El país va hoy a las elecciones de la
Asamblea Nacional Constituyente. Presenciamos una votación inédita en
Venezuela. La mayoría de la población indica que no está de acuerdo con ella.
Pero la población no fue consultada ni lo está siendo hoy. Los mecanismos de
elección de los constituyentistas son “distintos” a la tradición electoral
democrática venezolana y mundial, y la fuerza opositora se abstuvo y rechazó el
evento, denunciándolo de inconstitucional.
Queda entonces una elección sin
participación opositora. Esto deja a la Asamblea Nacional Constituyente,
independientemente de la votación que haya, en manos de una sola fuerza
política: el chavismo, encargada nada más y nada menos que de reestructurar el Estado
y redactar el nuevo Pacto Social de la Nación, que es su Constitución. No hay
que hacer una explicación sofisticada para entender que es imposible darle
legitimidad a un Pacto Social, en el que no participa la otra parte,
fundamental, del país. Y es que si fuera al revés, y se tratara de la ausencia
de una minoría, tampoco funcionaría, pues se trata precisamente de un pacto que
intenta garantizar la convivencia, la integración, el respeto a la disidencia y
organizar la vida en sociedad de personas que no tiene por qué pensar igual.
Convocar una constituyente y anunciar
que será usada como arma contra el adversario, para defenestrar instituciones
que difieren de los planes y estrategias de la revolución, apresar adversarios
políticos, incluyendo líderes, gobernadores, alcaldes, diputados elegidos por
el pueblo (acusados de traidores a la patria) no es lo que uno podría llamar
precisamente el camino a un nuevo Pacto Social.
Sin acuerdos previos para resolver
este problema, y con una elección nariceada, vamos directo a un drama, que
tendrá que ser atendido por acuerdos y negociaciones posteriores, que siempre
son más difíciles e impredecibles. El problema no es sólo para una de las
partes, sino para todo el país. Está cantada la radicalización política y económica
posconstituyente.
Para el Gobierno, obligarla en contra
de la oposición y la mayoría de la comunidad internacional moderna es ir a la
batalla final del kamikaze. Puede que tenga SU constituyente y SU Constitución
pero el resto del país y el mundo va a hacer todo lo que esté a su alcance por
desconocerla y elevar at infinitum su
costo, con la garantía de conflicto a futuro.
Para la oposición, arranca el momento
de probar si es verdad que ser mayoría, pero sin armas, ni organización, ni
recursos y sin un liderazgo unificado, es suficiente para enfrentar la batida
radical de un gobierno dispuesto a todo para preservarse.
Y, finalmente, para el pueblo en
general y los empresarios e inversionistas, representa la incertidumbre de
vivir en un país bloqueado, radicalizado, destruido, empobrecido y sin
horizonte claro para la crisis.
El tiempo posconstituyente está
amenazado por una crisis política signada por la radicalización de ambas
partes. En lo social, por la conflictividad, el empobrecimiento y la
emigración; y en lo económico, por el destape del iceberg de la crisis, del cual hoy sólo estamos
viendo la puntica.
Aquí estamos pues. En el escenario
“perfecto” de quienes creen que no es necesario negociar. Que su fuerza es
suficiente para destruir a su adversario. Veremos ahora si los radicales de
ambos lados son tan fuertes como dicen.
Mi opinión es que después de todos
los errores previos, veremos un país mucho más débil, primitivo y peligroso,
que terminará haciendo después lo que antes hubiera evitado mucho dolor:
negociar, pero en peores condiciones.
¿Constituyente? No, Desconstituyente.
Por Luis Vicente León | 30 de julio, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial
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