Un importante ‘cold case’ de las altas
finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones
surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una
de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada
en 2015 de Televén, uno de los principales canales privados de TV. De esa
riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor.
Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que
echar mano a la facturación de sus empresas petroleras.
En septiembre de 2019 el Banco del Orinoco N.V. fue
intervenido por las autoridades de Curazao, la nación insular a 50 kilómetros
de las costas de Venezuela que, como su ex metrópolis holandesa, mantiene un
estatus cercano al de un paraíso fiscal. Fue el acto de cierre para la historia
de un cuarto de siglo del banco, registrado en 1994. Su caída tumbó otras
fichas del imperio financiero offshore del magnate venezolano Víctor Vargas,
del que era piedra angular: en pocos días más colapsaron el Allbank de Panamá y
el BOI Bank de Antigua, que compartían cuentas entre sí y por los que circulaba
un mismo flujo de fondos.
Si bien no fue sino hasta el 2 de septiembre cuando
el Banco Central de Curazao y San Martín decidió retirarle la licencia de
operación, ya en junio de 2019 había advertido a la gerencia del Banco del
Orinoco que se disponía a imponerle una sanción definitiva a la luz de las
evidencias que había encontrado sobre manejos ilegales y una insolvencia
crónica.
Desde mucho antes, al menos desde 2015, en los
corrillos financieros se rumoraba sobre las suculentas tasas de interés que el
Banco del Orinoco en Curazao ofrecía como retorno a aquellos -sobre todo,
acaudalados clientes del B.O.D. (Banco Occidental de Descuento, el banco de
Vargas en Venezuela, también intervenido en septiembre de 2019 por la
Superintendencia Nacional)- que hicieran colocaciones en dólares. Se trataba de
un continuo esfuerzo por parte de Vargas y su equipo por rellenar un hueco en
sus balances que arrastraron por años, esfuerzo que terminó por parecerse a un
esquema piramidal. Como consecuencia, al momento de venirse abajo, en los
archivos del banco y en el dinero que se evaporó quedaron atrapados los fondos
de muchos inversionistas venezolanos que nunca lograron redimir sus CD
(certificados de depósitos), o apenas lo hicieron a medias.
En cualquier caso, el derrumbe ha abierto una
rendija para conocer las entrañas de un circuito financiero que se infló como
una pompa de jabón a lo largo del período revolucionario en Venezuela, tanto,
que algunos medios, sobre todo españoles, no dudaron en apodar a Vargas como
el banquero de Chávez.
En el propio informe del Banco Central de Curazao y San Martín
donde el ente regulador justificó la clausura del negocio, se hace referencia a
una cuenta bancaria que recibió un trato preferencial e irregular del Banco del
Orinoco: “El Banco [Central de Curazao, N. de R.] considera que la
transferencia procesada desde Hanson Holland 2 B.V. a Esvenca para abrir varios
depósitos a plazo es sospechosa (...) Aunque el Banco recibió una copia de la
investigación de antecedentes realizada a Hanson Holland 2 B.V., el Banco
estableció que esta evaluación se realizó después de que la Junta de Directores
Supervisores de BDO [Banco del Orinoco, N. de R.] aprobara la apertura
de la cuenta bancaria ".
Sucede que esa mención a dos empresas, Hanson Holland 2 y Esvenca,
sumada a tres documentos que yacen en una notaría de Caracas y a los que Armando.info tuvo
acceso recientemente, arrojan luz a posteriori sobre la
relación de Víctor Vargas con un misterioso inversionista, presumiblemente, un
hombre fuerte del régimen venezolano, y del intento frustrado en 2015 de ese
inversionista por comprar Televén, el segundo canal privado de televisión del
país.
El oro negro blanquea
la sangre
Quizás la cita más sonada y repetida en medios de
Víctor Vargas, alguien poco proclive a las declaraciones en prensa, data de
2008. Entonces se ufanó ante The Wall Street Journal al
asegurar: “Yo he sido rico toda la vida”. Si bien chocante, la frase buscaba
entonces persuadir al reportero de que su prosperidad no se debía ni a su
supuesta cercanía a Chávez -aunque en la misma entrevista se definía como “un
socialista en el verdadero sentido de la palabra”- ni tampoco a su matrimonio
morganático con la hija del banquero Héctor Santaella, Carmen Leonor, en
1976 (de quien se divorciaría en 2013). Reclamaba, en cambio, un
derecho casi sanguíneo a pertenecer a la aristocracia, algo que consumó de modo
literal en 2004 cuando su hija, María Margarita, contrajo
matrimonio con Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, bisnieto del
dictador español Francisco Franco y heredero, según los monarquistas, de la
Corona de Francia. La consagración fue recíproca: a partir de ese mismo día
Luis Alfonso se convirtió en directivo del B.O.D., de Allbank y del propio
Banco del Orinoco, entre otras cuentas del rosario corporativo de su suegro.
