Las aparentes ganancias desmedidas obtenidas por
los comerciantes en el marco de la pandemia, es aprovechada por estos pichones
de dictadores, para actuar como benefactores y protectores de un pueblo en la
miseria total, por las políticas instrumentadas por esta banda de delincuentes.
Recurren a políticas arruinadas en el pasado para detener el incremento de
precios de bienes y servicios. Venezuela enfrenta seis años de recesión y tres
de hiperinflación, y con las sanciones ha tenido limitaciones para vender el
crudo y acceder al sistema financiero internacional. Ahora con la caída de los
precios del petróleo, el flujo de ingresos es menor, lo que impacta en las
importaciones públicas, que es uno de los soportes del plan CLAP de
distribución de alimentos
.
En 2019, tras las sanciones, el régimen relajó los
controles, lo que permitió a algunas empresas importar con sus propias divisas
y permitió a los comercios recibir pagos en dólares. Pero la flexibilización
para superar la recesión llegó muy tarde, porque la producción ya estaba
afectada por las regulaciones impuestas en dos décadas. Los controles de
precios reaparecen en la escena pública esta vez en otro contexto. En el marco
de la cuarentena social de por medio, producto del Covid-19, con una economía
azotada por la “epidemia” de seis años de recesión. Un régimen sin dólares para
la importación ($9,98 por barril), es fácil predecir que asomará su cara otro
viejo conocido: el desabastecimiento. Por supuesto aparecerán nuevamente los
parásitos sociales el bachaquero y el gorgojo vinculados con la cínica unión
cívico-militar.
Con el argumento de garantizar los derechos
socioeconómicos de los venezolanos, evitar las distorsiones en la cadena de
costos y para eliminar el impacto sobre los precios. Intervinieron una empresa
de producción oleogénica y adicional supervisarán los precios de dos empresas
de producción y distribución de alimentos (Polar y Plumrose). La decisión del
régimen esconde las verdaderas causas del incremento de precios en la última
semana. La expansión monetaria productos de la hemorragia de bonos, la espiral
del dólar oficial y paralelo, la relajación al extremo de la carga
tributaria para la importación, la desaparición de divisas preferenciales para
traer materias primas, desequilibrios económicos de años y para ponerle la
cereza, la escasez gravísima de combustible que, inexorablemente, encarece
todo. Lo cierto es que las desastrosas decisiones tomadas en el pasado
continúan, las agresiones al sector privado disfrazadas de ocupaciones temporales
o ventas supervisadas, solo traerán ruina, miseria, hambre y pobreza.
En el 2.003 instalaron un supuesto sistema nacional
integral, pleno y nacional, de distribución de alimentos y medicinas para que
no haya escasez. Mediante resolución fueron fijados los precios de 106
alimentos, 63 artículos de higiene personal y 1.140 productos farmacéuticos. Lo
que sería una medida temporal se volvió permanente. Los controles pasaron a un
ser un instrumento político y se convirtieron en la base para cercar al sector
privado. Acción que luego fue acompañada por las nacionalizaciones de
industrias y la creación de empresas de producción social, todo ello apadrinado
por la visión que se debía avanzar hacia el modelo socialista. La crisis
económica ha sido usada por la Tiranía para justificar tener cada vez más poder
y declarar un estado de excepción que ya se ha vuelto indefinido. Sin
embargo, esto no ha servido para nada, la crisis no puede ser excusa para que
un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a
la salud y otros, sobre todo para los sectores de la población en mayor
situación de vulnerabilidad. Han profundizado la crisis económica
intencionalmente con políticas públicas, para tener más control social,
con el propósito de perpetuarse en el poder a costa del bienestar de la
población.
Armaron una estructura legal, que les permitió que
todos los bienes pudieran ser declarados de utilidad pública directamente por
el Ejecutivo, con la condición de que se consideren esenciales e indispensables
para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado. Esta
férrea política de controles y estatizaciones ocultas se orientan hacia el
control social a través de la economía. Maduro y su banda al no
tener divisas para paliar con importaciones u otras políticas, apelan
a medidas inútiles, inviables y fracasadas que con toda seguridad generara
males conocidos como escasez, recesión, hiperinflación y pobreza extrema.
Lamentablemente todo acompañado de la condena que supone para la población el
sortear obstáculos enormes, para simplemente acceder a alimentos y medicamentos
básicos.
Resulta entonces obvio quién es el responsable de
la catastrófica situación actual, hecho contrario al discurso oficial que, sin
mayores explicaciones, la atribuye a una supuesta guerra económica, cuando en
realidad el origen de la misma está en el propio régimen. El hecho de que este
proceder a pesar del desastre, haya sido sostenido durante más de una década, y
mantenido por Maduro de manera intencional. Probados sus efectos nocivos desde
el inicio de su mandato, podría acercar la revolución socialista a la comisión
de crímenes de lesa humanidad, al constituirse su política gubernamental, ya
sistemática, en actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos
o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física,
(artículo 7 literal k del Estatuto de Roma). En conclusión, el genocidio debe
pararse, el régimen no tiene soluciones para resolver los problemas presentes,
muy por el contrario, cada medida tomada profundiza el deterioro. El gobierno
de emergencia y salvación nacional es perentorio.
@germanrodri
@germanoveja
Comunicacion Continua
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