El chavismo maniobra para
boicotear en los tribunales la constitución de un Parlamento con mayoría rival
El aturdimiento que parece haber dejado en el chavismo la derrota en las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre deja al país en vilo ante una
situación inédita. Por un lado, el Tribunal Supremo debe decidir si permite que
ocupen su escaño tres diputados opositores después de haber aceptado la
impugnación planteada por el Gobierno
de Nicolás Maduro. El chavismo maniobra para boicotear en los
tribunales la constitución de un Parlamento con mayoría opositora el próximo 5
de enero. La oposición ya ha anunciado que no aceptará el fallo y que se
presentará con sus 112 diputados en la Asamblea.
El miércoles a última hora, la víspera de Nochevieja, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) aceptó siete recursos presentados por el chavismo
para impugnar los resultados electorales en tres Estados. Para respaldar uno de
esos recursos, el TSJ —controlado por el Gobierno— aceptó además como medida
cautelar la suspensión de la proclamación de los diputados electos en el Estado
de Amazonas, tres de la oposición y uno del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El efecto práctico de la medida cautelar es impedir la juramentación de
esos diputados el próximo martes 5 de enero, día en el que se debe instalar la
nueva Asamblea Nacional. La oposición agrupada en la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) ya ha anunciado que no acatará el fallo judicial, y que el
martes acudirá al hemiciclo del Parlamento con todos sus 112 diputados electos.
La MUD ya ha denunciado lo que califica como “golpe de Estado judicial” ante
organismos internacionales y, a través de una carta suscrita por el dirigente
del partido Primero
Justicia (PJ), Julio Borges, ha solicitado a las Fuerzas Armadas que
ayuden a respetar la “voluntad popular”.
De prosperar los recursos cuando la Sala Electoral del TSJ estudie el
fondo de los casos, se podría ordenar la repetición de los comicios en todas
las circunscripciones en cuestionamiento, lo que afectaría a 10 escaños. El
propósito del chavismo es abortar la mayoría absoluta de dos tercios de las
curules obtenida por la oposición, con la que esta podría a partir del martes
promover votos de censura contra ministros y vicepresidentes, reformas a la
Constitución y referendos.
A apenas 72 horas de la instalación oficial de la nueva asamblea, el
país seguía en vilo la evolución del ajedrez judicial que se juega desde el 6
de diciembre. Pero esa no es la única incógnita por despejar. También falta por
conocer quiénes integrarán el gabinete ministerial, después de casi un mes
desde que el presidente Maduro pidió la renuncia de sus anteriores titulares.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos
de la jesuita Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, advierten de que,
según las disposiciones de la Constitución vigente, algunas medidas adoptadas
por el presidente Maduro en los últimos días carecen de legalidad al no haber
sido refrendadas por el Consejo de Ministros. Las actuaciones del Ejecutivo
comprenden, por ejemplo, la promulgación de leyes en el marco de las facultades
para legislar otorgadas por la Asamblea Nacional a Maduro mediante una ley
habilitante, o la reciente extensión por 60 días del estado de excepción
vigente en municipios fronterizos con Colombia del Estado de Amazonas.
Mientras, el próximo lunes iniciará sus funciones el inédito Parlamento
Comunal, un organismo que el oficialismo ha rescatado de la chistera de las
leyes comunales que Hugo Chávez hizo
aprobar en 2010. El Gobierno de Maduro no ha escondido su intención de utilizar
este Parlamento paralelo —conformado en su totalidad por representantes de
comunas chavistas— como contrapeso a la “asamblea burguesa”, así como de
destinarle recursos y competencias.
Maduro, en una foto cedida por el Gobierno / EFE
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