Pero Víctor José de Jesús Vargas Irausquín hizo
dinero por expedientes más plebeyos. Nació hace 68 años en Barinas, la
provincia de los Llanos venezolanos natal también para Hugo Chávez. Formó en
los años 80 el Banco Barinas y el Grupo Financiero Cordillera, a los que dotó
de una imponente sede en la urbanización La Castellana del noreste caraqueño.
El banco quedó borrado del mapa por la crisis financiera de 1994. Por paradoja,
el hundimiento de su marca tuvo el efecto de una catapulta para Vargas: ese
1994 compró el paquete mayoritario de acciones del Banco Occidental de
Descuento (B.O.D.), una entidad dominante en el estado Zulia -extremo noroeste
de Venezuela, lugar de la más antigua cuenca petrolera del país- pero de escasa
proyección nacional.
El B.O.D. sirvió de columna vertebral para
constituir el grupo financiero que se extendió por varias jurisdicciones del
Caribe, incluyendo Curazao desde 1994. El banco se convirtió en el sexto del
ranking nacional y Vargas compró, para alojar a su gerencia, la torre del
antiguo Banco Consolidado, también en La Castellana, a menos de una cuadra de
la anterior sede del Banco Barinas. En 1991 había constituido Cartera de
Inversiones Venezolanas C.A., el holding para todos sus negocios en Venezuela,
a su vez participado por Esmerald Partners I, un vehículo de control registrado
en Luxemburgo.
Pero en medio de esa espectacular onda expansiva de mediados de
los 90, Víctor Vargas pareció comprender que, en Venezuela -tanto en la saudí
de antaño como en la empobrecida de estas postrimerías del chavismo-, ser un
verdadero magnate significa meter las manos en el negocio petrolero, el único
de escala global que se puede hacer desde el país. La coyuntura lucía
favorable: con los precios del crudo por el suelo, el entonces presidente de la
petrolera estatal Pdvsa, Luis Giusti, impulsaba un controvertido plan de
apertura para la participación del capital privado, nacional o extranjero,
mediante empresas mixtas o el otorgamiento de concesiones.
Quien le haya hecho una radiografía al grupo empresarial de Víctor
Vargas en Venezuela y el exterior, sabrá que está conformado por una malla de
cientos de empresas regadas por el mundo, que incluyen firmas dedicadas
exclusivamente a detentar la propiedad de inmuebles, caballos de polo y
aeronaves. No fue distinto en el sector petrolero, donde construyó una
reproducción fractal de ese patrón. Nada más en Venezuela constituyó varias
empresas petroleras, las empresas Cartera de Inversiones Petroleras I y II,
estas como canales de inversión, y la proveedora Operaciones de Producción y
Exploración Nacionales (Open) C.A. A través de estas, Vargas consiguió
participación, ya con el chavismo en el poder, en empresas mixtas donde la
estatal Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) mantuvo la mayoría.
En una, Lagopetrol, se consorció en 2006 con la petrolera
colombiana Hocol -controlada para la época por la francesa Maurel & Prom- y
con Ehcopek Petróleo S.A., del grupo zuliano Moschella; en 2012, las acciones
de Maurel & Prom fueron adquiridas por otra empresa con sede en Francia,
Integra Oil & Gas, pero cuyo accionariado lo domina el polémico ex ministro
del Interior del presidente argentino Carlos Menem, José Luis Manzano. Su
propósito era el de poner a producir un área del Lago de Maracaibo.
En otra, Petrocuragua, Open hizo dupla en 2007 con CVP para
explotar el campo Casma cerca de Anaco, estado Monagas, en el oriente de
Venezuela.
Junto a ese organigrama, Vargas levantó en paralelo otra
estructura para sus negocios petroleros en Venezuela. En ella sirvió de pilar y
fachada un ingeniero petrolero, Rafael Ernesto Ramírez Ruiz, hoy de 66 años de
edad, que hacía de accionista único y presidente de la Junta Directiva. En ese
esquema, un holding llamado Asesoría Petrolera Integral Nacional (Apin) C.A.,
registrado en 2001, pero con Ramírez Ruiz desde 2014 como único accionista
-hasta entonces, las empresas Inversiones Rufalca y Desarrollos Alse S.A,
también habían mantenido participación-, pasó a controlar dos empresas:
Asfálticos Venezolanos C.A. (Asfavenca) y Enviromental Solutions de Venezuela
C.A. (Esvenca).
