La oposición
venezolana acelerará la definición de una vía legal para acortar el mandato del
presidente Nicolás Maduro, aunque reconoce el riesgo de que sea bloqueada por
la justicia de este país empantanado en una crisis institucional.
“En los próximos
días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia
nacional que es el gobierno”, advirtió el jefe parlamentario Henry Ramos Allup,
al arremeter contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque el jueves
desconoció el rechazo del parlamento al decreto de emergencia económica de
Maduro.
La oposición
prometió presentar en un plazo de seis meses, a partir del 5 de enero cuando
asumió el control del Legislativo, una “vía constitucional” para acortar el
mandato de Maduro, elegido para el periodo 2013-2019.
Pero Ramos Allup
dijo que ahora esa propuesta es “apremiante”, porque la crisis se está
“acelerando”. “Los tiempos los pone la necesidad del país”, subrayó.
La coalición
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa para ello la posibilidad
de una enmienda constitucional o un referendo revocatorio, pero deberá buscar
los mecanismos legales para evitar que sean bloqueados por el TSJ, al que acusa
de estar alineado con el gobierno.
El jefe
parlamentario dijo estar seguro de que a cualquier propuesta del Congreso, el
TSJ “va a decir que es inconstitucional”, pero señaló que no podrá “sostener” a
un “gobierno agónico”. “Ellos creen que están ganando el juego, pero se
equivocan”, desafió.
“Tenemos que
tomar decisiones, este gobierno no quiere cambiar en nada, cada día la
situación del país es peor (…). Ha llegado el momento”, declaró el excandidato
presidencial opositor Henrique Capriles.
Previendo que el
TSJ declare inconstitucional una enmienda, Capriles se inclina por un referendo
-que puede ser convocado a mitad del periodo presidencial-, pero ésta vía
deberá ser supervisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que también
acusa de estar alineado con el oficialismo.
“No estamos
resolviendo una cuestión sencilla ni simple. Tenemos que ponernos de acuerdo en
el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, más simple… Y vamos a dar
con el método, no tengan duda”, manifestó Ramos Allup.
La decisión
sobre el decreto se suma a una serie de decisiones del TSJ favorables al
chavismo en los últimos años, la más reciente la impugnación oficial contra
tres diputados opositores.
– “Santa palabra” –
En un fallo
anunciado la noche del jueves, el TSJ declaró vigente la emergencia económica
decretada por Maduro el 14 de enero y negada ocho días después por la
aplastante mayoría opositora en la Asamblea Nacional.
Maduro exaltó la
decisión del TSJ y anunció que en los próximos días activará una serie de
medidas contra la crisis, agravada por la caída en picada de los precios del
crudo, fuente del 96% de divisas en este país altamente dependiente de las
importaciones.
El gobierno
justifica el decreto -por 60 días prorrogables- en la existencia de una “guerra
económica” que provoca inflación y escasez para generar malestar y derrocarlo.
La emergencia le
permite disponer de recursos extraordinarios y de algunos bienes de empresas
privada para garantizar el abastecimiento de productos básicos. “Ha hablado el
TSJ, santa palabra, debe ser acatada por todos los sectores de la vida
nacional”, dijo Maduro.
Pero la
oposición asegura que es parte de lo que llama un “modelo fracasado” y atribuye
la crisis a los excesivos controles, la ineficiencia y la corrupción que a su
juicio llevaron al chavismo a dilapidar cientos de miles de millones de dólares
durante la bonanza petrolera.
“Que sepa
Venezuela que el TJS es tan responsable del desabastecimiento, de las colas, de
la inseguridad, del auge impune del delito. Ahora no es uno el responsable,
ahora son dos”, dijo Ramos Allup.
– Un Estado dentro del Estado –
El diputado José
Guerra, uno de los mayores críticos de la medida, rechazó la decisión del TSJ
señalando que su Sala Constitucional “cree ser un Estado dentro del Estado” y
“piensa que está por sobre la voluntad del pueblo”.
