El informe presentado recientemente por parte de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michel
Bachelet, en mi opinión es un aporte muy valioso en la búsqueda de acciones que
pongan fin a las violaciones a derechos humanos que allí se exponen, así como
ayudar a generar los cambios y apoyos necesarios para lograr el regreso de la
democracia en Venezuela.
Lo anterior no es contradictorio con la búsqueda de elementos que consideremos
hubiese sido necesario de incluir o enfatizar para tener una mirada más
completa de la situación venezolana de tal manera que puedan ser incorporados
en futuros informes.
Con este propósito realicé un análisis del informe desde una mirada ambientalista y en particular desde los derechos humanos ambientales.
Lo que apareció
Algunas personas
han expresado decepción porque los temas ambientales no fueran incluidos en
este informe. Esa percepción no es del todo correcta. En el informe se leen
párrafos tales como:
“12. El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural..” (las negrillas son mías)
Asimismo encontramos afirmaciones tales como:
“12. El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural..” (las negrillas son mías)
Asimismo encontramos afirmaciones tales como:
“63. La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta."
En ambos casos las situaciones descritas resultan de situaciones directa o indirectamente ambientales, en uno de los casos expresado de manera explícita.
Lo que no apareció
A pesar de lo
anterior, parece persistir la sensación de que el informe pudiera haber
incorporado una mayor cantidad de aspectos que consideramos fundamentales, así
como pudo ser más explícito y contundente en temas de violaciones a los
derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela.
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