Esta estructura en Venezuela se correspondía a su
vez con un conjunto de personas jurídicas en Panamá, que incluía a las empresas
Esvenca Panamá, Holding del Sur S.A., Denter Inc y Petroway 2014. En ellas
suelen aparecer, como directivos o apoderados, familiares de Vargas, allegados
y prestanombres, pero nunca el propio Vargas.
De todas es Enviromental Solutions de Venezuela
C.A. (Esvenca), sin duda, la pieza más valiosa y rentable. Registrada
inicialmente en Zulia en 1997, y mudada su sede en 2003 a Monagas,
se presenta como una empresa de servicios. De vez en cuando ha sido
mencionada en la prensa como favorecida en contratos por cientos de
millones de dólares de Pdvsa, como perpetradora de maltratos laborales o
como cabeza de playa de una tramoya para privatizar la Faja Petrolífera
del Orinoco.
A los efectos de la presente historia, empero, la
relevancia de Esvenca es otra: su nombre es el que aparece en el reporte sobre
una transacción "sospechosa" que elaboró el Banco Central de Curazao
y San Martín para el cierre del Banco del Orinoco, reporte al que se hace
referencia en el primer bloque de esta nota.
Apuestas riesgosas
La otra clave de la historia está contenida en tres
documentos archivados con numeración consecutiva en la Notaría Primera Pública
de Caracas, en la céntrica avenida Lecuna de la capital venezolana. Todos con
fecha del 14 de julio de 2017, refieren a acuerdos entre la venezolana Esvenca
de Víctor Vargas y una empresa holandesa, Hanson Holland 2, para el pago de una
deuda millonaria en dólares.
Hanson Holland 2 B.V. era la segunda denominación
de una empresa constituida en junio de 2013 bajo el nombre de Sigma Den Haag
B.V. en la ciudad neerlandesa de Dordrecht, en el suroeste de los Países Bajos.
El cambio de nombre a Hanson Holland 2 B.V. se produjo en julio de 2014. En
agosto de 2017 se volvería a rebautizar bajo la denominación de Leeuwarden
Investments B.V.
Apenas dos meses después del acto oficializado en
la notaría de Caracas, Hanson Holland 2 aparecía vinculada al llamado Caso
Lezo en España, una operación judicial que destapó la corrupción en la
empresa pública de acueductos de la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II,
cuando era presidente regional el político del Partido Popular (PP), Ignacio
González. De acuerdo a versiones de prensa, González había recibido pagos
irregulares por cuatro millones de euros de Hanson Holland 2 entre 2014 y 2016,
a través del banco Renta 4 de Madrid. El grupo Hanson y Renta 4 eran
aliados en una empresa conjunta de administración y gestión de
activos desde febrero de 2014.
Pero lo cierto era que ya para entonces había un
nexo previo, más conspicuo e igualmente sospechoso de Hanson con Venezuela: era
el nombre que surgía al apenas rasguñar la superficie de Latam Media Holding,
la firma de Curazao que sobre el papel en octubre de 2013 dio la cara como
compradora de la Cadena Capriles, el principal grupo de medios periodísticos
del país (hoy Grupo Últimas Noticias).
El nombre Hanson remite a un grupo de inversión
fundado en 2010 por el inglés Robert William Hanson y el alemán Christian
Patrick Terörde. Robert Hanson, con el título aristocrático de Honorable,
hoy de 60 años de edad, aporta naming y pedigrí al
emprendimiento. Los orígenes del negocio familiar retroceden hasta el s. XIX,
con desarrollos comerciales e industriales que durante el s. XX se ramificaron
en corporaciones tan relevantes como Imperial Tobacco y Milenium Chemical.
Terörde es un profesional nacido en 1974 en Düsseldorf, Alemania, pero con
residencia desde hace años en Londres, en cuya City acumula una experiencia
nutrida en la asesoría financiera.
Bajo la impronta del grupo Hanson hay una miríada
de personas jurídicas pero controladas todas por una empresa, Hanson Holdings
Lux Sárl, con sede en Luxemburgo, país de residencia de Robert Hanson. Una de
esas razones jurídicas, Hanson Investments Lux, es la accionista de Hanson
Holland 2, hoy Leeuwarden Investments.