La decisión de
la corte profundiza así un enfrentamiento político que derivó en crisis
institucional. Maduro asegura que el TSJ es el único árbitro para dirimir las
disputas legales con la oposición.
El director de
la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, se preguntó ¿cómo un conflicto de
poderes que tiende a agravarse puede resolverse con un TSJ “parcializado”?.
“El problema que
tiene Venezuela es la ausencia de un árbitro que dirima el conflicto de
poderes, lo cual complica aún más la situación”, advirtió Oliveros.
Varios
magistrados del TSJ fueron nombrados a última hora por la anterior mayoría
chavista en el Legislativo.
El
enfrentamiento político complica una crisis manifiesta en escasez de dos
tercios de los productos básicos, inflación anualizada de 141,5% a septiembre
de 2015, contracción económica de 4,5% al tercer trimestre del año pasado y un
déficit público que consultoras privadas estiman en 20%.
Al mismo tiempo ahonda la incertidumbre sobre cómo
será superada la crisis, pues al quedar maniatada la mayoría parlamentaria, no
se avizoran nuevas fórmulas. AFP
febrero 12, 2016 2:03 pm lapatilla.com
TSJ se enfrenta a la AN y aviva tensión política
febrero
12, 2016 11:45 am lapatilla.com
REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Las tensiones políticas se avivaron en Venezuela
ante el abierto enfrentamiento entre el Tribunal Supremo de Justicia y la
Asamblea Nacional por el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás
Maduro. AP
La Corte declaró
vigente el decreto que el Legislativo había desaprobado el mes pasado y que le
da amplias facultades a Maduro para actuar en diversos ámbitos por dos meses.
El mandatario
anunció la noche del jueves que con la activación del decreto aprobará en los
próximos días una serie de medidas, pero no ofreció detalles.
Algunos medios
locales indicaron recientemente que el gobierno estaría considerando un ajuste
del control de cambios vigente desde 2003 y un eventual aumento del precio de
la gasolina que se vende en cerca de un centavo de dólar el litro y es la más
barata del mundo.
Maduro aprobó a
mediados de enero el decreto para hacer frente a la crisis, que considera es
consecuencia de una “guerra económica” promovida por sectores empresariales y
opositores para desestabilizar su gobierno. La mayoría opositora del Congreso
desaprobó el 22 de enero el decreto alegando que el mandatario no necesitaba
ninguna normativa especial debido a que las leyes vigentes eran suficientes
para afrontar la crisis.
Tras el anuncio
de la sentencia del Tribunal Supremo la coalición opositora inició las
evaluaciones para definir una postura conjunta que se anunciará en el viernes,
indicó a The Associated Press el diputado José Guerra, presidente de la
comisión especial que evaluó el decreto de emergencia de Maduro.
Guerra afirmó
que el decreto no resuelve la crisis del país y sostuvo que “el problema es que
no hay dólares” debido a la caída de más de 50% que han sufrido en los últimos
meses los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos externos de
Venezuela. “El decreto no fabrica dólares”, agregó.
Venezuela está
agobiada por una galopante inflación que el Fondo Monetario Internacional
estima que podría llegar este año a 720%, severos problemas de desabastecimiento
de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una fuerte recesión que
podría profundizarse por el descenso de los precios del crudo.
El diputado
opositor y constitucionalista Juan Miguel Matheus consideró “muy grave” la
sentencia del máximo tribunal debido a que desestimó el control político de la
Asamblea Nacional.
Matheus dijo a
AP que ante esta situación la mayoría opositora deberá resolver en lo inmediato
“el problema de la falta de autonomía” del Tribunal Supremo de Justicia que,
según sostuvo, está siendo utilizado por Maduro para “torpedear” a la Asamblea
Nacional.
http://www.lapatilla.com/site/2016/02/12/tsj-se-enfrenta-a-la-an-y-aviva-tension-politica/
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