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gobierno, a la par del incremento de la represión, ha recurrido a un
nuevo engaño, auténtico fraude a la Constitución, convocando a una
“constituyente popular”, .....
En estos años de sedicente revolución que nos ha
conducido a la más grave de todas las crisis de nuestro sufrido país, ha sido
reiterativo el recurso o el anuncio de misiones, operativos, planes y motores
con sus consiguientes decretos publicados en Gaceta Oficial, ofrecidos como la
solución de los problemas sociales que aquejan a los venezolanos y que, por
supuesto, lejos de resolverse, se han incrementado.
Ante el más justo reclamo del ciudadano común y la
protesta de todas las fuerzas vivas del país, unidos en una sola voz, que ha
reforzado y estimulado a la propia dirigencia política, por las carencias de
alimentos, de medicinas, de seguridad y del más elemental respeto por la
dignidad humana, el gobierno, a la par del incremento de la represión, ha
recurrido a un nuevo engaño, auténtico fraude a la Constitución, convocando a
una “constituyente popular”, de espaldas al propio pueblo, con el ofrecimiento
de resolver la trágica realidad del presente, producto de la ineficiencia y del
abuso de poder.
Debe quedar en claro, en primer lugar, que la
convocatoria del presidente es inconstitucional. No tiene el jefe del Ejecutivo
esa facultad, que corresponde al pueblo, “depositario del poder constituyente
originario” según reza la Constitución, en su artículo 347, por lo cual, sin
más, cabe afirmar que, sencillamente, con el decreto enviado al CNE, el
presidente usurpó la voluntad popular, la secuestró, para colocarse una vez más
sobre la carta magna, como se decía en los regímenes absolutistas, “sin
ataduras o por encima de la ley”.
El decreto emitido, por tanto, con la pretendida
convocatoria, es inconstitucional, nulo, ineficaz, verdadero exabrupto de una
constituyente convocada sin la consulta al pueblo que, necesariamente, en la
primera fase del proceso, debe expresar su decisión de “transformar el Estado,
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, como
dispone el mismo artículo 347, antes citado. Solo el pueblo tiene en sus manos
ese poder y debe expresarlo en un referendo, a los fines de que se materialice
la convocatoria.
En todo caso, lo único que le atribuye la Constitución
al presidente, en Consejo de Ministros, es la iniciativa para la convocatoria
(Art. 348), al igual que también la tiene la Asamblea Nacional, mediante
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los concejos municipales
en cabildo, mediante el voto de las dos terceras de los mismos; o el 15% de los
electores inscritos en el registro civil y electoral.
Pero, además –lo que no es menos importante–, no solo
se le pretende arrebatar al pueblo el derecho a la convocatoria constituyente,
sino que se le engaña con el ofrecimiento de una nueva Constitución como
remedio para todos los males que padecemos, producto precisamente, de la puesta
en práctica y aplicación de las políticas, lineamientos y estrategias de un “modelo
socialista” que se pretendería ahora “constitucionalizar” y que nos ha llevado
no solo a la ruina material, sino a la mayor postración y debacle moral de la
historia patria.
Venezuela, al borde del abismo, no requiere de una
nueva Constitución ni de nuevas leyes y, en un momento de crisis sin
precedente, no puede esperar por nuevas argucias y falsas promesas, siendo
impostergable un cambio en la conducción del país, cuya tragedia es
responsabilidad de hombres y no de leyes.
Sin duda, ante un problema político y no jurídico, de
verdadera emergencia popular, se imponen medidas efectivas que implican una
inequívoca rectificación en el rumbo impuesto al país, cuyo reclamo no puede
resultar ahogado por una escalada represiva sin justificación alguna, inundando
de dolor a la familia venezolana y que pone de manifiesto la exigencia
inmediata de un cese a la violencia para emprender la reconstrucción de esta
resquebrajada Venezuela.
08 de mayo de 2017
El Nacional
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