y "esos votos
no están", reconoce Mundaca.
5. Educación y la movilidad social
La demanda por una mejor educació
n explotó en 2006 con la
famosa "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron
a las calles a exigir mejoras en esta materia.
Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento
estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al
gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.
Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento
de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la
educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que
expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en
el país.
"Cuando la gente accede a la educación superior, lo
hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación
básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes
pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una
educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social",
explica De la Fuente.
"Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es
un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la
movilidad social", agrega.
De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos,
una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
6. Abusos y corrupción
Colusiones entre empresas para fijar precios de sus
productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la
corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han
apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.
"Los abusos están en el medio de este malestar de la
gente", dice Gloria de la Fuente.
Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor
impacto fue el de las farmacias en 2008.
Según una investigación realizada por la Fiscalía
Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde
y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios
de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades
crónicas.
Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde
dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA)
y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por
más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.
De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las
empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.
Tanto la colusión de las farmacias como la del papel
higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son
servicios básicos.
A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la
política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.
En aquella ocasión, tanto la coalición política de
derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet
(con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos
ilegales de campañas políticas y boletas falsas.
La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de
Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos
públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la
fuerza policial chilena.
Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y
Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente
cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande. Y como es de
esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.
"Estamos en una fase de descrédito acelerada de la
política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de
confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de
legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos
capaces de solucionar a tiempo, como país", explica Gloria de la Fuente.
Según la cientista política, hoy casi el 80% de las
personas dice que la administración del Estado es "corrupta o muy
corrupta".
"Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque
ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y
roba, finalmente no paga", agrega.
Por su parte, Bettina Horst matiza que "hoy día la
gente se siente frustrada porque, efectivamente, ve corrupción; pero no somos
un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil".
Horst, sin embargo, agrega que "sí se ha instalado
un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda
como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se
busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con
fuerza".
Sea como fuere, tras los días más violentos desde el
retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se
aborden parte de estas "deudas sociales", los expertos coinciden en
que será difícil calmar la "furia" de los ciudadanos.
BBC News
Digalo ahi digital
29 de Octubre del 2019
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