Asesoría y gestión de activos, son los servicios que ofrece el
grupo Hanson, pero en un folleto publicitario se sincera: “Discreción” es su
producto, para la salvaguarda de “los activos a través de estructuras de
tenencia seguras y con eficiencia fiscal establecida para el largo plazo y las
generaciones venideras” y para “lograr el mayor rendimiento posible según el
nivel de riesgo aceptable de cada cliente”.
Esa discreción fue la que Hanson aportó en 2013 para la operación
de compra de la Cadena Capriles en Venezuela a nombre de un cliente innombrado
y, con toda seguridad, riesgoso: en el argot bancario, probablemente un PEP (Persona
Políticamente Expuesta, por sus siglas en inglés), que algunas
publicaciones han insistido desde entonces que se trataba de Tarek El
Aissami Madah, ex vicepresidente de la República y ex ministro del Interior en
el gabinete de Nicolás Maduro, y hoy ministro de Petróleo y responsable de toda
el área económica. El Aissami, de 45 años, fue objeto junto a su presunto
testaferro, Samark López Bello, de sanciones financieras del Departamento del
Tesoro norteamericano en 2017, y se le abrió un juicio por tráfico de drogas y
conspiración para lavar dinero en 2019 en un tribunal de Nueva York.
Tanto Hanson como Terörde, socios y fundadores del grupo
financiero en Luxemburgo, formaron parte de la primera junta directiva de la
Cadena Capriles después de su adquisición en octubre de 2013 por un monto
cercano a los 120 millones de dólares. Carlos José Acosta, presidente de esa
junta, debió admitir que el comprador nominal, Latam Media Holding, “es
propiedad de Hanson Group, establecido en Inglaterra y con inversiones en
diferentes países de Europa, Asia y América”.
En el directorio también
aparecieron al menos tres representantes de Víctor Vargas: los abogados Diego
Lepage y Pedro Rendón, además de Ricardo Castellanos García, ex gerente de
Comercialización de los diarios El Nacional y Últimas
Noticias de Caracas, quien entonces y muy rápidamente se ganó la
confianza del banquero. La presencia de sus empleados entre los directores
llevó a algunos a pensar que Vargas había sido el comprador del grupo
editorial, algo que él mismo desmintió con una afirmación en redes sociales:
“No es cierta la compra de Cadena Capriles por parte de BOD Corp Banca ni
Víctor Vargas. No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”.
Vargas tan solo había servido como facilitador financiero para que
Hanson adquiriera ese conglomerado de medios a nombre de su cliente. La fórmula
se repetiría dos años después en otra transacción, finalmente trunca, por la
propiedad de un medio, el canal Televén.
En 2015, algunos trascendidos en prensa se hicieron eco
del intento de compra de Televen, cadena privada de televisión fundada en 1986
que, tras la desaparición de RCTV en 2007, no tuvo dificultad para establecerse
como la segunda más importante y vista de Venezuela, solo detrás de Venevisión,
de la Organización Cisneros. Fuentes cercanas a la negociación confirman ahora
a Armando.info que, en efecto, la familia Camero, propietaria
del canal, había acordado venderlo por una cantidad equivalente a 350 millones
de dólares, aunque la operación se efectuaría en euros, con el propósito
explícito de evitar la esfera del dólar y, con ello, la vigilancia de las
autoridades antilavado de dinero de Estados Unidos.
En esta ocasión el comprador, en vez de la Latam Media Holding que
figuró en la compra de la Cadena Capriles, sería Hanson Holland 2. Su
escogencia tuvo mucho que ver con el Tratado de Doble Tributación pactado en
1997 entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos, un marco que facilitaría
la operación. Esta empresa emitió un poder amplio para Christian Patrick
Terörde en diciembre de 2014, cinco meses después de su constitución. Pero el
cliente a nombre de quien se iba a hacer la compra era el mismo de la Cadena
Capriles: ¿El Aissami de nuevo, quizás?
Hanson Holland 2 pagó una cuota inicial de 105 millones de dólares
a los Camero a través de transferencias de un banco español a otro francés.
Pero antes de que se cumpliera el plazo para los pagos finales,
previstos para julio de 2015, ocurrió algo inusual. En el Principado de
Andorra, un minúsculo paraíso fiscal enclavado entre Francia y España, estalló
el escándalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), una de las principales
entidades del país. Vinculándolo a operaciones de lavado de dinero en favor de
jerarcas de Rusia, China y Venezuela, Estados Unidos prohibió al banco seguir
operando en dólares. Eso significó la extinción del negocio del BPA y el
deslave de la reputación de Andorra como sitio seguro para flujos financieros
opacos. La ruina del BPA arrastró a su filial española, Banco Madrid, hasta su
intervención y cierre. Era marzo de 2015; el conducto de Andorra quedaba así
bloqueado para completar la compra de Televén, mientras dejaba a los
supervisores norteamericanos con los radares activos. Omar Camero clasificaba
como PEP, al igual, sin duda, que el anónimo comprador final venezolano. Los
bancos que habían participado en el pago inicial de prenda, y que contaban con
sucursales corresponsales en Estados Unidos, se rehusaron a seguir en la
operación.
