Más allá de lo simbólico hubo también el domingo
16J un vigoroso baño de legitimidad para los actores sociales y políticos que
vienen luchando por abrir el cauce de una salida pacífica y democrática para el
país.
Los resultados de la
consulta popular promovida por la sociedad venezolana y convocada por la
Asamblea Nacional el pasado domingo 16 de julio marcan un hito en el arduo
camino de resistencia al régimen autoritario que devino del chavismo. Por
segunda vez en la actual crisis se ha expresado claramente la voluntad popular.
En diciembre de 2015, en las parlamentarias, con la contundente victoria
opositora, esa voluntad exigió un cambio político, yo diría que negociado,
entre el Ejecutivo —heredero del legado de Chávez— y el Legislativo —controlado
a partir de entonces por los partidos opositores del proyecto político
chavista—. Este julio de 2017 la voluntad popular, ante la sordera
gubernamental, fue más severa: más de siete millones y medio de ciudadanos,
corriendo con los riesgos que implica salir a ejercer sus derechos políticos en
un contexto de creciente represión y anomia, lo hicieron para exigir al
gobierno nacional desistir de su convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Demandó así mismo que la Asamblea Nacional (AN) y la FFAA, dos instituciones
clave del Estado,cumplan con sus obligaciones. Es decir, redoblen sus esfuerzos
para que la nación, la sociedad y el Estado, vuelvan al cauce constitucional.
Muchos ya han señalado el
gran poder simbólico que ha significado ese evento del 16J. La rapidez con que
logró organizarse, la escasez de recursos, la solidaridad de partidos,
movimientos y agrupaciones de la sociedad civil, la superación de obstáculos
colocados por instituciones pervertidas, la disposición de cientos de
venezolanos dispersos por el mundo para organizarse con la AN y lograr que
cientos de miles de compatriotas pudieran ejercer también sus derechos
políticos, resulta, por decir los menos, asombroso. Un genuino ejercicio de
democracia directa ejercida por una nación que, con las penurias sufridas, se
ha metamorfoseado en una sociedad globalizada del siglo XXI. Sí, estamos en
todas partes, pero seguimos con Venezuela en el corazón. Cinco y hasta siete
horas de cola hicieron algunos para ejercer su derecho. El mensaje de firmeza,
de convicción, parece irreversible. Los venezolanos no van a resignarse a un
régimen sin derechos ni libertades; no van a aceptar que los desalojen de la
comunidad democrática internacional a la que pertenecen.
Más allá de lo simbólico
hubo también el domingo 16J un vigoroso baño de legitimidad para los actores
sociales y políticos que vienen luchando por abrir el cauce de una salida
pacífica y democrática para el país. La masiva participación popular debe
entenderse también como un respaldo claro a la razón que asiste a las fuerzas
de la sociedad que llevan más de cien días luchando en calles y en diversos
otros espacios públicos. Esas fuerzas que han desarrollado dentro y fuera del
país todo tipo de iniciativas con el fin de hacer visible al mundo el repudio
de la nación a la deriva autoritaria, nepótica, corrupta y represiva del
gobierno de Maduro. La ciudadanía el 16J reconoció ese esfuerzo y pide que se
siga abriendo el camino, que estarán allí apoyándolos y harán lo necesario para
asistirlos, siempre dentro del cauce pacífico y democrático.
En lo que sigue voy a tocar
dos puntos de esa ratificación de legitimidad. Me voy a referir primero, a la
consulta como un mecanismo de democracia directa. En el evento del 16J se pudo
constatar, irónicamente, un legado del chavismo en su primera etapa, antes de
ser lo que ahora es: que la participación ciudadana individual y directa es un
principio que no sólo se asentó en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, sino en lo profundo de la concepción de democracia que anida en
la sociedad. Y con esta idea como guía, en un segundo punto desarrollo unas
ideas sobre cómo seguir desde aquí, cuyo objeto es servir a la discusión
colectiva que debe hacerse permanente. Estamos ante un juego muy complicado de
ajedrez, pero considero que la participación ciudadana se ha erguido como pieza
clave, como la reina en el tablero que se juega. Necesita, por supuesto de las
otras piezas, pero es clave para el jaque mate.
El 16J fue un
ejercicio de democracia directa
En teoría democrática, una
cosa es la democracia representativa, otra la directa o participativa. Ambas
son concepciones de la democracia, pero se alimentan de corrientes filosóficas
distintas.
La democracia representativa
es considerada hoy por occidente, y por buena parte de la comunidad
internacional, como el sistema democrático por excelencia. En ella la soberanía
popular reside en el pueblo, un pueblo plural y diverso, que delega su
soberanía a través del voto, a sus representantes. El pueblo gobierna, decide,
a través de sus representantes, usualmente organizados en partidos políticos.
