El economista francés Thomas Piketty en su obra “El
capital en el siglo XXI”, aborda el preocupante incremento de la desigualdad y
la creciente mala distribución de las riquezas en el mundo. La obra de Piketty
se centra en los países de Europa Occidental y EEUU. Sin embargo, se pueden
sacar conclusiones para América Latina. El autor en su libro demuestra como la
riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez más,
en menos manos.
Es cierto que en América Latina en los últimos años la
desigualdad se redujo, y que la indigencia y la pobreza disminuyeron. Sin
embargo, los análisis basados en fuentes fiscales, aseguran que la parte de los
más ricos en el ingreso total se incrementó. Los salarios han aumentado más
rápidamente que la productividad, el empleo informal ha bajado en términos
relativos, el desempleo también ha disminuido, el gasto social se ha ampliado y
la pobreza se ha reducido. Pero, las desigualdades en los ingresos siguen
siendo muy elevadas.
El futuro se vuelve más oscuro, y los riesgos de un incremento
de la desigualdad y, sobre todo, de un aumento de la pobreza en los próximos
años son elevados. Debido a la creencia de que el desahogo financiero
proporcionado por el auge de las materias primas continuará, los gobiernos
están mal preparados para el futuro. Obviamente por razones conocidas Venezuela
esta fuera de esta ecuación en Latinoamérica, es la única Nación que no
aprovecho el impulso del hemisferio. La corrupción y mala administración se han
tragado la oportunidad. Inexorablemente, el país necesita gobernantes y
políticas distintas a los que hemos tenido en los últimos 20 años.
Lo ocurrido en Chile es incierto, siendo el País de
Latinoamérica con: la menor desigualdad social, el mayor ingreso per cápita y
el menor índice de pobreza. El grado de agresividad en las protestas, evidencia
las fallas de un modelo de crecimiento económico que olvido, que la riqueza
creada debería ser distribuida de una forma mas equitativa. En el índice de
percepción de corrupción para el 2.018, que publica la Organización para la
transparencia internacional, Chile aparece en el puesto 27, obteniendo 67
puntos. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en
2017 así pues, sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la corrupción
en Chile. En los últimos cinco años, la percepción de los ciudadanos de la
corrupción en el sector público en Chile ha empeorado, lo que ha venido
acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de
corrupción. En conclusión a pesar que la Nación ocupa unos de los mejores
puestos en Latinoamérica, los ciudadanos percibieron que la corrupción en el
sector público ha tendido a aumentar.
Chile es la economía número 42 por volumen de PIB, su
deuda publica para el 2.018 era de 64.507 millones de euros, la cual representa
25.56 % del PIB, su deuda por habitante es de 3.444 euros y la tasa de
inflación del 2.018 fue de 2.6 %. Con estas cifras económicas pareciera
indebidos los reclamos que se producen en este momento. En cuanto al índice de
desarrollo humano, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un
país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica
que los chilenos se encuentran en el puesto 44. En el ranking doing business se
encuentra en el 56º puesto de los 190, que clasifica los países según la
facilidad que ofrecen para hacer negocios. Pese al crecimiento económico
sostenido del PIB del país, el cual fue de un 5 % real anual promedio
desde que Chile regresó a la democracia y a ser una de las economías actualmente
más robustas de Latinoamérica, ya para el 2015 obtuvo el mayor coeficiente de
Gini entre los 35 países de la OCDE, lo que lo convierte en el país con la
distribución de ingresos más desigual de los países de la OCDE, de acuerdo con
este indicador. En conclusión, el crecimiento económico mostraba algunas
grietas.
La causa de los reclamos fue el alza en la tarifa del
sistema público de transporte, que entró en vigor el 6 de octubre de 2019.
Centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de «evasión
masiva» en el metro de Santiago. Con el paso de los días, el número de
evasores aumentó y se registraron incidentes dentro de las estaciones del
ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el 18 de octubre, cuando
progresivamente fueron cesadas las operaciones de toda la red subterránea por
el enfrentamiento de la multitud con carabineros. Las protestas se han
caracterizado por ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles,
de un amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta.
Aunque la
causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las
concentraciones populares pronto expusieron sus causas reales: el alto costo de
la vida (hasta 2019 Santiago es la segunda ciudad más onerosa de Latinoamérica),
bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y un
rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional
acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia carta manda de ese
país.
Lo que se vive en Chile pone en el tapete el debate sobre los
sacrificios, que deben hacerse para genera un modelo de crecimiento económico,
que garantice una distribución de la riqueza producida más equitativa. Para
Venezuela es todo un reto lograr urgentemente un cambio político, que propicie
una rectificación económica con todos, por todos y para todos, las
desigualdades generadas por la revolución, son razón suficiente para detener al
País de forma total e indefinida, o hasta la salida de los delincuentes que usurpan
el poder.
gguillermorb@yahoo.com
@germanrodri
@germanoveja
Comunicacion continua
05 de Noviembre del 2019
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