A la postre el problema de cómo hacer llegar el dinero al
vendedor, la familia Camero, sin generarle inconvenientes de compliance en
el sistema bancario internacional, resultó insoluble y llevó a la caída de la
negociación.
Pero a finales de 2015 los ingenieros legal-financieros de la
operación creyeron encontrar una alternativa. En ella entraban Víctor Vargas y
su atribulado Banco del Orinoco, siempre sediento de fondos que le permitieran
aparentar solvencia. La fórmula requería que Hanson Holland 2 abriera una
cuenta en el banco de Curazao y adquiriera certificados de depósitos a plazo
fijo en los que colocaría la suma restante para Camero. Terörde hizo las
diligencias de apertura de la cuenta en el Banco del Orinoco en octubre de
2015.
Cuando, al fin, los Camero desistieron en diciembre de 2015 de la
operación de compraventa de Televén, llegó la hora de reembolsar el dinero
adelantado. Los Camero hicieron lo suyo. Pero entonces empezó otro tipo de
problema: Víctor Vargas no estaba en
disposición o capacidad de devolver el
efectivo que se le había confiado.
Cuentas claras
conservan amistades
Resulta tentador suponer que esos fondos fueron
succionados por el hueco que permanentemente Víctor Vargas intentaba tapar en
los balances del Banco del Orinoco mediante esforzados pedaleos de su bicicleta
financiera. Pero es una suposición que no alcanzó a ser confirmada al cierre de
este reportaje.
Las dificultades para devolver el dinero por parte
de Vargas, según fuentes que hablaron con Armando.info a
cambio de proteger su identidad, generaron medidas de presión. Por un tiempo se
le prohibió el despegue de Venezuela a sus aeronaves privadas y se bloqueó el
pago a sus compañías petroleras en el sistema administrativo de Pdvsa.
También
recuerdan esas fuentes que, a comienzos de diciembre de 2016, Vargas fue
detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía a su regreso de un viaje
al extranjero, y llevado a “conversar” a la sede en Caracas del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política del chavismo). El propio
Vargas se apresuraría horas después a explicar que la “invitación” a la central
policial se había debido a un apagón ocurrido días antes en el sistema
interconectado de cobros electrónicos de Credicard -un consorcio en el que el
B.O.D. participa junto a otras entidades- y que el Gobierno de Nicolás Maduro
percibió como un intento de sabotaje contra el orden público.
A todas estas, un arreglo se alcanzó en 2017. El
modo que Vargas encontró para pagar es lo que se refleja en los documentos,
tres, guardados en la notaría caraqueña. Por Esvenca los suscribe Fortunato
López, un ejecutivo bancario de 82 años de edad que acompaña a Vargas desde los
tiempos del Banco Barinas; por Hanson Holland 2 lo hace Guillermo Almeida Maya,
otro hombre de confianza de Víctor Vargas, abogado que fue gerente del bufete
interno del B.O.D., Consultoría Empresarial Corporativa (Cecca), y director y
apoderado él mismo de algunas compañías del mosaico corporativo del banquero
venezolano.
En los acuerdos, Esvenca accede a transferir a
Hanson Holland 2, en forma de pago, algo más de 800 facturas ya aceptadas por
Pdvsa por valor de un poco menos de 31 millones de dólares. También cede a
Hanson Holland 2 un par de notas de crédito expedidas a su favor por Pdvsa en
junio de 2016, pagaderas trimestralmente hasta junio de 2019 con un interés
anual de 6,5%, por un valor facial de algo más de 66 millones de dólares. Sin
embargo, Hanson Holland 2 B.V. las acepta con un descuento de 60%: por tan solo
26 millones de dólares.
El traspaso fue informado a Pdvsa por Fortunato
López, a nombre de Esvenca, en momentos en el que hoy supuestamente perseguido
Simón Zerpa se desempeñaba como Vicepresidente de Finanzas de la estatal
petrolera, cargo en el que estuvo hasta febrero de 2018. Zerpa también ha sido
sometido a sanciones por Estados Unidos.
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