En Venezuela, no son cosa nueva las aspiraciones del
pueblo por vivir en un país mejor, de progreso y justicia social; como tampoco
es nuevo que estas hayan sido burladas una vez tras otra. Para no remontarnos
tan lejos en el tiempo, recordemos que en el Acta de Declaración de la
Independencia (5 de julio 1811) ya se establecía que la nueva nación se
constituía basada en los valores y principios republicanos de igualdad,
solidaridad y fraternidad; totalmente opuestos a las prácticas políticas,
culturales y sociales que habían existido durante 300 años en la América
española.
Fueron estos los fines que, supuestamente, motivaron la
Guerra de Independencia que culminó en 1823; pero en realidad, el orden social
colonial continuó persistiendo en lo fundamental. Tan es así, que no fue sino
hasta el 24 de marzo de 1854 cuando el presidente José Tadeo Monagas decretó la
abolición formal de la esclavitud. Esta situación fue el germen que, 36 años
después de finalizada la Guerra de Independencia, condujo a una nueva
confrontación armada: la Guerra Federal o Guerra de los Cinco Años (1859-1863);
donde; bajo la consigna de “Tierra y hombres libres” los liberales o
federalistas liderados por el Gral. Ezequiel Zamora, entre otros, se
enfrentaron a la oligarquía conservadora surgida de la Guerra de Independencia
y encabezada por el Gral. José Antonio Páez, que se oponía a modificar el
esquema social establecido. El fin de esta guerra, lejos de permitir que se
cumpliera la consigna enarbolada, condujo a la promulgación de la Constitución
Federal (1864) y a que los caudillos militares terminaran siendo los jefes
políticos y dueños de las tierras.
Se atribuye al Gral. Juan Vicente Gómez (1908-1935) la
derrota del caudillismo, la conformación del Estado moderno y la cancelación de
la deuda pública; pero también, de haberse apropiado de inmensas extensiones de
terrenos, de los negocios más lucrativos de la época y haber mantenido una
brutal dictadura durante 27 años. Su muerte dio paso a un proceso de progresiva
apertura política que fue truncado por el derrocamiento del Gral. Isaías Medina
Angarita en el año 1945 por un Golpe de Estado, la Revolución de Octubre, que
dio paso a la instalación de una “Junta Revolucionaria de Gobierno”
constituida por sectores militares dirigidos por los oficiales Carlos
Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez, y miembros del partido AD encabezados
por Rómulo Betancourt.
Este asumió el cargo de presidente interino hasta
diciembre del año 1947, cuando se realizan las elecciones donde Rómulo Gallegos
resultó vencedor (la suma de ambos períodos ha sido llamada “el trienio adeco”).
En noviembre del año 1948, sin haber cumplido un año en el cargo, Gallegos es
derrocado a su vez por un movimiento militar liderado por los mismos oficiales
que anteriormente habían sido aliados de su partido: Delgado Chalbaud y Marcos
Pérez Jiménez. La “Junta Revolucionaria Gobierno” cambia su nombre a “Junta
Militar de Gobierno” y el primero de los mencionados es designado presidente.
Este es asesinado el 13 de noviembre de 1950 y es sustituido por el abogado
Germán Suárez Flamerich, quien permanecerá en el cargo hasta diciembre del año
1952, cuando es sustituido de facto por el Gral. Marcos Pérez Jiménez, quien
termina siendo proclamado Presidente Constitucional de la República para el
período 1953-1958.
El levantamiento cívico militar del 23 de enero de 1958
obliga a Pérez Jiménez a huir del país y se conforma la Junta Provisional de
Gobierno, presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazabal. El derrocamiento
del dictador hizo renacer nuevamente las esperanzas populares por un cambio
hacia la democracia; pero los partidos AD, Copei y URD firmaron un acuerdo de
gobernabilidad denominado el Pacto de Punto de Fijo; el cual,
complaciendo a los dictados del Departamento de Estado norteamericano y a su
política de “Guerra Fría”, dejó por fuera al partido comunista, organización
política que había sido un factor destacado de la lucha contra la dictadura y
había formado parte de la Junta Patriótica, organismo clandestino creado en
1957 e integrado por los partidos AD, Copei, URD y el PCV. Esto constituyó uno
de los actos de exclusión política más relevantes de nuestra historia reciente;
el cual ha tenido trascendencia en la vida de nuestro país.
En estas
circunstancias, se realizan las elecciones que llevan a la presidencia a Rómulo
Betancourt (1959-1964), y posteriormente a la aprobación de la Constitución de
1961, donde quedó formalmente establecido el régimen de democracia
representativa que perduraría durante 40 años y se ha conocido como el período
puntofijista.
La política antipopular y represiva desarrollada por el
gobierno de Betancourt en la Venezuela del momento, fue determinante para el
desarrollo del proceso de lucha armada iniciado por sectores de la oposición;
entre los que se encontraban los excluidos por el pacto mencionado
anteriormente. Dicho proceso se extendió aproximadamente por una década, y se
dio formalmente por concluido mediante la política de pacificación nacional
implantada durante la primera presidencia de Rafael Caldera (1969-1974). El
agotamiento del régimen de democracia representativa, o del puntofijismo,
catalogado también como bipartidismo y dictadura de partidos, abrió las puertas
para el ascenso a la presidencia de la república del Tcnel. Hugo Chávez por
medio de las elecciones realizadas en diciembre del año 1998; el cual, ni corto
ni perezoso impulsó una Asamblea Constituyente que dio origen a la vigente
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1991, a través
de la cual se formalizó el nuevo régimen de democracia participativa y
protagónica; denominado revolución bolivariana, socialismo del siglo XXI, o
simplemente “chavista”.
El gobierno de Chávez se inició con un importante apoyo
popular que fue menguando progresivamente a raíz de las políticas erráticas y
demagógicas implementadas por este, quien progresivamente fue incrementando el
espacio de participación para el estamento militar, alejándose cada vez más de
los dictados de la constitución e incrementando los niveles de autoritarismo. A
su muerte, reconocida oficialmente en fecha 5 de enero 2013, es sucedido en la
presidencia de la república por Nicolás Maduro y se agrava en todos los
sentidos la crisis pre existente; hasta llegar a la actual situación de
inestabilidad política, económica y social, y a la consideración generalizada
sobre la ilegitimidad de este y el carácter dictatorial del régimen. Los
representantes de este “proyecto político” han detentado el poder por más de
dos décadas; habiendo demostrado suficientemente su absoluta inviabilidad y
encontrándose actualmente en su fase final de agotamiento.
Como hemos podido apreciar, en Venezuela hubo una
independencia que nunca fue tal, una federación que tampoco cuajó, una
democracia de apariencia y una revolución socialista de pacotilla; en todas
ellas se vieron frustradas las esperanzas del pueblo, quien ha pagado siempre
“los platos rotos”, manipulado y utilizado en función de ajenos intereses.
Ahora estamos en una nueva encrucijada, el régimen está agotado y es necesario
sustituirlo; la pregunta es: ¿por cuál “modelo” lo sustituimos?, ¿seguimos de
brazos cruzados esperando que otros decidan por nosotros? ¿nos seguimos calando
que nos consideren tan tontos para hacernos creer que “en el pasado éramos
felices y no lo sabíamos”? ¿o decimos ¡YA BASTA! y nos decidimos, como pueblo
venezolano, a ocupar el papel que nos corresponde, a ser los protagonistas
principales del cambio, a decidir nuestro propio destino y a construir el
proyecto que responda a nuestras reales aspiraciones de progreso, soberanía,
democracia y justicia social?.
Secretario General de Vanguardia Popular. Estado Aragua.
Digalo ahi digital
24 de diciembre del 2019
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