Sectores que alguna vez se
identificaron con los lineamientos del presidente Hugo Chávez y la MUD
coinciden en la necesidad de un cambio en la conducción del país; pero aunque
su objetivo es el mismo, sus diferencias se imponen frente a sus
similitudes
La renovación de poderes públicos que
prometió la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tras la consulta popular en la
que participaron 7,5 millones de personas comenzará por la designación de
nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se realizará este
viernes; sin embargo, diversos sectores reconocen que la medida podría agudizar
la tensión política del país.
Aunque representantes del chavismo
disidente y la oposición coinciden en que el Poder Judicial se encuentra
en tela de juicio, advierten que la reacción del gobierno, lejos de ser
conciliadora, podría ser un aliciente para radicalizar su postura, en medio de
una batalla en la cual la MUD tampoco piensa ceder en cuanto a sus protestas.
“El gobierno de Nicolás Maduro tiene
que preguntarse cómo se manejaría frente a nuestros poderes, que están
legitimados por más de siete millones de venezolanos, frente a los suyos que
dependerían de una Sala Constitucional nombrada de manera chimba y sin
reconocimiento ni de la gente ni la comunidad internacional”, dijo Freddy Guevara,
primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN).
La decisión, sin embargo, generó el
rechazo en la disidencia del chavismo como Nícmer Evans, politólogo y ex
dirigente de Marea Socialista, quien considera que la medida deja llano el
terreno para que en Venezuela se instale un “Estado paralelo”.
“No se pueden tomar las instituciones
por la fuerza. Este tipo de iniciativas se dan en el marco de una guerra civil
o tras una invasión extranjera”, sugirió.
Evans dejó abierta la posibilidad de
que la MUD pretenda instaurar un gobierno de corte secesionista, en caso de que
su meta no sea alcanzar una negociación con Maduro mediante presión.
Su enfoque, no obstante, no es unánime
dentro de quienes se identifican con el chavismo. Germán Ferrer, diputado a la
AN por el Bloque de la Patria y esposo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz,
sí está de acuerdo con que se cambie a los titulares del Poder Judicial.
“Considerando la opinión de la fiscal
general, que califica al actual TSJ como ilegítimo, y que eso los invalida para
tomar decisiones, la AN está, sin dudas, en potestad de elegir nuevos
magistrados”, argumentó.
¿Y si se constituyen dos TSJ?
En las filas del chavismo está
prácticamente descartado reconocer como legítimos a los magistrados nombrados
por la AN, como lo ha venido anunciando Diosdado Cabello, vicepresidente del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tanto en actos del gobierno como
en su programa televisivo Con el mazo dando.
“Es mentira que designarán a nuevos
magistrados del TSJ”, enfatizó Cabello en VTV apenas horas después de la
consulta popular que organizó la MUD.
La afirmación fue reforzada por Tarek
William Saab, quien en su posición de presidente del Consejo Moral Republicano,
exhortó junto al contralor general, Manuel Galindo, al Parlamento a frenar su
iniciativa.
"La medida violenta
los cimientos de instituciones, perturba el orden interno, usurpa
autoridades y estimula la conformación de órganos paralelos, dañando
irreparablemente a la República", leyeron en un comunicado que fue
difundido en transmisión de VTV.
En caso de que sus advertencias
terminen cumpliéndose, la posibilidad de que hubiera dos TSJ en funciones
incentivaría un clima de incertidumbre aún mayor al que sacude al país desde
hace más de 100 días, cuando estallaron manifestaciones contra el mandatario
nacional, e incluso pudiera acrecentarse si a la postre se hace lo propio con
rectores del CNE.
“Hay la posibilidad de que haya dos
Estados, pero el poder reside no quien emite un decreto o tiene las
armas, sino en el que es capaz de hacer que el pueblo lo obedezca”, explicó
Juan Andrés Mejía, diputado a la AN, al aseverar que la legitimación es la que
define al poder.
Tal escenario fue descartado por Julio
“Coco” Jiménez Gédler, de tendencia opositora pero sin ser miembro de la MUD,
quien opinó que la elección de los nuevos magistrados no solo es innegociable,
sino que responde a intereses de la gente por encima de lo político, debido a
lo expresado en la consulta popular.
“No existirán dos TSJ. Los nuevos no
pueden quedar en algo simbólico: el poder es de quien lo ejerce y no hay nada
más legítimo que un pueblo exigiendo de manera pacífica el desplazamiento de
una dictadura”, consideró.
Lo legal contra lo ilegal
Los abogados constitucionalistas José
Vicente Haro y Juan Manuel Raffalli coincidieron en que el nombramiento de
nuevos magistrados para el TSJ es legal debido a que el procedimiento para su
elección ha estado apegado a la Constitución, al contrario a como ocurrió en
diciembre de 2015, cuando el Parlamento, durante los últimos días en que estuvo
manejado por el chavismo, los juramentó.
“No reúnen los requisitos para ejercer
sus cargos, no cumplieron con los artículos 263, 254 y 256 de la Constitución y
además se deslegitimaron por actuar contra la propia Carta Magna y la Ley
Orgánica del TSJ”, recordó Haro.
Avizoró un ambiente tenso para
los próximos días, partiendo del escenario en que el gobierno los desconozca y
quiera tomar represalias en su contra, por lo que destacó la importancia del
respaldo de la ciudadanía y la propia AN.
“Podrían haber reacciones fuertes, más
represión, o incluso pudiera subir el número de presos políticos si los
amenazan con encarcelarlos (…) pero lo que habría es un TSJ que actúa ilegítimamente
ante otro que sí sea constitucional”, dijo.
Raffali, por su parte, se mostró a la
expectativa ante lo que pudiera acontecer en el transcurso de los días: “¿Los
reconocerá la Fuerza Armada? ¿Van a poder tomar posesión de sus cargos? ¿A
quién reconocerán los demás poderes públicos? Y los jueces, abogados y
ciudadanos, ¿los acatarán?”, reflexionó.
Ambos destacaron que, en caso de que
finalmente puedan despachar, en ellos debe privar una actitud meramente
ajustada a derecho, pues sería peligroso que respondieran a intereses
particulares de la MUD o alguna otra tendencia política, como consideran ocurre
actualmente.
¿La salida?
En medio de las protestas, la MUD
presentó un acuerdo para un gobierno de “Unión Nacional” con el que esperan
tomar las riendas del país si Maduro deja el poder, pero la idea, más allá del
papel, no hizo sentir incluidos a todos los sectores, pese a que insistieron en
que desean contar con quienes actualmente les disienten.
Incluso antes de la publicación del
documento, Evans ya se sentía relegado de los anuncios. “Es necesario unir
fuerzas para combatir democráticamente a Maduro y la ANC, pero debieron
incorporar a sectores sociales del chavismo”, expresó.
Julio Coco agregó que aunque la
consulta popular fue un éxito, el acuerdo es un desconocimiento a quienes han
estado en las calles, a los presos, caídos y torturados desde hace más de 100
días.
Mientras tanto, la AN intenta renovar
los poderes públicos pero la salida del gobierno de Nicolás Maduro sigue sin
concretarse y el tiempo sigue corriendo hacia el 30 de julio, cuando están
previstas las elecciones a la asamblea nacional constituyente (ANC).
Por LUIS PICO
19 DE JULIO DE 2017 07:40 PM | ACTUALIZADO EL 19 DE JULIO DE 2017 20:13 PM
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