Es el sistema propio de la modernidad, fue discutido en la fundación de las dos
democracias paradigmáticas de occidente: la estadounidense y la francesa. En
ambas se llegó a un consenso mayoritario sobre la imposibilidad de una
democracia directa, y la inconveniencia de la misma, en las complejas
sociedades en desarrollo. Sin embargo, quedó en el aire esa valoración de la democracia
directa, como la “verdadera” democracia.
La democracia directa, se
nutre del ideal griego. En ella, la soberanía reside en el pueblo, que la
ejerce directamente sin mediaciones, sin partidos políticos y sin
representantes. La soberanía es indivisible y se expresa en asambleas,
plebiscitos, referendos, y otros mecanismos donde la mayoría expresa
directamente la voluntad general de la nación. En democracia directa no hay
partidos ni representantes, ni se reconocen derechos de minorías.
Los siglos de evolución de
estas dos concepciones de democracia han mostrado sus virtudes y flaquezas. La
democracia representativa ha producido una importante igualdad ante la ley y
estabilidad sociopolítica. Pero, tiende a que la política sea un asunto de
profesionales o elites y, en este sentido, se aleja de las mayorías, se
oligarquiza, privilegiando intereses de minorías pudientes. En ella se
mantienen importantes desigualdades económicas y sociales de los ciudadanos.
Los regímenes de democracia
directa, por el contrario, tienden a desconocer la pluralidad de intereses y
aspiraciones que anidan en la sociedad. Los mecanismos plebiscitarios o las
asambleas tienden a fortalecer las posiciones de las mayorías, contribuyendo a
la igualdad social. Sin embargo, su desprecio hacia las minorías los hace
propensos a tiranías, intolerancia, autoritarismo y, eventualmente, son sostén
de regímenes totalitarios. Los ejemplos del nacionalsocialismo alemán, el
fascismo italiano y el estalinismo soviético, vacunaron en el siglo XX a las
naciones occidentales contra este tipo de regímenes.
Sin embargo, en la segunda
mitad del siglo XX se fue haciendo evidente, que el principio participativo y
los mecanismos de democracia directa, temidos por la democracia representativa,
son fundamentales para la salud y buen desenvolvimiento de la democracia. En
América Latina, particularmente, el principio participativo ha sido muy popular
en el pensamiento de la Iglesia Católica, considerándolo un instrumento al
servicio de la inclusión y empoderamiento de los pobres, de la liberación del
pueblo.
Esta disquisición viene a
propósito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que, en
un esfuerzo por mejorar la calidad democrática del sistema político construido
a partir de 1958, combinó las dos formas de democracia. La nuestra es un
régimen de democracia representativa con una amplia gama de mecanismos de
democracia directa. El chavismo en el primer gobierno de Chávez, socializó
fuertemente el valor de la participación popular creando mecanismos para tomar
decisiones, que apelan directamente a la soberanía popular sin intermediarios
partidistas, como lo son las asambleas, y referendos. Nuestra Constitución los
considera idóneos para producir el cambio social y político y, sobre todo, para
asegurar el empoderamiento de la ciudadanía.
Así, aunque Tibisay Lucena
declare que la consulta popular este 16J carece de valor “legal”, lo cierto es
que el mecanismo directo de la consulta o plebiscito, o referendo, de acuerdo a
nuestra Constitución, es legal y, sobre todo, es de incuestionable legitimidad.
Porque como mecanismo de democracia directa, está en el corazón de la
concepción del régimen participativo y protagónico. Maduro, Lucena y compañía
han confesado, al restarle importancia, su divorcio con el legado original de
Chávez y han enterrado definitivamente el proyecto popular que alguna vez
tuvieron.
Esta consulta popular ha
buscado, en mi criterio, resolver de acuerdo a nuestra Constitución y leyes
el impasse que autoridades del poder público —me refiero a
la Presidencia, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral— mantienen
con el Legislativo y la Fiscalía General de la Nación. En la consulta del 16J
la voluntad general de la nación se expresó sin intermediarios y de manera
diáfana. Esa voz de la soberanía popular rechaza la Constituyente propugnada
por la Presidencia y los poderes a él sometidos y exige a la Asamblea Nacional
y a la FFAA cumplir con el Estado de derecho e ir a un Gobierno de Unidad
Nacional como recurso de salida a una transición democrática. La voz soberana
es el sostén del orden político, y no puede estabilizarse ningún gobierno sin
ella. La fuerza bruta, personificada en los cuerpos de seguridad del Estado y
los paramilitares que atemorizan y reprimen al pueblo, sólo prolongan la crisis
y agonía del gobierno de Maduro, pero no pueden estabilizarlo.
¿Qué sigue?
El juego político que se
desarrolla ante nuestros ojos es muy complejo. Si bien la voluntad general se
ha expresado con claridad, en el tablero existen diversas piezas que ahora
deberán moverse a partir de esta jugada. Por el momento, las posibilidades de
una resolución pacífica y democrática se han fortalecido.
