... aún en el caso de que la Asamblea Nacional
electa por casi 14 millones de votos fuese disuelta por la Constituyente y la
Fiscal General destituida, dichos países continuarían reconociendo a ambas
instituciones como representantes y autoridades legítimas del Estado
venezolano.
Es previsible que un número considerable de países
de la región y la Unión Europea no reconozcan el resultado de las elecciones
impuestas por Nicolás Maduro para elegir una fraudulenta Asamblea
Constituyente. De hecho, así lo han anunciado ya los gobiernos de Colombia y
Panamá. Este hecho tendrá importantes consecuencias en el
plano internacional, las cuales formarán parte de la creciente presión
para que gobierno y oposición busquen una salida negociada que sea pacífica y,
por encima de todo, realmente democrática.
¿Qué dijeron los gobiernos de Colombia y Panamá?
El presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, expresó que la Constituyente “tiene un origen espurio y,
por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”. Por su parte,
un comunicado oficial del gobierno Panamá se refirió a las
elecciones, concluyendo que “no reconocerá sus resultados, sobre la base de los
vicios que ya se identifican en dicho proceso”.
Dos precedentes similares
No es la primera vez que distintos países de la
comunidad internacional desconocen los resultados de un proceso electoral que
consideran irregular e ilegítimo.
Crimea: Cien países, en 2014, desconocieron el
referéndum sobre el estatus político de Crimea, una península ubicada en el
territorio de Ucrania. En una votación en la Asamblea
General de la ONU, este amplio grupo de países recalcaron que el
referendo, al no tener validez, no podía servir de base para modificar el
estatus de la península. En consecuencia, desconocieron la decisión de adhesión
a Rusia. Apenas once países votaron en contra (Armenia, Bielorrusia, Bolivia,
Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabue),
mientras que 58 países se abstuvieron y 24 estuvieron ausentes.
A pesar del amplio desconocimiento internacional al
referéndum y la subsecuente adhesión de Crimea a Rusia, esta ha permanecido
bajo el control y administración del gobierno ruso. Sin embargo, esto le ha
valido al gobierno de Vladimir Putin la imposición de un amplio paquete
de sancionespor parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros
países como Australia, ocasionando una importante crisis económica en Rusia.
Honduras: Otro caso reciente y más cercano fue el
de las elecciones presidenciales de Honduras en noviembre de 2009. Luego de
la detención y expulsión del poder del presidente Manuel
Zelaya por parte de las fuerzas armadas en junio de ese mismo año, Honduras
fue suspendida de la OEA. Para el mes de septiembre, Estados
Unidos y la Unión Europea habían eliminado los programas de asistencia a ese
país, advirtiendo que no podían reconocer el resultado de las
elecciones previstas para noviembre por el origen ilegítimo del gobierno de
turno.
Esa presión internacional ayudó para que Zelaya y
Roberto Micheletti, el jefe del Congreso que asumió la presidencia
luego de la expulsión de Zelaya, acordaran ir a un proceso de negociación para
“la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia”. El
resultado de las conversaciones fue el Acuerdo
Tegucigalpa-San José, firmado el 30 de octubre de 2009. Allí
acordaron la conformación de un gobierno de unidad nacional, la renuncia a
llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y que las elecciones del mes de
noviembre fueran elecciones generales. El texto del
acuerdo también solicitó “la inmediata revocatoria de aquellas medidas o
sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera
afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la
comunidad internacional”.
Aunque luego Zelaya dio por fracasado el acuerdo, la gran mayoría de la comunidad
internacional (salvo Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela)
consideró suficiente la realización de elecciones generales para reconocer los
resultados y la elección de Porfirio Lobo como presidente.
Las implicaciones del desconocimiento internacional
de la Constituyente
El desconocimiento de las elecciones de la
fraudulenta Asamblea Constituyente traerá como consecuencia el no
reconocimiento de esos países ante la eventual instalación de dicha asamblea y
las decisiones que esta tome. Por consiguiente, aún en el caso de que la
Asamblea Nacional electa por casi 14 millones de votos fuese disuelta por la
Constituyente y la Fiscal General destituida, dichos países continuarían
reconociendo a ambas instituciones como representantes y autoridades legítimas
del Estado venezolano.
La instalación de la fraudulenta Asamblea
Constituyente también podría traer como consecuencia medidas como el retiro de
embajadores o el cese de relaciones diplomáticas, más aún si esta decidiera
cambiar el Gobierno presidido por Nicolás Maduro, al cual la comunidad
internacional le reconoce legitimidad de origen luego de las elecciones de
abril de 2013. El posible efecto práctico de este tipo de decisiones podría ser
también la prohibición de sostener relaciones comerciales con las autoridades
designadas por la fraudulenta Asamblea Constituyente para ciudadanos, empresas
y gobiernos de los países que así lo decidan, imposibilitando la firma de
contratos o cualquier otra forma de relación comercial, financiera, etc.
Las eventuales medidas ya descritas no significarían
que los países que decidan tomar esa posición reconocerían a la oposición
venezolana o a la Asamblea Nacional como el Gobierno de Venezuela. A los ojos
de la comunidad internacional, el Gobierno –independientemente de que no sea
legítimo– será aquel que esté ejerciendo control efectivo sobre el territorio,
lo que es y será relevante para establecer la responsabilidad de sus
funcionarios y del Estado ante las constantes violaciones de los derechos
humanos que están sucediendo en el país. En pocas palabras, muchos países
podrían tildar al Gobierno como de facto –suspendiendo las
relaciones diplomáticas y comerciales– pero Gobierno al fin, con todas las
obligaciones que ello conlleva.
Al igual que en el caso de la adhesión de Crimea a
Rusia, las medidas diplomáticas muy probablemente vendrían acompañadas de
sanciones a funcionarios del Gobierno, de la fraudulenta Asamblea Constituyente
y las autoridades que esta designe. De hecho, medidas de este tipo ya han sido
impuestas por Estados Unidos e inéditamente han sido ratificadas por
países como México, Colombia y Panamá.
Tampoco se puede descartar la imposición de sanciones económicas, incluso por
la Unión Europea, quien ya ha adelantado que evaluaría esa posibilidad.
En definitiva, constituiría un escenario de
creciente e inédita presión internacional. Al igual que en el caso de Honduras,
el objetivo es influir para que en Venezuela pueda concretarse una salida
negociada entre gobierno y oposición, la cual garantice el respeto a la
separación de poderes, la liberación de los presos políticos, la apertura de un
canal humanitario y la fijación de un calendario electoral.
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