El presidente venezolano ignora el mensaje lanzado por la oposición y no
está dispuesto a renunciar a las elecciones de una Asamblea Nacional
Constituyente
El
presidente venezolano desoye los llamamientos de la comunidad internacional e
ignora el mensaje lanzado por las fuerzas opositoras en la movilización masiva del
pasado domingo. Nicolás Maduro no está dispuesto a renunciar a las elecciones
de una Asamblea Nacional Constituyente convocadas para el día 30 a pesar de la
petición de millones de ciudadanos, chavistas desencantados con la deriva del
régimen y las amenazas de sanciones de Estados Unidos. El sucesor de Hugo
Chávez se atrinchera en el poder y desafía a todas las voces críticas.
"Esta iniciativa ya no me pertenece, está en
manos del pueblo". Así respondió el martes el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, a las cada vez más insistentes peticiones de Gobiernos
extranjeros y personalidades de organismos multilaterales para
que suspenda la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, durante el
acto de instauración del Consejo Nacional de Defensa en el Palacio Presidencial
de Miraflores, en Caracas.
Este
consejo es una instancia ad hoc contemplada en la legislación, que se convoca
en momentos de amenazas a la seguridad nacional. Esta es la tercera vez que
Maduro lo reúne. La última fue en octubre del año pasado, cuando los diputados
opositores que controlan la Asamblea Nacional acordaron declarar el "abandono del cargo"
por parte del mandatario nacional.
En
esta ocasión, el presidente venezolano citó las recientes declaraciones de los
portavoces de la Casa Blanca y
del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Venezuela, como motivo para
reunir al organismo. El lunes, tras la consulta popular celebrado por la
opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el Gobierno de Washington instó a
las autoridades venezolanas a considerar el resultado de ese plebiscito
simbólico y avisó de que estaba preparado para iniciar "rápidas y fuertes
acciones" de orden económico si Caracas insiste en marchar hacia la
Asamblea Constituyente.
Según
información difundida por las agencias internacionales de noticias, el martes
parecían inminentes las sanciones del Gobierno de Trump contra Venezuela. En el
menú de opciones puesto sobre la mesa parecían estar la congelación de bienes
de jerarcas del chavismo —se nombraba al ministro de Defensa, general Vladimir
Padrino, y al primer vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello,
entre los integrantes de la todavía desconocida lista negra—, la confiscación
de los negocios en EE UU de la petrolera venezolana PDVSA, y hasta un embargo
abierto a las compras de petróleo de ese país.
Un
embargo contra el crudo venezolano sería el "no va más" en el arsenal
de sanciones. Si bien las importaciones petroleras desde Venezuela representan
alrededor del 5% del consumo de Estados Unidos, la mitad de las exportaciones
del país sudamericano van al mercado norteamericano, que las paga en efectivo.
Buena parte del resto de la menguante producción está comprometida para el pago
de deuda con aliados extranjeros como China, o para alimentar acuerdos de
cooperación de gran importancia política en este momento para Caracas, como la
alianza de Petrocaribe. Venezuela capta prácticamente la totalidad de sus
ingresos en divisas mediante la venta de petróleo.
Retahíla de amenazas
Maduro,
que declaró al Consejo Nacional de Defensa "en sesión permanente",
aprovechó la oportunidad para fustigar también a otros colegas del hemisferio
que, en sus palabras, forman parte de una conjura internacional contra la
revolución bolivariana.
Al
referirse al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien la víspera había
solicitado con un mensaje de Twitter "desmontar la Constituyente para
conseguir una salida rápida, pacífica y negociada en
Venezuela" tras reunirse con su homólogo cubano, Raúl Castro, el
mandatario venezolano le calificó de "traidor". Además, le criticó
por hablar "como si gobernara en Venezuela, cuando ni siquiera gobierna en
Colombia".
Dedicó
duras palabras también a la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión
Europea, Federica Mogherini, quien mencionó asimismo la posibilidad de
sanciones contra Caracas. Maduro tildó de "triste" la posición de la
UE, cuyas relaciones internacionales, opinó, han quedado "subordinadas a
Washington". Al presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, le reprochó
injerencia en asuntos internos de Venezuela, y lanzó esta advertencia:
"Cuidado, Rajoy, si Bolívar llega a Cataluña".
