La Cámara paralela a la Asamblea Nacional, cuya misión era redactar una nueva Constitución, solo ha acelerado la deriva institucional de Venezuela
El 30 de julio de
2017, en unos comicios que la comunidad internacional y
la propia empresa proveedora de las máquinas de votación tachó de fraudulentos,
el chavismo asestó uno de sus más duros golpes en el pulso por mantenerse, a toda
costa, en el poder en Venezuela. Se escogieron a 545 delegados con la misión de
redactar una nueva Constitución, que sustituyera aquella que el fallecido Hugo
Chávez promovió en 1999 en los albores de su revolución. Dos años después, no
hay una nueva Carta Magna y poco se sabe del proceso. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se erigió
en un parlamento paralelo, un contrapoder, que ha acelerado la deriva institucional
del país.
La Constituyente
ha sido la última trinchera de Nicolás Maduro para
aferrarse al poder, después de que se viera seriamente amenazado en enero, tras
otras elecciones sobre las que pendió la sospecha de fraude. Entonces, el líder
chavista prestó juramento para un nuevo mandato ante el Tribunal Supremo y no
ante la Asamblea Nacional (AN) —controlada por la oposición venezolana—. Una
excepción a la norma que permitió jurídicamente la jugada de Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea Nacional, quien juró como presidente encargado y
ahora cuenta de más de 50 Gobiernos de todo el mundo y abrió el camino para un
cambio político que, ha insistido, se concretará con la ruta, que ya es un estribillo,
del cese de la usurpación (o dimisión de Maduro), un gobierno de transición y
elecciones libres.
En un acto en el
Panteón Nacional, donde reposan los restos de los héroes venezolanos, el
régimen de Maduro celebró el martes la nueva efeméride de su
imaginario político particular. Diosdado Cabello, presidente de la
Constituyente, señaló que “la única transición que hay en Venezuela es hacia el
socialismo bolivariano”.
En la retórica del
chavismo, con la creación de este órgano —convocado sin la previa consulta
popular que exige la Constitución y alterando las bases del padrón electoral—
se aplacó la intensa oleada de protestas antigubernamentales de ese año, que
dejó más de 150 muertos y miles de heridos durante cuatro meses de
manifestaciones callejeras. Pero también se dio un grave zarpazo al Poder
Legislativo, al terminar de quitarle a la Asamblea Nacional todas las
competencias y asumirse la Constituyente como un órgano plenipotenciario.
La ANC ha servido
de brazo político de las medidas más represivas que ha tomado Maduro con el
país zozobrando en medio de una asfixiante crisis política, social y económica.
Se cuentan 12 leyes, 63 decretos y 56 acuerdos, que bajo la lupa jurídica
carecen de validez por ser emitidos por un ente con fallas de legitimidad
constitucional desde su origen, pero que de facto han generado ya consecuencias.
“La ANC tiene
poder y manda. Pero salvo la AN, todos los poderes actualmente son ilegítimos e
inconstitucionales. La ANC ha nombrado al Defensor del Pueblo y al fiscal, ha
ratificado a los magistrados y ha hecho revocatorias de la inmunidad
parlamentaria de diputados, usurpando las funciones del Parlamento”, critica la
abogada Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia.
Delito
de manifestarse
Entre los actos
más polémicos de este órgano se encuentra la Ley contra el Odio, de las
primeras sancionadas en 2017, usada para criminalizar la protesta, el
disentimiento, la actividad de los partidos políticos y cercar más aún la
libertad de expresión. “Esta ley transforma en delito el derecho a
manifestarse, en un delito gravísimo, para el que establece penas de 20 años”,
apunta Louza. En los últimos dos años, la norma ha abultado la lista de presos
políticos de Maduro hasta llevarla casi al millar, número que se ha reducido a
aproximadamente la mitad tras la presión internacional.
La jurista
reprueba también la Ley del CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y
Producción), que institucionalizó un subsidio alimentario de emergencia,
implementado ante la caída de la oferta, y que se ha convertido en un sistema
de control social, embarrado por una trama de corrupción, que involucra al
entorno más cercano Maduro.
Otras medidas de
la Constituyente fueron la convocatoria de elecciones locales en 2017 y de
presidenciales en 2018, en las que no se permitió participar a buena parte de
la oposición. La Cámara se creó por un periodo de dos años. En mayo pasado, un
nuevo acuerdo extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, justo
cuando vence el período del actual Parlamento y debería renovarse el único
poder que queda legalmente constituido.
Caracas 1 AGO 2019 - 11:29 CEST
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el pasado domingo en Caracas. MANAURE QUINTEROREUTERS
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