Luisa Ortega presenta un recurso de nulidad contra
el cambio de la Constitución de Chávez y alerta contra la
"destrucción" de su legado
La fiscal venezolana, Luisa Ortega
Díaz, ha presentado este jueves ante el Tribunal
Supremo un recurso de nulidad contra la convocatoria de una nueva Asamblea
Constituyente, cuya elección está programada para el 30 julio,
impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Argumenta que este proceso de
cambio de la Constitución, cuyas reglas del juego favorecen al oficialismo,
viola el principio de soberanía popular y supone una traición del legado del
expresidente Hugo Chávez
“Estoy
pidiendo a la sala electoral que declare la nulidad de las decisiones del
Consejo Nacional Electoral [CNE]. Primero, la decisión de la convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no
cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano el
que tiene la potestad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, ha
explicado la fiscal en declaraciones a los periodistas desde el Tribunal Supremo.
El ministerio público estima, además, que las bases de la convocatoria son
“inconstitucionales”.
“Considero”,
ha agregado, “que el CNE incurrió en violaciones de los principios de
progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa,
del principio de igualdad y del voto, el derecho al sufragio y la participación
política, el principio de la soberanía constitucional, especialmente ese”. En
definitiva, estas elecciones contribuirían a la destrucción del chavismo. “Yo
creo que con esto también estamos destruyendo el legado del presidente Chávez.
El chavismo es una corriente de pensamiento, no es un partido político, es una
filosofía de vida y este es el principal legado del presidente Hugo Chávez", ha opinado.
Ortega
Díaz solicitó hace una semana a la Sala Constitucional del Supremo aclarar la
decisión con la que se avaló la redacción de una nueva Ley Fundamental, pero
los magistrados resolvieron que la fiscal no estaba legitimada para tramitar
esa petición. Esta circunstancia, en su opinión, evidencia la “inseguridad
jurídica” en la que vive Venezuela desde hace tiempo.
La
celebración de elecciones constituyentes provocó divisiones entre las mismas
filas del chavismo, en las que varios exministros, militares y dirigentes
vinculados al expresidente y clave en el desarrollo del proceso bolivariano
rechazan esta convocatoria. Maduro, no obstante, está determinado a seguir
adelante, desafiando a los críticos. El pulso que mantienen desde hace semanas
el Gobierno y distintos sectores del chavismo determinará el futuro del actual
presidente y, según Ortega Díaz, afecta a los engranajes del Estado venezolano.
Es decir, “si todavía estamos es una democracia protagónica o volvemos a la
democracia representativa”.
Con
todo, el Ejecutivo sigue recurriendo al concepto de soberanía, y la semana
pasada lanzó su última oferta: someter a votación la propuesta de Carta Magna que presente la
Asamblea Nacional Constituyente. “Que sea el pueblo el
que diga si está o no de acuerdo. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a
votar no. Los derrotaremos”, dijo Maduro. Esa consulta se realizaría, no
obstante, a posteriori, lesionando la filosofía de la Constitución impulsada
por Chávez.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. LUIS ROBAYO (AFP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
Fiscal pidió a "todos los venezolanos rechazar la
Constituyente"
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió la
nulidad del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el
decreto establecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, “no
cumple con los extremos legales, pues es el pueblo quien tiene la potestad de
convocar la Constituyente”.
Fiscal pidió a "todos los venezolanos rechazar la
Constituyente"
Caracas.- La fiscal general de
la República, Luisa Ortega Díaz, pidió este jueves a "todos los habitantes
del país que rechacen la Asamblea Nacional Constituyente" y acudan a
la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a adherirse a la demanda que
introdujo contra ese proceso convocado por el Presidente de la República,
Nicolás Maduro.
Desde las afueras del TSJ informó a los medios que pidió a
la Sala Electoral
del Poder Judicial la declaratoria de nulidad de las decisiones del Consejo
Nacional Electoral (CNE) con respecto a la convocatoria de la Constituyente,
por considerar que el decreto establecido por el Presidente, “no cumple con los
extremos legales, porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la
Constituyente”.
Ortega Díaz pidió la nulidad de las bases comiciales y todos los
actos administrativos emanados del CNE relacionados con ese proceso con el que
se busca cambiar el texto contitucional, por ser “igualmente
inconstitucionales”. Al mismo tiempo resaltó que "una Constituyente a espaldas
del pueblo no puede ser Constituyente”.
Destacó que presentó el recurso de nulidad por considerar que el
Poder Electoral “incurrió
en una violación de los principios de los derechos humanos, derecho al
sufragio, a la participación política, y el principio de la soberanía
constitucional progresiva”.
La titular del Ministerio Público rechazó los “llamados
violentos” que hacen figuras del Gobierno a quienes rechazan la Constituyente.
“Son frases agresivas y amenazantes contra quienes no participen en el proceso,
no podemos vivir en un país así”, señaló desde el TSJ.
En tal sentido, señaló que la Constitución de la República
"no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza
o fuera derogada por cualquier medios distinto previsto en ella, en tal eventualidad
todo ciudadano investido o no de autoridad tiene que colaborar en el
restablecimiento de la Constitución porque así lo establece la carta magna”,
recordó al citar el artículo 333.
La Fiscal denunció que el TSJ declaró inadmisible la solicitud
de aclaratoria de la sentencia 378, pues “esa sentencia prácticamente derogaba
la democracia participativa y protagónica, la supremacía constitucional y el
principio de la soberanía que reside en el pueblo y también la progresividad de
los derechos humanos”.
Detalló que los
magistrados de la sala constitucional señalaron que “no tenía la legitimidad
para intentar esa acción aun cuando constitucional y legalmente estoy facultada
para ello”.
Los magistrados hace dos meses cuestionaron por qué no solicitó
la aclaratoria de las sentencias 155 y 156. Establecieron que para
solicitar una aclaratoria en un proceso judicial cualquier autoridad pública,
incluyendo a la Fiscal de la República, le asiste el derecho de solicitar
formalmente la aclaratoria, es decir “el maquillaje que le hicieron a las
sentencias 155 y 156 hace dos meses tenía el valor de la legitimidad de la
Fiscal, dos meses después la Fiscal no tiene legitimidad”.
Ortega Díaz resaltó que esa es la “inseguridad jurídica que ha
venido denunciando”. A la par reiteró que “el maquillaje que le hicieron a las
sentencias 155 y 156 en nada resolvió el orden constitucional”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario