Ago 29, 2017 5:17 pm
GRA399. VIENA (AUSTRIA), 03/03/2017.- Fotografía de archivo
fechada el 3 de marzo de 2017 que muestra al relator especial para libertad de
expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison
Lanza, durante una reunión sobre libertad de expresión en Viena (Austria).
Lanza denunció hoy que “se profundiza la dictadura mediática en Venezuela” con
el cese de emisiones de dos canales colombianos y dos radios locales. “Ya no es
solo preocupante, sino que es una situación de deterioro absoluto de la
libertad de expresión en Venezuela. Ese latiguillo que tiene el Gobierno de que
‘hay libertad de expresión en Venezuela’ cada vez es más difícil de sostener”,
dijo el abogado uruguayo en una entrevista con Efe en Washington. EFE/Esther
Martín
El relator especial para libertad de
expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison
Lanza, denunció hoy que “se profundiza la dictadura mediática en Venezuela” con
el cese de emisiones de dos canales colombianos y dos radios locales.
EFE
“Ya no es solo preocupante, sino que
es una situación de deterioro absoluto de la libertad de expresión en
Venezuela. Ese latiguillo que tiene el Gobierno de que ‘hay libertad de
expresión en Venezuela’ cada vez es más difícil de sostener”, dijo el abogado
uruguayo en una entrevista con Efe en Washington.
El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó
la semana pasada la salida de las cadenas colombianas Caracol y RCN, y negó la
renovación de licencia a las radios locales privadas 92.9 Tu FM y Mágica 99.1
FM.
“La repercusión que tiene esto para
la sociedad de Venezuela es terrible”, subrayó Lanza, cuya oficina tiene el
mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA) para vigilar la libertad
de expresión en la región.
“Los medios internacionales eran los
que trabajaban con mayor libertad y fuera del ámbito de presión del Gobierno, y
cuatro de ellos -NTN24, CNN, Caracol y RCN- han salido de la parrilla de los
canales para abonados por cable de Venezuela, que es la principal forma de
acceder a la televisión en el país”, explicó.
Y todos, denunció, “sin el debido
proceso”.
“Sin un proceso previo en el que los
canales puedan saber de qué los acusan, cuál es la figura que quieren aplicar,
qué sanciones puede haber, y defenderse y tener la oportunidad de ser
escuchados”, indicó el relator de la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
La única explicación oficial la ha
dado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela,
Delcy Rodríguez, al felicitar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) por haber tomado medidas “contra cadenas de televisión que celebran
el llamado a asesinar del presidente Maduro desde el exterior”.
Se refería a que Caracol y RCN
informaron de que el expresidente mexicano Vicente Fox dijo el pasado 22 de
agosto que Maduro renuncia “o sale con las patas por delante, en un cajón”
durante una conferencia de prensa en una universidad colombiana.
“Son decisiones del propio presidente
ejecutadas por un órgano sin ninguna independencia como es Conatel”, apuntó
Lanza.
A la purga a los medios
internacionales, se añaden “las acciones contra los medios nacionales”, como la
no renovación de licencias a las radios privadas.
“Tan grave como el cese de los
canales colombianos es la decisión de cerrar la 92, la principal radio privada
de Caracas, utilizando, con desvío de poder, el poder del Estado de administrar
el espectro radioeléctrico”, consideró el relator.
“El Gobierno -prosiguió- se niega a
hacer un proceso de regulación de la frecuencia, como existe en cualquier país
democrático, por eso, hay una espada de Damocles sobre la cabeza de los
periodistas y directores de los medios, porque cuando quieren aplican la
decisión de no renovarles la licencia”.
“Además de estas dos radios, salieron
también canales universitarios. Se profundiza la dictadura mediática en
Venezuela”, concluyó el experto.
En lo que va de año, 49 medios han
sido cerrados en Venezuela, según el balance del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa.
La oficina de Lanza ha llevado a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un caso sobre el uso del
derecho penal en Venezuela “de forma desproporcionada para callar denuncias
sobre temas de interés público”.
“Es un caso que ya aceptó la Corte,
un caso sobre algo que hoy es vigente en Venezuela, con el uso del derecho
penal para encarcelar periodistas y opositores políticos”, precisó.
La CIDH puede elevar ese caso a la
Corte porque es anterior al 10 de septiembre de 2013, fecha en la que entró en
vigor la denuncia que hizo un año antes Venezuela de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la que dio origen a la Comisión.
La CIDH no puede enviar a la Corte
casos posteriores a esa fecha pero, para dejar de formar parte del organismo y
que este no pueda pronunciarse sobre el país, el Estado debe denunciar la Carta
de la OEA, es decir, pedir la salida de la organización en su conjunto.
Eso es lo que hizo Venezuela el
pasado 28 de abril, pero la CIDH podrá seguir atendiendo violaciones de
derechos humanos en el país hasta que se haga efectiva su salida de la
organización regional dentro de dos años.
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