A
pesar de que su alocución mantuvo un perfil eminentemente internacional, la
primera medida acordada en el seno del Consejo de Defensa y anunciada por
Maduro es de orden interno: la activación de lo que llamó "un plan de
justicia de emergencia para afianzar la paz". Según anticipó, la justicia
militar tendrá un papel clave en esta operación, orientada a facilitar "la
búsqueda y captura de aquellos grupos que atenten contra la estabilidad del
país".
Numerosos
grupos de derechos humanos y el propio secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, han
denunciado la práctica de las autoridades venezolanas de llevar a disidentes
civiles y manifestantes a la justicia militar, que se ha hecho especialmente
recurrente desde que el 1 de abril se inició una ola de protestas en todo el
país.
A
menos de dos semanas de las elecciones para elegir a los miembros de la
criticada Asamblea Constituyente, convocadas para el día 30, Maduro busca
asegurarse de que la convocatoria se cumpla aunque sea con fórceps. El periodo
coincide con la llamada Hora Cero de la oposición, que ha convocado a una
huelga general de 24 horas para hoy. Sin embargo, por la acción espontánea de
grupos que se llaman de la "resistencia", ya desde el martes
permanecen bloqueadas extensas zonas del este de Caracas y de otras ciudades
del país.
NICOLÁS ALONSO
La
situación en Venezuela es insostenible y tanto en Washington como en muchos
países latinoamericanos el consenso es evidente. “Es un asunto bipartidista,
nuestro propósito es apoyar la democracia; en el pasado hubo senadores que
apoyaron a Chávez, pero ya no”, declaró ayer el senador republicano Marco
Rubio.
Durante un encuentro con otros legisladores estadounidenses, analistas y
activistas venezolanos, el senador afirmó que “todas las opciones son
posibles”, en referencia a la advertencia de posibles sanciones anunciada por
el presidente Donald Trump el lunes.
“No
tengo duda de que el presidente de Estados Unidos actuará, como dijo, de manera
contundente si el 30 de julio Maduro celebra la Constituyente. Es una realidad,
no es una amenaza: si avanzan habrá repercusiones significativas, no va a ser
algo simbólico”, aseguró Rubio.
Entre
las posibles represalias se encuentran sanciones a figuras cercanas a Maduro
—como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino—, algo que ya ha se ha hecho efectivo
en los últimos meses contra el vicepresidente Tareck El Aissami o los miembros
del Tribunal Supremo. El objetivo de estas sanciones es bloquear las
propiedades de los sancionados y sus activos en EE UU.
Pero
en el punto de mira está también la petrolera estatal PDVSA, que es un sostén económico
fundamental para el régimen. Un castigo a la empresa supondría también una
penalización de la cúpula del país. “No estamos hablando de un individuo en
concreto, se trata de restablecer el orden constitucional. Obviamente todas las
opciones están abiertas”, insistió Rubio al respecto.
El
senador republicano aplaudió la cooperación regional frente a la crisis
venezolana y destacó el papel de las otras grandes economías americanas,
Canadá, Brasil, Argentina o México. Antes de su ponencia en el acto de ayer, el
senador demócrata Bob Menéndez y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen
también expresaron sus críticas al régimen chavista y denunciaron la violación
de derechos por parte del Gobierno de Maduro.
El
martes, más de 100 congresistas de Colombia y de Chile mostraron asimismo que
el rechazo a los planes de Nicolás Maduro es un asunto transversal que preocupa
a representantes públicos de distintos colores al presentar una denuncia contra
el presidente venezolano en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con
sede en La Haya.
Esa
denuncia busca que ese tribunal internacional, que juzga casos relacionados con
crímenes de guerra y genocidio, abra una observación en Venezuela ante la
gravísima crisis institucional que está atravesando el país. Entre las
acusaciones formuladas en el escrito figuran la de instigación directa o
indirecta de asesinatos y la eliminación de los opositores al régimen
chavista.
Foto. Opositores al Gobierno de Maduro bloquean una calle de Caracas. EFE
No hay comentarios:
Publicar un comentario