En primer término, el
Ejecutivo Nacional recibe el mandato de retirar su llamado a Constituyente en
los términos en que lo ha hecho. Si desea continuarla debe ajustarse al
requisito constitucional de consultar previamente al depositario de la
soberanía popular: al pueblo.
En segundo término, los
actores políticos, que hacen vida en la Asamblea Nacional, los partidos de la
MUD, los diversos actores de la sociedad civil, e incluso sectores de la
disidencia chavista, que en cierto modo están representados en la institución
de la Fiscalía y en algunos diputados que se han alejado del bloque chavista,
quedan de alguna manera legitimados para continuar abriendo el camino
institucional para una vuelta al Estado de derecho. En lo inmediato, debe
leerse el resultado como un fuerte espaldarazo para que desde la Asamblea
Nacional se continúen los procesos de remoción de autoridades de los otros
poderes públicos, que fueron designados en los últimos dos años sin ajustarse a
la Constitución y las leyes,y se nombren, ajustado a derecho las autoridades
que los reemplacen. Que se continúen las labores propias de la casa de la
soberanía popular. En mi criterio, también es un respaldo a la labor que con
gran valentía ha venido adelantando la Fiscalía y un mandato para que continúe.
La Asamblea Nacional recibe el encargo de promover los pasos conducentes a unas
elecciones y buscar un gobierno de unidad nacional. A la FFAA se le exige
ponerse a derecho, cumplir sus funciones.
¿Obedecerá el gobierno y los
poderes que controla? ¿Se ajustará a las leyes la FFAA? ¿Cómo llegar a unas
elecciones sabiendo ahora con toda la evidencia del caso, que el chavismo va a
perder estrepitosamente?
Los costos políticos de
desobedecer el mandato popular para los actores atrincherados en el poder se
van a hacer cada vez más altos. Ya en la comunidad internacional, el gobierno
de Maduro es un actor incómodo, aislado, criticado. Las presiones continúan
para que deje de reprimir a civiles desarmados, garantice los derechos humanos
de la población y para que convoque a elecciones. Los gobiernos vecinos, así
como las instituciones interamericanas e internacionales, cada vez les es más
difícil mirar hacia otro lado sobre lo que pasa en Venezuela. La diáspora
venezolana acarrea todo tipo de problemas a los vecinos, que ven colapsar
servicios públicos y escasear empleos en sus fronteras. Esas piezas del tablero,
después de la consulta, se moverán fortaleciendo a la reina, la voz popular.
Pero, otros actores, otras
piezas, se mueven en otra dirección. En la comunidad internacional están los
aliados del chavismo, los gobiernos de China, Rusia y Cuba, con intereses
importantes en la sobrevivencia de Maduro o del chavismo a futuro. Tienen mucho
dinero invertido aquí, negocios que están en riesgo, deudas que no han sido
cobradas, expectativas de influencia geopolítica. En las semanas recientes se
han reseñado “conversaciones exploratorias” de estos actores entre sí y con el
gobierno. Se trata, en este caso de piezas del ajedrez, que podrían moverse no
tanto para que se respete el Estado de Derecho, sino más bien para favorecer
una salida negociada, que les asegure la permanencia de sus negocios e
intereses en nuestro país. Sobre esto es importante que la ciudadanía tome
conciencia de que habrá que hacer concesiones para llegar a la transición
democrática. Y que los actores que se sientan a la mesa para representar nuestras
aspiraciones deben estar preparados y alertas sobre qué puede concederse y qué
no.
La FFAA, otra pieza
importante de este ajedrez, sigue respaldando el régimen. Circulan rumores de
tensiones, fragmentaciones y conflictos, hay algunos oficiales detenidos, pero
en lo concreto, siguen los militares sin reaccionar, sin entender que debe
cambiar su comportamiento. Esta institución,aunque desprestigiada, sigue
detentando las armas, siguen muchos oficiales con intereses materiales, muchos
provenientes de hechos ilícitos, con privilegios, que no van a deponer sin
pelear. Por ello, es necesario buscar una salida negociada. También aquí la
ciudadanía debe tomar conciencia que, en un proceso de negociación, habrá que
quizás ofrecer concesiones onerosas, exilios dorados o impunidad de ciertos
delitos, a cambio de que podamos abrirnos a elecciones y a una paz duradera.
En resumen, las
posibilidades de llegar al umbral de una transición democrática han mejorado en
las semanas recientes. Pero aún no está garantizada. En este juego de un
gobierno degradado y corrupto, pero aún controlando poder, dinero y armas, la
ciudadanía y las instituciones que respaldan la paz y la democracia deben
permanecer más alertas que nunca y más unidas. Pero eso no basta, esta es una
lucha de una Goliat, una fuerza bruta, contra un David, una vuelta a la
civilidad. Es la habilidad, la inteligencia, apelando a mecanismos de
democracia directa cuando se requiera, lo que, junto a la paciencia, permitirá
seguir avanzando y ver una luz al final del túnel.
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